PAN acusa a Morena de proteger al narco y presiona a la Corte

La dirigencia estatal del Partido Acción Nacional (PAN) en Chihuahua, encabezada por Daniela Álvarez, y el coordinador de su grupo parlamentario, Alfredo Chávez, acusaron a Morena de proteger al crimen organizado por impugnar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la reforma que busca blindar las elecciones de la intervención del narco. El señalamiento, sin pruebas presentadas públicamente, colocó el fallo pendiente y el anuncio de la coordinación morenista rumbo a 2027 como el primer campo de disputa de la sucesión local.

La reforma —que pretende anular candidaturas o elecciones ligadas al crimen organizado— fue impugnada por Morena ante la Corte. Para el PAN, esa impugnación equivale a una confesión: "Se hizo porque es evidente que hay un pacto del Gobierno de un partido político y de un sector de un partido político con el crimen organizado", sostuvo Chávez, quien anunció que su bancada legislará sobre la no intromisión de un gobierno extranjero si así se determina y que acatarán el fallo aunque no coincidan.

El otro eje del reclamo es el calendario. Chávez llamó sospechoso que la SCJN resuelva el recurso un día después de que Morena anuncie a quien coordinará al partido en Chihuahua: "No existen casualidades; mañana se determina en la Suprema Corte y hoy el partido de la muerte... anuncia quién va a ser su coordinador o su coordinadora". Se refiere al cargo como una candidatura a la gubernatura. No lo es en términos legales —no hay candidatura registrada ni acto de autoridad electoral que la respalde—, pero en la práctica es la posición desde la que Morena ordena su presencia territorial de cara a 2027.

El nombre que no se dijo

Álvarez llevó la acusación al terreno de los dos personajes que encabezan las encuestas de Morena, sin nombrarlos. De una dijo que se recuerden sus vínculos con La Barredora y con "su padrino", Adán Augusto, a quien ubicó como "el líder criminal de La Barredora que estuvo a cargo de la seguridad en Tabasco". Del otro, que no ha explicado sus "nexos" con un empresario gasolinero detenido la semana pasada. Son imputaciones sin prueba pública, sin denuncia anunciada y formuladas sin nombres propios, lo que reduce la exposición legal de quien las emite y deja que la audiencia complete la asociación.

La lectura política

El PAN no litiga este recurso: disputa el sentido del fallo antes de que exista. Si la Corte valida la reforma, el partido cobra; si la invalida, ya tendrá instalada la explicación de que ganó el crimen organizado. En un estado donde la seguridad ha sido bandera competitiva del panismo, la acusación funciona además como blindaje anticipado de su propia oferta para 2027 y como intento de desactivar el nombre que Morena coloque en la carrera. El costo es evidente: la acusación más grave del repertorio se sostiene, hasta ahora, en una coincidencia de calendario y en señalamientos sin expediente.

Hay una asimetría que conviene registrar. Mientras la dirigencia estatal apunta a Morena, el panismo avanza en su propio ordenamiento: en Ciudad Juárez, 121 de 204 aspirantes pasaron a la segunda etapa del proceso interno —46 se desistieron y 16 no fueron localizados— y el alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, dejó abierta una eventual alianza con Movimiento Ciudadano. La crítica al adversario y la construcción de la coalición opositora corren al mismo tiempo.

Qué sigue

La SCJN resolvería el recurso el 29 de septiembre: de ese sentido depende si la reforma opera en las elecciones de 2027. Ese mismo día Morena definía su coordinación en Chihuahua, luego de anunciar a Elí Cervantes en San Luis Potosí. El PAN comprometió acatamiento al fallo y queda pendiente si presentará denuncia formal por sus acusaciones. Falta conocer el texto del proyecto de resolución: sin él, la coincidencia de calendario seguirá siendo una inferencia política, no un hecho acreditado.