RUTA 27 · MEDIUM
Mujeres Morena articula red nacional para blindar derechos políticos en 2027
La colectiva, con presencia en 28 estados, busca sanciones homologadas al feminicidio y protección frente a la violencia electoral. Su reclamo de paridad apunta primero hacia adentro del bloque gobernante.
El Colectivo Mujeres Morena República reunió a alcaldesas, diputadas y militantes en Playas de Rosarito para impulsar dos causas: sanciones homologadas al feminicidio en todo el país y protección de los derechos políticos de las mujeres ante el proceso electoral de 2027. La red, con presencia en 28 estados, también presiona por paridad real dentro de sus propios espacios.
Playas de Rosarito, Baja California. El Colectivo Mujeres Morena República activó el 26 de septiembre una agenda nacional con dos objetivos que apuntan al calendario electoral de 2027: homologar en todo el país la sanción del feminicidio y blindar los derechos políticos de las mujeres frente a lo que sus integrantes anticipan como una campaña especialmente agresiva contra quienes ocupan cargos de decisión. La cita en el municipio costero sirvió para fijar la ruta que la red llevará a los congresos y, también, a la competencia interna de los partidos.
Guadalupe Juárez, comisionada política nacional de la colectiva, describió el escenario sin matices: “Empieza una campaña profundamente violenta contra nosotras las mujeres en la vida política; no nos van a regresar a los hogares y sostenemos como un solo grito: si tocan a una, nos tocan a todas”. Juárez situó la fuerza de la organización en su extensión —militantes en 28 estados— y en una articulación territorial pensada para que los ataques no frenen el avance de las mujeres en los espacios de toma de decisiones.
El encuentro conmemoró una década de esta red. La anfitriona, la alcaldesa de Playas de Rosarito, Rocío Adame Muñoz, puso el acento en lo local: gabinetes con “paridad real” y políticas que demuestren que las mujeres llegan a los cargos por capacidad. La diputada local Evelyn Sánchez pidió que las reformas de Baja California contemplen a comunidades indígenas, afromexicanas y migrantes, y ligó la equidad a la redistribución del cuidado. La diputada federal Anaís Burgos confirmó que se discute una ley para sancionar y prevenir el feminicidio con criterios homologados, para que la sanción no dependa del estado donde se viva.
De la calle al Congreso
La agenda avanza en dos velocidades. La territorial es continua: capacitación de jóvenes y mujeres en colonias de Tijuana, Ensenada, Mexicali y Rosarito. La legislativa corre a otro ritmo y con menos precisión pública: el registro disponible no incluye número de iniciativa, comisiones dictaminadoras ni fecha de votación.
La lectura política
El nombre invoca a Morena, pero lo disponible no acredita que la colectiva sea un órgano estatutario del partido. En la práctica funciona como una red de cuadros femeninos con presencia en 28 estados, y ese tipo de estructura —que forma, filtra y moviliza— es un activo que gana valor cuando se reparten candidaturas. Rumbo a 2027, una red con una década de trabajo territorial puede operar como instancia de validación de nombres, no solo como espacio de formación.
Los reclamos apuntan hacia adentro. Cuando una alcaldesa del propio movimiento exige paridad real en gabinetes y una diputada federal del mismo partido anuncia que la ley sigue en discusión, no se interpela a la oposición: se mide la disposición del bloque a ceder espacios. Para la dirigencia, la red ordena lealtades y permite tomar temperatura a sus cuadros; para las mujeres que la integran, es plataforma de posicionamiento y mecanismo de presión. La consigna de Juárez envía a aliados y adversarios la misma señal: el costo de atacar a una candidata se cobrará en bloque.
Precisión de límites: no hay candidatura registrada, ni precandidatura formal, ni proceso interno en curso; lo que existe es posicionamiento y construcción de estructura. Tampoco hay evidencia, en el registro consultado, de financiamiento, de coordinación formal con la dirigencia nacional ni de un documento programático cerrado. Y el “blindaje” de derechos políticos ya tiene marco legal —el paquete de reformas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género de 2020—, de modo que lo que se exige tiene menos que ver con crear la norma que con hacerla cumplir.
Qué sigue
El paso verificable está en el Congreso de la Unión: si la discusión sobre la homologación penal del feminicidio se traduce en dictamen y calendario de votación o se queda en pronunciamiento. También habrá que ver si la colectiva publica una propuesta formal, si las legisladoras presentes registran iniciativas propias y si la red se sostiene como frente autónomo o se absorbe en la estructura partidista. Baja California, con gubernatura y congreso local en juego en 2027, será el primer laboratorio para saber si la agenda se convierte en candidaturas o se queda en declaración.