Nacionalidad única no tocará 2027: Alcalde fija su entrada en 2028

La reforma constitucional que exige nacionalidad mexicana única a quien aspire a la Presidencia, a una gubernatura o a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México no se aplicará en las elecciones de 2027. La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, precisó el 1 de octubre de 2026 que el régimen transitorio reserva las nuevas disposiciones para los procesos electorales de 2028, porque el de 2027 ya está en marcha y no pueden cambiarse ahora sus reglas fundamentales.

La aclaración llega cuando el texto está a un paso de la Constitución. La reforma —que modifica los artículos 82, 116 y 122— reúne el respaldo de al menos 20 congresos locales, tres más de los 17 que exige el Constituyente Permanente, y el Senado la aprobó el 29 de septiembre con 86 votos a favor y 42 en contra. Morena, PVEM y PT la respaldaron; PAN, PRI y Movimiento Ciudadano votaron en contra y sostuvieron que una segunda nacionalidad no implica menor lealtad al país.

El alcance va más allá de la elegibilidad. Quien tenga otra nacionalidad deberá renunciar formalmente a ella antes de solicitar el registro de su candidatura, y durante el ejercicio del cargo no podrá adquirir o solicitar otra nacionalidad, usar documentos de identidad de otro Estado, ejercer derechos políticos derivados de esa ciudadanía ni recurrir a la protección diplomática de un gobierno extranjero.

El argumento de calendario es el que fija la consecuencia práctica: el proceso electoral de 2027 arrancó formalmente el 10 de septiembre de 2026 y, con él en curso, las reglas de elegibilidad no se mueven. La precisión apareció en medio del caso de Jasmine Bugarín, coordinadora de la 4T en Nayarit, posición que la coloca en la ruta de una posible candidatura a la gubernatura en 2027. Alcalde dio a entender ese mismo día que su caso no queda atrapado por la nueva exigencia, porque renunció a la nacionalidad estadounidense en 2018 y porque la reforma operará hasta 2028.

La lectura política

El transitorio no es un detalle de técnica legislativa: separa un cambio constitucional de efecto simbólico duradero de un calendario que ya no admite movimientos. En la práctica, la reforma funciona como una regla pensada para la sucesión presidencial de 2028, no como un filtro de las 17 gubernaturas que se disputarán el año próximo. Eso da margen a las coaliciones que hoy tienen perfiles con doble nacionalidad o trayectorias binacionales, y se lo quita a quienes esperaban que el requisito operara de inmediato como barrera contra rivales concretos, propios o ajenos.

La distinción importa. Bugarín es coordinadora estatal y aspirante posicionada; no es candidata. Una coordinación o una responsabilidad organizativa puede funcionar en los hechos como antesala de una candidatura, pero la elegibilidad se define al registro, no en una conferencia. La explicación de Alcalde es interpretación de gobierno sobre el transitorio, no resolución de autoridad electoral, y no consta aún un criterio sobre cómo se acreditará la renuncia a otra nacionalidad. El precedente invocado tampoco es nuevo: la ley electoral mexicana prohíbe alterar reglas esenciales con el proceso ya iniciado, y el transitorio se alinea con ese principio.

Qué sigue

Falta cerrar el procedimiento: la declaratoria del Constituyente Permanente, el envío del decreto al Ejecutivo y su publicación en el Diario Oficial de la Federación. En 2027, la prueba real serán los registros de candidaturas en los 17 estados, donde cualquier doble nacionalidad seguirá rigiéndose por las reglas vigentes. La primera aplicación del requisito llegará con el proceso de 2028, y ahí sí se medirá si el filtro cambia el perfil de quienes buscan gobernar.