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Ocho de cada 10 ven corrupción en partidos y la desconfianza llega a 2027
La Red por la Rendición de Cuentas convocó a revisar los riesgos del proceso electoral de 2027 con la encuesta del INEGI en la mano; Mauricio Merino advierte un sistema electoral “muy, muy maltrecho”.
El INEGI midió en su encuesta 2025 que 83.9% de la población ve corrupción frecuente en los partidos políticos y que sólo 23.9% confía en ellos. La desconfianza también toca a las instituciones electorales: 59.9% percibe corrupción. La Red por la Rendición de Cuentas usó el dato para abrir el diagnóstico del proceso de 2027 con un seminario el 15 de octubre.
Ocho de cada diez personas en México consideran frecuente la corrupción en los partidos políticos y sólo 23.9% confía en ellos, según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). El dato, difundido el 25 de septiembre, llegó al debate público por la Red por la Rendición de Cuentas (RRC), que lo incorporó a su diagnóstico sobre los riesgos del proceso electoral de 2027: la desconfianza no sólo golpea a los partidos, también alcanza a las instituciones que organizan y arbitran la contienda.
El diagnóstico reúne tres cifras. El 59.9% de la población percibe corrupción frecuente en las instituciones electorales, aunque 48.1% dice tenerles mucha o alguna confianza. El costo de la corrupción en trámites, pagos y contactos con autoridades ascendió a 17 mil 707 millones de pesos en 2025, 48.7% más que en 2023. Y el partido, el actor peor calificado del mapa, sigue siendo el único vehículo legal para llegar a un cargo de elección popular.
El dato que mide, y el que no
Dos precisiones. La ENCIG registra percepción social y experiencia declarada: no acredita hechos de corrupción, no distingue entre partidos ni permite imputar conductas a un dirigente concreto. Las dos cifras sobre los órganos electorales tampoco se cancelan entre sí: casi seis de cada diez sospechan de ellos y casi la mitad confía, una relación ambivalente que puede convivir en el mismo electorado.
Mauricio Merino Huerta, exconsejero del Instituto Federal Electoral (IFE) y académico de la Universidad de Guadalajara, advirtió que el país llega a la contienda de 2027 con un sistema electoral “muy, muy maltrecho”. Enumeró entre los riesgos el adelanto de las actividades partidistas, la posible intervención del crimen organizado, el ingreso de recursos ilícitos y la actuación de las autoridades encargadas de garantizar una competencia equitativa. Su advertencia central desplaza el foco: “el intercambio es por puestos públicos, presupuestos, contratos, privilegios que se van otorgando después en los gobiernos”.
La lectura política
La RRC no fiscaliza ni sanciona: convoca. Su movimiento es de agenda —tomar un dato oficial y volverlo el marco con el que se podrá juzgar 2027—, y su límite es el mismo de toda organización civil. La consecuencia electoral es doble.
Primero, los partidos pierden legitimidad, no capacidad. Conservan el monopolio legal de la postulación y con él la llave de las candidaturas, pero llegan a la contienda sin autoridad para descalificar al adversario por ilegalidad. En un electorado que desconfía del intermediario, gana terreno quien pueda presentarse como ajeno al sistema, tenga o no un partido detrás.
Segundo, la advertencia de Merino pone a las autoridades electorales ante una tarea que no está en su manual. El gasto de campaña se audita; los nombramientos, contratos y presupuestos que se reparten después de la jornada, en general no. Si el pago de la corrupción electoral ocurre en el gobierno, la vigilancia tendría que llegar a actos que hoy quedan fuera de la competencia electoral.
Hay un tercer efecto, sobre el árbitro. Una autoridad electoral percibida como corrupta por la mayoría, pero todavía confiable para casi la mitad, entra a 2027 con poco margen: sus resoluciones serán leídas con sospecha por quien pierda, y la sospecha es materia prima de cualquier impugnación. Lo que falta es concreto: no hay aún propuesta legislativa, metodología de observación ni compromiso de partidos derivado de este diagnóstico.
Qué sigue
El 15 de octubre, la RRC realizará su XV Seminario, “Las amenazas de la corrupción en el proceso electoral”, en el CUCEA de la Universidad de Guadalajara, con especialistas, organizaciones civiles y autoridades, para discutir propuestas de prevención y vigilancia ciudadana. De ahí puede salir algo verificable: mecanismos de observación, criterios de fiscalización o una agenda dirigida al INE y a los organismos locales. También importa si algún partido o aspirante adopta el tema antes del arranque formal de 2027. Hasta entonces, lo firme es percepción, no acreditación de hechos.