Noboa pide licencia para campaña en Ecuador y sacude la carrera local

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció este viernes que solicitará una licencia de al menos siete días, con posibilidad de extenderse hasta quince, para participar activamente en la campaña electoral de los comicios locales del próximo 29 de noviembre. La decisión, confirmada en una entrevista con la radio FM Mundo, implica que el jefe de Estado se apartará temporalmente del cargo para respaldar a los candidatos de su movimiento, Acción Democrática Nacional (ADN), en una contienda que definirá 23 prefecturas, 222 alcaldías y más de 1.300 concejalías urbanas y rurales, además de los siete integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

La licencia presidencial para hacer campaña no es inédita en Ecuador, pero ocurre en un contexto excepcional: el principal partido opositor, Revolución Ciudadana (RC), está suspendido y no podrá competir. La agrupación liderada por el expresidente Rafael Correa (2007-2017) enfrenta una investigación judicial por la financiación de la campaña presidencial de 2023, lo que ha derivado en la prisión preventiva de la excandidata Luisa González, quien se declara víctima de una "persecución política". Aunque algunos políticos correístas han logrado postularse bajo otras siglas, la ausencia de la maquinaria de RC reconfigura el tablero electoral y otorga a ADN una ventaja estructural que Noboa busca capitalizar con su presencia directa en la campaña.

El mandatario justificó su participación al señalar que su movimiento cuenta con "grandes candidatos" con propuestas claras en agua, alcantarillado, iluminación, seguridad e infraestructura. Pero fue más allá al vincular a gobiernos locales con el crimen organizado: "Grandes narcos están de la mano de alcaldes, de prefectos. Grandes narcos o mineros ilegales están impulsando candidaturas", afirmó, y sostuvo que esas redes lavan dinero en municipios y prefecturas. Sus declaraciones se producen en el marco de una investigación de la DEA que esta semana derivó en la detención en Ecuador de tres hombres, entre ellos Jacobo Bucaram Pulley, hijo del expresidente Abdalá Bucaram, y en Panamá del exalcalde de Manta Jaime Estrada Bonilla y su hijo, exasambleísta del correísmo. La Fiscalía estadounidense sostiene que los Estrada habrían introducido cocaína oculta en envíos de productos del mar en colaboración con organizaciones criminales como Los Choneros y Los Lobos.

La lectura

El adelanto de los comicios, inicialmente previstos para febrero de 2027, fue decidido ante el riesgo de que las fuertes lluvias asociadas al fenómeno de El Niño afectaran la jornada electoral. Ese cambio de calendario, sumado a la suspensión de RC, ha concentrado la atención en la capacidad de Noboa para traducir su popularidad nacional en votos locales. La licencia presidencial es, en los hechos, una apuesta por nacionalizar una elección subnacional y convertirla en un plebiscito sobre su gestión.

Para México y América Latina, el caso ecuatoriano ilustra una tendencia regional: la creciente tensión entre gobiernos centrales y poderes locales en contextos de expansión del crimen organizado. La advertencia de Noboa sobre la infiltración narco en municipios y prefecturas resuena con debates similares en México, donde la violencia electoral y la penetración del crimen en gobiernos locales son temas centrales. Además, la suspensión de un partido opositor mayoritario plantea interrogantes sobre la calidad democrática de los procesos electorales en la región, un asunto que observadores internacionales suelen seguir con atención.

Qué sigue

Noboa deberá formalizar su solicitud de licencia ante la Asamblea Nacional o el organismo correspondiente, y se espera que en los próximos días se conozca el mecanismo exacto de su ausencia temporal. La campaña entrará en su fase decisiva con el oficialismo volcado en el territorio y una oposición fragmentada. El resultado del 29 de noviembre medirá no solo la fuerza de ADN, sino también el costo político de la suspensión de RC y el impacto de las acusaciones de narcotráfico en la contienda. La incertidumbre persiste sobre si la licencia será suficiente para inclinar la balanza o si, por el contrario, la ausencia del correísmo restará legitimidad a los comicios ante sectores que denuncian persecución política.