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OPLE Veracruz pide 1,399 millones para 2027, año de doble elección
Del total, unos 653 millones de pesos se destinarán directamente a la logística de la jornada. El anteproyecto contempla 30 consejos distritales y cerca de 10,900 casillas, pero aún debe pasar por el Consejo General y por el presupuesto estatal.

El OPLE de Veracruz proyecta un presupuesto de 1,399 millones de pesos para 2027, año en que renovará el Congreso local y arrancará la elección judicial. De ese total, 653 millones irían a la jornada electoral. La cifra aún debe aprobarla el Consejo General y el presupuesto estatal, con la convocatoria para 30 consejos distritales prevista antes del 6 de noviembre.
El Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz proyectó un presupuesto de 1,399 millones de pesos para el ejercicio fiscal 2027, el año en que se renovará la totalidad del Congreso del Estado y en el que comenzarán formalmente los trabajos de la elección judicial. La consejera presidenta, Marisol Alicia Delgadillo Morales, presentó la cifra como una estimación que todavía no es vinculante, pero su peso político es inmediato: define desde ahora cuánto costará organizar dos procesos simultáneos y con qué holgura —o con qué estrecheces— podrá operar el árbitro electoral veracruzano.
Del paquete total, alrededor de 653 millones de pesos se canalizarán de forma directa a la logística y el desarrollo de la jornada electoral. El resto se repartirá entre la operación ordinaria del instituto, las prerrogativas de los partidos políticos y otros compromisos operativos. La propuesta fue elaborada por la Comisión de Administración del organismo y deberá remitirse en los próximos días al Consejo General para su análisis, discusión y eventual aprobación, según explicó Delgadillo Morales.
El anteproyecto también dibuja la arquitectura territorial del proceso: contempla la instalación de 30 consejos distritales que reclutarán a cerca de 240 servidores públicos entre presidencias, vocalías y personal de apoyo, a los que se sumará un contingente de capacitadores, asistentes electorales y supervisores. En infraestructura ciudadana, las proyecciones iniciales apuntan a unas 10,900 casillas en los 212 municipios, cifra que se ajustará conforme avance el padrón y la planeación del mapa electoral.
Un calendario que ya echó a andar
El documento presupuestal llega acompañado de una fecha que ordena todo lo demás: la convocatoria pública para seleccionar a los integrantes de los 30 consejos distritales se publicará antes del 6 de noviembre, cuando está marcada la sesión formal de instalación del proceso local. Delgadillo Morales confirmó además que la partida garantiza el financiamiento público de los partidos nacionales y locales con registro, incluidos cuatro nuevos que obtuvieron su acreditación reciente y cuyos ministramientos, dijo, están al día.
La lectura política
Los 1,399 millones son una cifra negociable, no una decisión consumada. El OPLE fija el techo de su aspiración en un año sin gubernatura en juego, con el Congreso local como único cargo de elección popular y una elección judicial que añade carga operativa inédita. Ese diseño tiene una consecuencia clara: el instituto queda expuesto al debate sobre el costo de la democracia en un año electoralmente más barato que 2024 y, por tanto, más vulnerable a recortes.
Hay además un componente de equilibrio interno. Los consejos distritales no son plazas administrativas neutras: concentran la operación en territorio, la capacitación de la ciudadanía y la interlocución cotidiana con partidos y gobiernos municipales. La convocatoria para integrarlos, que se publicará en las próximas semanas, funciona también como un mecanismo para medir y distribuir poder territorial, y las decisiones sobre quién los encabeza enviarán señales a todas las fuerzas políticas.
Para los partidos, la partida tiene otra lectura: cuatro fuerzas de acreditación reciente dependen de las prerrogativas para sobrevivir a su primer ciclo electoral completo. Que el financiamiento esté previsto y al día les da certeza operativa, pero también los ata al calendario y a la aprobación final de un presupuesto que todavía no existe.
El límite de esta lectura es evidente: no hay cifra aprobada. El anteproyecto aún debe pasar por el Consejo General y luego insertarse en el paquete fiscal que negocian el Ejecutivo estatal y el Congreso. Cualquier ajuste modifica la capacidad real del OPLE para instalar las casillas proyectadas, contratar al personal eventual y sostener los plazos legales.
Qué sigue
El Consejo General del OPLE deberá analizar y, en su caso, aprobar la propuesta en los próximos días y remitirla al gobierno estatal para su incorporación al proyecto de presupuesto. La fecha crítica es el 6 de noviembre: ese día se instala formalmente el proceso local y debe estar publicada la convocatoria para los 30 consejos distritales. La cifra de 10,900 casillas se ajustará conforme avance el padrón, y el monto final dependerá de lo que apruebe el Congreso de Veracruz.