Oficialismo alista filtro de nacionalidad única para Ejecutivos rumbo a 2027

El bloque oficialista en la Cámara de Diputados —Morena, Partido Verde Ecologista de México y Partido del Trabajo— alista 364 votos para aprobar este martes, en el pleno, la reforma constitucional que obliga a renunciar a cualquier nacionalidad distinta de la mexicana antes de solicitar el registro como candidato a presidente de la República, gobernador o jefe de Gobierno de la Ciudad de México. Los números alcanzan: la mayoría calificada exige dos tercios del pleno, es decir 334 de 500 diputados. La reforma, sin embargo, no termina ahí: por tratarse de una modificación constitucional deberá pasar por el Senado y por al menos 16 congresos locales.

El dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales retoma la iniciativa presidencial y concentra el nuevo requisito en quienes encabezan Ejecutivos. Quien aspire a esos cargos deberá ser mexicano por nacimiento, hijo de padre o madre mexicanos, no tener ni adquirir otra nacionalidad, renunciar a ella antes del registro y acreditar 20 años de residencia en el país. Ya en el cargo, la prohibición se extiende: no podrá tramitar pasaporte o identificación extranjera, ejercer derechos políticos ante otro Estado ni acogerse a protección diplomática. La contravención se sanciona con destitución, conforme al Título Cuarto.

La asimetría es deliberada. Presidentes municipales, regidores, diputados federales y estatales, y senadores quedan fuera del candado y conservan la posibilidad de mantener otra nacionalidad. El texto justifica la distinción en que el requisito se "circunscribe a las personas que encabecen los Poderes Ejecutivos federal y locales".

El dictamen cita como referencia a Venezuela y República Dominicana para sostener que la exigencia no es ajena al derecho comparado. El argumento es discutible —Venezuela difícilmente funciona como modelo de garantías democráticas—, pero ilustra el marco en que el oficialismo coloca el debate: lealtad exclusiva como requisito de elegibilidad.

Hasta ahora no se registran disidencias formales en el bloque, aunque diputados morenistas consultados han planteado una diferencia de tiempo: algunos buscan que la renuncia se concrete una vez ganada la elección y no desde la inscripción como candidato. Es un matiz técnico con consecuencia práctica. Exigir la renuncia en el registro obliga a los aspirantes a desprenderse de atributos jurídicos antes de tener certeza de la victoria.

El dictamen también deja tareas a la legislación secundaria: definir documentos para acreditar la pérdida efectiva de la nacionalidad extranjera, reglas de traducción, apostilla y legalización, y una posible intervención técnica de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para verificar que la renuncia surtió efectos en el ordenamiento de origen.

La lectura política

El movimiento cumple varias funciones a la vez. Primero, cierra el paso a cualquier cuestionamiento sobre la lealtad de los próximos gobernantes. En la práctica, opera como un filtro de elegibilidad que el oficialismo puede invocar frente a aliados y adversarios, y concentrarlo en los Ejecutivos —y no en legisladores— coincide con los cargos que se disputan en 2027: la sucesión presidencial, las gubernaturas y la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

Segundo, ordena. Una regla de elegibilidad clara reduce márgenes de interpretación antes de una contienda sucesoria donde las señales de lealtad pesan. No constituye una candidatura ni una precandidatura: es una condición que aplicará a quien resulte designado, y por eso envía señal a aliados y a adversarios por igual.

Tercero, expone una tensión interna contenida. El debate sobre el momento de la renuncia revela que en el propio bloque hay sensibilidad sobre cuánto se estrecha la cancha. No hay disidencia registrada, pero sí inquietud sobre el costo de anticipar el desprendimiento antes de saber si el aspirante ganará.

Rumbo a 2027, el precedente útil es otro: el oficialismo vuelve a usar la reforma constitucional como instrumento para fijar las reglas del juego antes de que el juego comience. Lo que todavía no ocurre es la aprobación del Senado, la ratificación de los congresos locales ni la legislación secundaria, sin la cual el requisito queda incompleto y sujeto a interpretación.

Qué sigue

- Votación en el pleno de la Cámara de Diputados este martes. - Envío al Senado y posterior remisión a los congresos locales, donde se requieren al menos 16 ratificaciones. - Definición de la legislación secundaria sobre documentos, apostillas y verificación de la renuncia. - Resolución interna del bloque sobre si la renuncia se exige al registro o después de la elección.