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PAN Chiapas impugna la tómbola de paridad y mueve el conflicto a la SCJN
Catalinas Caravantes sostiene que la objeción es al sorteo con el que el Congreso definió los 62 municipios, no al derecho de las mujeres a competir y gobernar. El gobernador Eduardo Ramírez insiste en marchar a la Corte.
El PAN Chiapas aclaró que su impugnación ante la SCJN no es contra la paridad de género, sino contra el sorteo con el que el Congreso local definió, el 27 de septiembre, los 62 de 125 municipios donde deberán postularse mujeres. El partido mueve el debate al terreno procedimental mientras el gobernador Eduardo Ramírez convoca a marchar a la Corte.
El Partido Acción Nacional (PAN) en Chiapas buscó este 9 de octubre separar dos cosas que el debate local ya había fundido: el derecho de las mujeres a competir y el mecanismo con el que el Congreso estatal decidió en qué municipios se aplicará la paridad. La presidenta del partido en la entidad, Catalinas Caravantes Almaraz, afirmó en un video que la impugnación presentada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no cuestiona la paridad, sino el sorteo —la tómbola— con el que el 27 de septiembre se definieron los 62 de los 125 municipios donde partidos, coaliciones y candidaturas comunes deberán postular mujeres.
“Impugnar el método no es impugnar la paridad”, dijo Caravantes. La precisión importa porque la impugnación había empezado a circular como un rechazo a la reforma, y en Chiapas —donde el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar ya había convertido la paridad en bandera— esa etiqueta tiene costo electoral. La dirigencia panista respondió el mismo día en que el rechazo se volvió tema público.
El método, no el principio
El argumento del PAN es de diseño institucional, no de contenido. Según la dirigencia estatal, la integración de bloques y la insaculación las realizó el Congreso, “un órgano de conducción política”, y no el organismo electoral local, al que la propia Caravantes identificó como el Instituto de Elección y Participación Ciudadana, donde tienen representación todas las fuerzas políticas acreditadas. “No hay registro que en nuestro país un Congreso promulgue leyes y a su vez las ejecute”, sostuvo.
El reparto dejó 62 municipios con obligación de postular mujeres, 61 sin ella y a Oxchuc fuera del esquema, porque sus autoridades se eligen por plebiscito comunitario tzeltal. Ese es el punto que el PAN quiere que la Corte revise: no si debe haber paridad, sino quién decide dónde y con qué procedimiento.
En el mismo terreno se movió el gobierno estatal. Ramírez pidió a las mujeres marchar en masa de Chiapas a la Ciudad de México e incluso encabezar “el primer éxodo” hacia la SCJN. La respuesta llegó desde dentro del propio campo de la paridad: Elva Narcía, fundadora de la Red por la Paridad Efectiva (Repare), dijo que las chiapanecas han luchado durante años por sus derechos y que “no necesitamos que un gobernador nos convoque a una movilización o un éxodo masivo”.
La lectura política
En la práctica, el PAN está haciendo dos cosas a la vez. La primera es litigar: traslada la disputa del juicio moral al procedimental, donde tiene mejores argumentos técnicos y donde puede ganar aun perdiendo el relato. La segunda es posicionarse rumbo a 2027, cuando Chiapas renueve sus municipios y el partido necesite no aparecer como el adversario de la paridad en un estado con movilización de mujeres organizadas.
Hay también un cálculo más terrenal. El sorteo decide en qué municipios cada fuerza deberá postular mujeres; cambiar el método —o trasladar la decisión al árbitro electoral— altera la negociación interna de candidaturas y las listas que cada partido ya empezó a ordenar. La tómbola reparte costos y oportunidades de manera distinta según el territorio, y ahí es donde la impugnación deja de ser un debate abstracto.
El movimiento envía señales a tres destinatarios. A la militancia panista, la de que el partido no cede el tema de la paridad. Al gobierno de Ramírez, la de que su convocatoria no fija por sí sola el marco del debate. Y a la Corte, la de que existe una pregunta institucional legítima: si la paridad debe depender de una decisión del órgano político o de la autoridad electoral especializada. La presidenta Claudia Sheinbaum dijo el 11 de septiembre, en Chiapas, que la SCJN debería fijar criterio en la materia; el expediente chiapaneco podría ser el vehículo.
Lo que no ha ocurrido: no hay candidatura formal en disputa, ni resolución judicial, ni constancia pública, en la evidencia disponible, de que la Corte haya admitido el caso o suspendido el esquema. Tampoco puede verificarse si la marcha convocada por el gobernador se concretará.
Qué sigue
El siguiente paso verificable está en la SCJN: si admite la impugnación y, sobre todo, si concede una suspensión que detenga la aplicación del sorteo mientras resuelve el fondo. De eso depende que los 62 municipios definidos el 27 de septiembre sigan operando como regla obligatoria para las próximas candidaturas.
En paralelo, el Congreso de Chiapas, la autoridad electoral local y los partidos tendrán que resolver qué pasa con sus convenciones y registros de candidaturas si el mecanismo cambia a mitad del proceso. Y queda abierta la pregunta que el propio episodio deja planteada: quién habla por las mujeres chiapanecas cuando la paridad entra a la negociación política.