Morena publicará encuestas estatales para atajar su disputa interna rumbo a 2027

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, anunció que el partido hará públicos los resultados de las encuestas con las que definió las coordinaciones estatales de defensa de la transformación en 17 entidades, con representantes de las agencias encuestadoras presentes. El anuncio, hecho en entrevista con El Heraldo Televisión, convierte a la encuesta —hasta ahora un mecanismo interno sin papeles públicos— en el instrumento con el que la dirigencia pretende zanjar quién encabeza cada estado rumbo al proceso electoral 2026-2027.

Montiel dijo que la información ya se compartió con los aspirantes participantes y que el fin es transparentar la mecánica y explicar por qué se eligió a cada perfil. Ahí está la parte incómoda: según versiones de la propia dirigencia recogidas ese mismo 22 de septiembre, diez coordinaciones ya estaban resueltas y siete seguían pendientes, sin fecha de anuncio. La publicación prometida abarca lo ya definido y lo que falta, lo que la vuelve en parte una legitimación retrospectiva.

Un método que también opera como candado

El punto más filoso no es la transparencia, sino su alcance. Montiel descartó nuevos sondeos para medir a aspirantes del Partido del Trabajo (PT) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), y precisó que las encuestas se publicarán después de dar a conocer a todos los coordinadores. En la práctica, publicar el método equivale a blindarlo: si el sondeo se vuelve documento público, la dirigencia gana un argumento para rechazar demandas de repetición, porque repetir el ejercicio sería admitir que la primera medición no bastó.

La presidenta de Morena cuidó el otro flanco: reiteró que insistirá en la coalición con PT y PVEM pese a las diferencias por los nombramientos de coordinadores, y mencionó que la mesa de coalición, coordinada por Citlali Hernández, mantiene comunicación permanente con los aliados. Endurecer el método hacia adentro sin romper la alianza hacia afuera.

La lectura política

La figura de coordinador estatal de defensa de la transformación no es un cargo interno cualquiera. En la práctica funciona como una precandidatura de facto: es la posición desde la que se construye la candidatura que después se registra. El límite legal sigue intacto: no hay candidatura formal ni registro, y las encuestas internas no sustituyen las etapas del proceso electoral ordinario.

Con ese marco, el anuncio responde a tres incentivos. Primero, cambiar el lenguaje del dedazo por el lenguaje técnico: si el resultado se explica por muestra y margen de error, la queja del perdedor deja de ser "no me eligieron" y pasa a ser "impugno la metodología". Segundo, desactivar el desgaste de las siete definiciones pendientes, donde el suspenso es lo que más cuesta. Tercero, fijar la regla antes de la negociación con los aliados, que se quedan sin sondeos propios cuando el reparto esté cerrado.

Para los aspirantes no favorecidos, la transparencia no devuelve la posición, pero les da un expediente para reclamar espacios compensatorios. Para la dirigencia, el costo es que concentra en la encuesta la responsabilidad de cada derrota. Y para 2027, la señal es de ordenamiento: llegar al arranque formal del proceso con cuadros ya instalados en los estados.

Qué sigue

Falta lo esencial: la fecha. La dirigencia no ha fijado día para publicar los resultados de las siete entidades pendientes, entre ellas Baja California Sur. Cuando ocurra, el elemento verificable será el paquete completo —cuestionario, muestra, margen de error y periodo de levantamiento—; sin esos datos, la presencia de las agencias será un acto público, no una metodología auditable. Queda por ver si los aspirantes no favorecidos aceptan el resultado o escalan por las instancias internas, y cómo se resuelve la mesa de coalición con PT y PVEM, cuyos dirigentes ya plantearon diferencias.