Nacionalidad única: reforma aplica hasta 2028 y deja intacta la elección de 2027

La reforma constitucional que exige nacionalidad única mexicana a quienes aspiren a la Presidencia, a una gubernatura o a la Jefatura de Gobierno no tendrá efecto en las elecciones intermedias de 2027. Luisa María Alcalde Luján, consejera jurídica de la Presidencia, lo dijo así en la conferencia matutina del 1 de octubre de 2026 y con eso atendió la duda que había empezado a circular en el arranque del proceso electoral: si el nuevo candado alcanzaría a quienes buscan competir el año próximo.

La precisión no es menor porque toca el requisito más sensible de una candidatura: quién puede aparecer en la boleta. Alcalde leyó el artículo 116 de la Constitución, que fija para gobernador o gobernadora ser mexicano por nacimiento, nativo de la entidad y con residencia efectiva de cinco años, y recordó el artículo 30, que define cómo se adquiere la nacionalidad. Después ubicó la reforma aprobada por ambas cámaras del Congreso y ya respaldada por 20 congresos locales, que añade la restricción expresa de nacionalidad única para esos cargos, y leyó el transitorio que fija su entrada en vigor: “lo dispuesto en este decreto será aplicable a partir del proceso electoral correspondiente al 2028”. Su explicación fue de calendario legislativo: “ya no estamos en fechas para poder hacer modificaciones legales que apliquen para este proceso electoral”.

De la pregunta por Nayarit al transitorio

El detonante de la aclaración fue concreto. La senadora con licencia Jasmine María Bugarín, designada coordinadora de la defensa de la transformación en Nayarit, quedó en el centro de la conversación por su doble nacionalidad. Alcalde informó que la Secretaría de Relaciones Exteriores reportó que Bugarín renunció a ella desde 2018, en el trámite que existe actualmente, y subrayó que lo hizo aunque la reforma no le fuera aplicable.

Queda un pendiente reconocido por la propia consejera jurídica: falta aprobar la ley que establezca las reglas nuevas una vez vigente la disposición constitucional. Es decir, el requisito existe en el texto constitucional, pero aún no está definido el procedimiento con el que se acreditará.

La lectura política

La aclaración funciona, en la práctica, como un desactivador de incertidumbre. Si el transitorio se hubiera leído de otro modo, cualquier aspirante con doble nacionalidad habría quedado expuesto no solo a la exclusión, sino a una impugnación capaz de arrastrar la definición de candidaturas en varios estados. Al fijar la entrada en vigor en 2028, el mensaje desde Palacio Nacional es que las reglas de elegibilidad de 2027 son las que ya están escritas y que nadie tendrá que acreditar nacionalidad única para competir el año próximo.

El movimiento también envía una señal hacia dentro. La reforma sí ordenará el proceso presidencial de 2028, donde el requisito operará como filtro de entrada a la sucesión. El costo de aplazarla es que ese filtro no toca el proceso intermedio, justo donde se definirán quince gubernaturas y donde los equilibrios internos de cada fuerza están en juego.

En el caso de Bugarín conviene distinguir con cuidado las figuras. Su nombramiento como coordinadora de la defensa de la transformación no equivale a una candidatura registrada, ni a una precandidatura en el sentido que el calendario del Instituto Nacional Electoral (INE) dará a esa etapa. Funciona, eso sí, como una posición de referencia estatal que la coloca en el proceso interno rumbo a la gubernatura de Nayarit en 2027. Es un posicionamiento, con vocación de candidatura, todavía sin acto formal. El dato de la renuncia de 2018 cumple ahí una función adicional: retira el argumento de elegibilidad incluso en el escenario de una lectura distinta del transitorio.

Lo que la evidencia disponible no permite sostener es que la aclaración se haya diseñado para beneficiar a una persona determinada, ni que existan otros aspirantes con doble nacionalidad en la ruta de 2027. Ese dato no está público y, sin la ley reglamentaria, tampoco hay mecanismo definido para verificarlo.

Qué sigue

El primer paso verificable es la ley secundaria que precise cómo se acredita la nacionalidad única y con qué documentos. En paralelo, la reforma constitucional sigue su ruta de cierre formal y los congresos locales continúan sumando aprobaciones a las 20 ya reportadas. Después viene el calendario: el INE y los organismos públicos locales deben definir en los próximos meses las etapas del proceso de 2027, incluidos los plazos de registro de candidaturas. En Nayarit, la definición del proceso interno de Morena será el primer lugar donde se mida si la aclaración despejó el terreno o si la discusión sobre nacionalidad regresa por otra vía.