Nacionalidad única aplicará hasta 2028, pero el filtro ético ya apunta a 2027

Los presidentes de las comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Primera del Senado, Óscar Cantón Zetina y Manuel Huerta Ladrón de Guevara, dijeron en voz alta lo que el régimen transitorio ya dice por escrito: la reforma de nacionalidad mexicana única no tocará las elecciones de 2027. Y en la misma intervención pidieron a los aspirantes de la Cuarta Transformación acatarla igual, "como un compromiso ético". El trámite parece menor; la petición no. Extiende a 2027, por vía informal, una regla cuya vigencia legal arranca en 2028.

El texto reforma los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución. Quien aspire a la Presidencia de la República, a una gubernatura o a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México no podrá tener otra nacionalidad al momento de solicitar su registro; si la tiene, deberá renunciar a ella antes. Durante el mandato no podrá adquirir ni solicitar una segunda nacionalidad, invocar ante autoridades extranjeras una nacionalidad distinta de la mexicana, usar pasaportes o documentos de identidad expedidos por otro Estado, ejercer derechos políticos derivados de una ciudadanía extranjera ni acogerse a la protección diplomática de otro país. La Cámara de Diputados la aprobó primero; el Senado la avaló después. La iniciativa la presentó en agosto la presidenta Claudia Sheinbaum.

El caso que volvió urgente la discusión

El debate dejó de ser teórico con Jasmine Bugarín, senadora con licencia del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y designada coordinadora de la Transformación en Nayarit, quien nació en Estados Unidos y cuenta con doble nacionalidad. Bugarín informó que desde hace años inició ante la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) los trámites para renunciar a la ciudadanía estadounidense y manifestó su disposición a concluirlos. Huerta fue explícito: la reforma no puede aplicarse al proceso de 2027 por las disposiciones constitucionales sobre cambios a las reglas electorales, pero quienes aspiren a gubernaturas el año próximo deberían asumir el requisito como compromiso ético dentro de su partido.

La lectura política

La figura del "compromiso ético" cumple una función que la norma todavía no puede cumplir: operar como filtro anticipado de elegibilidad dentro de la coalición gobernante. No es una candidatura ni un requisito legal. Es una regla informal que la dirigencia puede invocar sin abrir expediente, sin plazo y sin garantía procesal para el señalado. Su fuerza depende de que se aplique pareja; su debilidad es la misma, porque al no estar escrita puede activarse de forma selectiva.

Ahí está el primer incentivo. Para el oficialismo, convertir la reforma en estándar de conducta permite ordenar la selección de 2027 sin tocar el calendario electoral ni exponerse a litigios: la elegibilidad se resuelve en casa, no en tribunales. Para los aspirantes, renunciar a una segunda nacionalidad es un costo personal verificable y, al mismo tiempo, una credencial de disciplina. Quien se niegue no incumple la ley, pero se coloca en un lugar incómodo frente a quien reparte las candidaturas.

El caso de Bugarín ilustra la distancia entre el nombre formal de una figura y su función real. "Coordinadora de la Transformación" no es un cargo del que dependa jurídicamente una candidatura; en la práctica, ese tipo de designación suele colocar a quien la recibe en posición de aspirante y funciona como precandidatura de facto si el proceso interno apunta a la gubernatura. El límite debe decirse con precisión: no hay candidatura registrada, no hay convocatoria ni proceso formalizado, y el trámite de renuncia está, por declaración propia, en curso y no concluido.

Qué sigue

Tres verificaciones ordenan lo que viene. La primera es la conclusión del trámite de Bugarín ante la SRE: mientras no cierre, el caso seguirá funcionando como termómetro de qué tan exigible es el compromiso. La segunda es la ruta formal de la reforma —declaratoria, publicación y vigencia—, que marca el arranque del reloj hacia 2028.

La tercera es la decisiva: si los partidos, en particular Morena y sus aliados, escriben el requisito de nacionalidad única en sus convocatorias de selección para 2027. Ese documento, y no una declaración, sería la prueba de que el estándar es exigible. Mientras no exista, el compromiso ético queda a discreción de la dirigencia. Falta también saber qué ocurre si alguien decide no acatarlo: hoy no hay consecuencia prevista, y esa ausencia de regla es, en sí misma, el dato político.