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Morena pide alto a campañas anticipadas y apunta a Galindo rumbo al 2027

El también presidente del Consejo Político Estatal de Morena en San Luis Potosí reclamó a Enrique Galindo Ceballos transparencia sobre el gasto en publicidad oficial y sostuvo que el edil se concentra en la coalición PRI-PAN. Hasta ahora no consta denuncia formal ante autoridad e

Ilustración editorial de Ruta 27 sobre financiamiento y fiscalización electoral
Ilustración editorial de Ruta 27; no representa una fotografía del acontecimiento.
EN 30 SEGUNDOS

Carlos Artemio Arreola Mallol, diputado local de Morena y presidente de su Consejo Político Estatal en San Luis Potosí, pidió frenar las campañas anticipadas de los alcaldes y reclamó al presidente municipal Enrique Galindo Ceballos 12 millones de pesos gastados en autopromoción en un mes. El choque adelanta la disputa por la sucesión de 2027 y por la eventual coalición PRI-PAN en la entidad.

El diputado local de Morena y presidente del Consejo Político Estatal de ese partido en San Luis Potosí, Carlos Artemio Arreola Mallol, pidió “poner un alto” a las campañas anticipadas de los alcaldes y apuntó al presidente municipal de la capital, Enrique Galindo Ceballos. El reclamo es doble: que el edil destina recursos públicos a su autopromoción —12 millones de pesos en un mes, según el propio legislador— y que su prioridad es consumar una coalición PRI-PAN que lo beneficie rumbo a 2027, en lugar de gobernar la ciudad.

“Una cosa es participar en un proceso interno y para eso te separas del cargo, para eso tienes un espacio particular en campaña, pero ahorita hay que terminar de administrar la ciudad, hay que terminar de gobernar porque para eso lo pusieron ahí”, planteó el diputado, que también encabeza el consejo partidista estatal. En su argumento, el alcalde se ocupa más de diferenciarse del gobernador que de atender los pendientes municipales, y mencionó como ejemplo el proyecto de luminarias del Centro Histórico, zona patrimonial donde, dijo, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) ha objetado la intervención. Exigió además que se aclare el gasto en publicidad oficial y en medios nacionales.

Lo que falta documentar

Hasta aquí lo que existe es un pronunciamiento político, no un expediente. La cifra de 12 millones de pesos es una imputación del legislador: en la información disponible no aparece el desglose de la publicidad oficial que la respalde. Tampoco consta que Arreola Mallol haya presentado una queja ante la autoridad electoral local o ante el Instituto Nacional Electoral (INE), ni que exista resolución alguna. El derecho electoral mexicano contempla los actos anticipados de precampaña y campaña, pero para pasar de la acusación pública a la sanción hacen falta denuncia, pruebas y resolución; ninguna de las tres está acreditada. Falta también la respuesta del alcalde.

La lectura política

Arreola Mallol no habla como observador neutral. Preside el Consejo Político Estatal de Morena, instancia que participa en decisiones organizativas y de alianzas, y es diputado en el Congreso local. Eso convierte el exhorto en una jugada con dos destinatarios. Hacia afuera, coloca al alcalde de la capital —el adversario mejor colocado para encabezar el bloque opositor— en el terreno del gasto público, el más incómodo para quien busca construir una candidatura desde el cargo.

Hacia adentro instala una regla: si la campaña anticipada es lo que hay que frenar, ese estándar puede invocarse después contra los propios aspirantes de Morena. No hay evidencia de que Arreola lo aplique de manera asimétrica, pero conviene registrar el alcance: la misma vara que hoy apunta al PRI y al PAN alcanzaría a cualquier precandidatura de facto de su partido. Ahí está la utilidad del lenguaje: permite deslegitimar el posicionamiento ajeno mientras la competencia propia se canaliza por los procesos internos.

Conviene precisar categorías. Lo que se observa en San Luis Potosí no es una candidatura: es posicionamiento. Una precandidatura de facto —alguien que se conduce como candidato sin registro— no equivale a una candidatura formalizada, y ninguna de las dos está declarada en este caso. Lo que el diputado intenta es mover la frontera de lo legítimo: si el otro hace campaña anticipada, el otro es el que rompe las reglas.

El otro dato con peso es la mención a la coalición PRI-PAN. Al nombrarla, Arreola no solo la critica: la trata como probable y ayuda a fijarla como el eje del 2027 potosino, con lo que eso implica para la construcción de bloques y el costo que cada partido cobrará por su lugar en la alianza. En el balance inmediato, Morena fija agenda y se presenta como el partido que reclama transparencia; el alcalde pierde margen si el reclamo sobre publicidad oficial prende; y la eventual alianza opositora carga desde ahora con el desgaste de aparecer negociándose mientras la ciudad tiene pendientes.

Qué sigue

- Si el alcalde responde y publica el desglose de gasto en publicidad oficial de la hacienda municipal. - Si Arreola Mallol o la bancada de Morena formalizan una queja ante la autoridad electoral local o el INE: ese paso convertiría la disputa en expediente con plazos y pruebas. - Si el Consejo Político Estatal de Morena emite algún acuerdo formal sobre aspirantes y tiempos internos. - La definición de la coalición PRI-PAN: su registro y el calendario electoral que la autoridad potosina deberá aprobar para 2027. - El destino del proyecto de luminarias del Centro Histórico y cualquier pronunciamiento del INAH.