Nacionalidad única no aplica en 2027; la disputa se aplaza a 2028

La exigencia de nacionalidad mexicana única para ocupar la Presidencia, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México no tocará la boleta de 2027. La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde Luján, precisó el 1 de octubre de 2026 que el régimen transitorio de la reforma constitucional fija su aplicación formal en el proceso electoral de 2028, porque —argumentó— no es posible modificar reglas con efectos sobre un proceso que ya está en curso.

No es un detalle de técnica legislativa. La enmienda a los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución ya pasó el Congreso federal —el Senado la aprobó con 86 votos del bloque oficialista frente a 42 de la oposición— y cuenta con la ratificación de 20 congresos estatales. Sin embargo, en 2027 se renuevan los 500 escaños de la Cámara de Diputados y 17 gubernaturas, además de más de mil diputaciones locales y más de 2 mil 200 ayuntamientos. El año en que la reforma se procesó quedará, por decisión de su propio transitorio, fuera de su alcance.

Cuando la regla entre en vigor, quien aspire a esos cargos deberá renunciar expresamente a cualquier otra nacionalidad antes de formalizar su registro. El texto también veta el uso de pasaportes o documentos de identidad extranjeros, el ejercicio de derechos políticos fuera de México y el recurso a la protección diplomática de otro gobierno. Alcalde Luján recordó que el artículo 30 constitucional reconoce como mexicanos por nacimiento tanto a quienes nacen en territorio nacional como a los hijos de padres mexicanos nacidos en el extranjero: el filtro no discute el origen, sino la nacionalidad adicional que se conserva.

Lo que cambia y lo que no

El mismo día, la consejera jurídica informó que la senadora con licencia Jasmine Bugarín renunció a su doble nacionalidad desde 2018, según datos de la Secretaría de Relaciones Exteriores. El dato se dio en medio del proceso interno de Morena rumbo a la gubernatura de Nayarit, donde Bugarín fue designada coordinadora estatal. Esa designación no equivale a una candidatura registrada ni a un cargo partidista con efectos electorales directos, pero en la práctica funciona como una precandidatura de facto: ordena el trabajo territorial, mide lealtades internas y coloca a quien la recibe en posición de salida.

La lectura política

El transitorio opera como una válvula de escape para la coalición gobernante. Aplicar el requisito en 2027 habría metido la revisión de pasaportes en plena selección de 17 candidaturas a gubernatura, muchas de ellas definidas por encuestas y acuerdos internos. El costo político lo habría pagado quien controla el proceso: impugnaciones, expedientes revisados y una conversación pública incómoda sobre qué aspirante conserva otro pasaporte. El aplazamiento desactiva ese frente sin ceder el fondo de la reforma.

El segundo efecto es trasladar el filtro a 2028, cuando se renueva la Presidencia. Ahí la nacionalidad única deja de ser un trámite y se vuelve una señal: cada aspirante tendrá que hacer un acto público de deslinde antes del registro. No es todavía una candidatura ni una precandidatura, pero sí un requisito que ordena el campo y obliga a los interesados a moverse con anticipación.

La oposición no gana con el aplazamiento. Pierde una bandera aplicable a la boleta de 2027; sus 42 votos en el Senado quedaron como registro de un desacuerdo —que la medida restringe derechos políticos de la población migrante— sin efecto práctico en los comicios inmediatos. Y el límite del anuncio es claro: falta la legislación secundaria que defina el procedimiento de renuncia, y el propio texto remite a su publicación en el Diario Oficial de la Federación antes de que los congresos locales tengan 90 días naturales para adaptar constituciones y leyes electorales. Sin esas piezas, lo presentado es un calendario, no una regla operable.

Qué sigue

La publicación de la reforma en el Diario Oficial de la Federación y, después, el reloj de 90 días naturales para los congresos estatales. En paralelo deberá aprobarse la legislación secundaria que fije reglas y procedimientos para renunciar a otra nacionalidad.

Mientras eso ocurre, el calendario 2027 correrá sin el filtro: los registros de candidaturas a las 17 gubernaturas, a la Cámara de Diputados y a los congresos locales se resolverán con la ley vigente. Si algún aspirante con doble nacionalidad busca competir el año próximo, serán el Instituto Nacional Electoral (INE) y los organismos públicos locales quienes deban resolverlo. La pregunta a vigilar no está en 2027, sino en 2028: quién renuncia a tiempo y quién convierte esa renuncia en el primer acto de campaña.

Actualización

El hecho nuevo confirma y detalla la aclaración de Luisa María Alcalde de que la reforma de doble nacionalidad se aplica en 2028, especificando el mecanismo (artículo transitorio) y la fecha exacta de la precisión (1 de octubre de 2026). Leer el nuevo desarrollo.