ONU Mujeres: 96% de candidatas sufrió violencia política rumbo a 2027

**El 16 de octubre de 2026, ONU Mujeres presentó ante el Instituto Nacional Electoral (INE) el estudio *Mujeres que se postulan, mujeres que narran sus historias: Candidatas del proceso electoral 2023-2024 en México*.** El hallazgo central: casi 96 de cada 100 candidatas al Poder Legislativo encuestadas reportaron al menos una forma de violencia política durante las campañas de 2023-2024. No es un caso extremo ni una denuncia aislada: es un patrón. Y su peso político está en que convierte lo que durante años circuló como testimonio disperso en una línea base medible, justo cuando el sistema electoral ya trabaja en el proceso de 2027.

La violencia más reportada fue la psicológica, con 95.1% de los casos; después la sexual (61.4%) y la económica (57.4%). Más de ocho de cada diez participantes señalaron agresiones tanto en actividades presenciales como en espacios digitales. El estudio se construyó con 615 candidatas —electas y no electas—, 11 entrevistas y seis grupos focales. Conviene leerlo con precisión: el 96% corresponde a quienes respondieron la encuesta, no al universo completo de candidaturas ni al número de denuncias formales presentadas. La brecha entre violencia vivida y violencia denunciada no invalida el dato; es parte del diagnóstico.

Hay un hallazgo que suele quedar fuera de los titulares. El 64.3% de las candidatas encuestadas en el ámbito municipal reportó tener responsabilidades de cuidado y, de ellas, 77% dijo que esas responsabilidades dificultaron su participación política. La paridad llegó al papel sin reorganizar el reparto del trabajo doméstico.

La lectura política

El estudio no sanciona, no vincula y no obliga: es insumo, no resolución. Su función práctica es otra: desplaza la carga de la prueba. Durante años la violencia política contra las mujeres se discutió caso por caso, y cada denuncia exigió a la afectada documentar, sostener y sobrevivir al proceso. Un instrumento así coloca el fenómeno del lado de las instituciones, que a partir de ahora tendrán que explicar por qué una práctica con esta prevalencia no aparece con la misma magnitud en sus registros.

Los números describen un problema de diseño institucional. La violencia psicológica —la más frecuente y la más difícil de acreditar— apenas cabe en mecanismos sancionadores pensados para agresiones graves y comprobables. La sexual y la económica remiten a dos recursos que los partidos controlan: el cuerpo y el financiamiento. Quien administra el dinero de una campaña administra también la permanencia de la candidata.

Ahí está el incentivo incómodo para los partidos: son los obligados principales —postulan, financian y fijan reglas internas— y son también quienes menos ganan al auditarse. Para la autoridad electoral, el valor del estudio es que eleva el costo reputacional de no hacerlo. La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, dijo al recibirlo que una mayor presencia femenina en los espacios de decisión no garantiza por sí misma la igualdad sustantiva, y llamó a fortalecer prevención, atención y acompañamiento con autoridades electorales, partidos, instituciones de justicia, medios y plataformas digitales. La representante de ONU Mujeres en México, Eleonora Betancur González, planteó el reto en términos parecidos: garantizar que las mujeres puedan ejercer el poder con autonomía y sin violencia.

Es una admisión relevante: la arquitectura de paridad que el propio INE vigila garantiza la entrada, no la permanencia. Rumbo a 2027, el estudio funcionará como punto de comparación; cualquier debate sobre registro, protocolos, financiamiento o sanciones tendrá que medirse contra esta línea base.

Qué sigue

Falta la traducción institucional. Con la evidencia disponible no consta que el INE haya anunciado medidas concretas derivadas del estudio: queda por definirse si se convertirá en lineamientos, protocolos o criterios de revisión para el proceso 2027, con qué recursos operarían y bajo qué calendario.

También está pendiente la respuesta de los partidos, que en este hecho no fijaron compromisos verificables frente al diagnóstico, y el dato que el estudio no ofrece: cuántas de estas conductas llegaron a una denuncia formal y cuántas terminaron en sanción. Sin ese contraste, la conversación pública seguirá dependiendo del autorreporte. La prueba de 2027 es fácil de verificar: si la medición se repite y el número baja, o si simplemente deja de medirse.