Morena, PVEM y PT acuerdan alianza 2027; San Luis Potosí, la excepción

El secretario general de Morena en Puebla, Agustín Guerrero Castillo, dio a conocer el 12 de octubre que Morena, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT) acordaron “alianzas flexibles” para 2027: irán juntos en 16 de las 17 gubernaturas en juego y en los 300 distritos federales, con San Luis Potosí como única entidad donde competirán separados. El dato importa menos por el calendario que por el reparto: el bloque gobernante empieza a fijar cuotas de candidaturas antes de que arranquen los procesos internos.

En entrevista, Guerrero sostuvo que el criterio “se aprobó en el pasado Consejo Nacional” y que en los 300 distritos se instalará una mesa para revisar dónde habrá alianza y dónde “enfrentamiento entre aliados”. En Puebla la coalición cubre los 16 distritos federales —11 para Morena, tres para el Verde y dos para el PT—, con Fuerza X México y Nueva Alianza sumados al acuerdo. Faltan por definir 26 distritos locales y 217 municipios. La revisión de los distritos federales concluye el 18 de octubre, según su dicho.

La ingeniería del 3%

Guerrero describió la lógica sin rodeos: “hay un elemento que es prioridad para nuestros aliados: mantener el 3% de votación y conservar el registro”. Como el registro nacional de los partidos se juega en la votación de diputaciones federales, el Verde y el PT pelean los distritos donde son competitivos. El PT tiene los distritos 11 y 12, al sur de la capital poblana, y está por verse si conserva esas candidaturas o las mueve al interior del estado. Sobre esa mesa se apilan unos 20 mil aspirantes para 2 mil cargos municipales en 30 estados con elección local, según su cálculo. La Comisión Nacional de Elecciones hace la “ingeniería electoral”; la de Honestidad y Justicia vigila a los aspirantes.

Su tramo más político no fue el reparto, sino la queja. Recordó que en 2021 el PT postuló a Mauricio Toledo —quien después se fugó a Chile con ficha roja de Interpol, según su versión— y ganó con votos de Morena, y citó el caso de Juan Lira Maldonado, aspirante a edil de Chignahuapan que está preso. Concluyó que “en la alianza no tenemos derecho de veto” y que “ahora sí debemos tener ese derecho para evitar registros”.

La lectura política

Lo acordado es, por ahora, un criterio político y no una coalición. Ninguna de las tres dirigencias nacionales lo confirmó en el material disponible, y “alianza flexible” no es una figura del derecho electoral: ante el Instituto Nacional Electoral (INE) lo que se registra son coaliciones totales o parciales, con plazos y requisitos propios. No hay candidaturas registradas ni precandidaturas formales. Y como el propio esquema admite enfrentamientos entre aliados en algunos distritos, funciona más como mecanismo para administrar la competencia interna del bloque que como fusión electoral.

Los incentivos difieren en cada lado. El Verde y el PT defienden su supervivencia: sin distritos competitivos ni 3% en diputaciones federales pierden registro y, con él, capacidad de negociación. Morena gana coordinación del voto y paga con espacios que sus propios cuadros consideran suyos. La mesa de los 300 distritos opera, en la práctica, como una aduana: territorio a cambio de disciplina.

San Luis Potosí marca el límite del arreglo. El anuncio no ofrece la razón y, sin el documento del acuerdo ni la versión de las otras dos fuerzas, no hay base para atribuirla a una disputa local, a un cálculo propio de alguno de los socios o a un conflicto de liderazgos. La exigencia del veto apunta al mismo sitio: un dirigente estatal posicionando una condición de su partido frente a sus aliados y frente a la Comisión Nacional de Elecciones, que es donde se resolverá.

Qué sigue

El 18 de octubre cierra la revisión de los 300 distritos federales, según Guerrero; después vienen los 26 distritos locales y los 217 municipios de Puebla. El paso decisivo sigue pendiente: ningún convenio de coalición surte efectos hasta registrarse ante el INE en los plazos del calendario 2027. Hasta entonces, lo que existe es una política de alianzas en construcción y una negociación por el 3% que definirá cuánto poder conservan los socios pequeños del bloque.