PAN cuestiona a Julieta Ramírez y anticipa litigio electoral en BC

La presidenta estatal del PAN en Baja California, Lizbeth Mata Lozano, convirtió la designación de Julieta Ramírez al frente de la estructura política de Morena en la entidad en el primer frente de litigio de la sucesión de 2027. Cuestionó el nombramiento, recordó que el Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC) dictó medidas cautelares contra la legisladora y ordenó retirar propaganda física y digital por posibles actos anticipados de precampaña y campaña, y pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum que su visita de este sábado a la entidad no se use para favorecer a ninguna persona o proyecto político.

"Es una vergüenza para Baja California que Morena premie con una coordinación estatal a quien llega a este proceso interno como la aspirante que más ha violentado la ley electoral", dijo la dirigente. Añadió que el proceso interno morenista debe conducirse con legalidad y uso imparcial de recursos públicos, y sostuvo que existe una denuncia penal contra Ramírez por presuntos delitos electorales, por lo que llamó a la Fiscalía General del Estado (FGE) a darle seguimiento.

La cautelar y el retiro de propaganda derivaron de una denuncia presentada por el propio PAN, en la que se señalaron además promoción personalizada y presunto uso indebido de recursos públicos. El PAN es denunciante y, a la vez, el principal interesado en el desenlace del expediente. La precisión importa.

Una cautelar no es una condena

Una medida cautelar es tutela preventiva: se dicta para hacer cesar de inmediato una conducta mientras se investiga y no prejuzga sobre la existencia de la falta. La orden de bajar propaganda física y digital es una señal temprana de que el IEEBC vio elementos que justificaban intervenir, pero el fondo —si hubo actos anticipados, promoción personalizada o uso indebido de recursos— se resuelve después, en un procedimiento sancionador cuya última palabra suele quedar en el Tribunal Electoral del Estado. Falta en la evidencia el número de expediente, la fecha exacta de la resolución y el estado procesal de la denuncia penal; sin esos datos, tratar a Ramírez como infractora reincidente es una acusación de parte, no un hecho acreditado.

La lectura política

En el lenguaje interno de Morena, encargar a alguien la estructura territorial de un estado es una forma de ordenar la sucesión antes de abrir el proceso formal. Funciona, en la práctica, como plataforma de posicionamiento y coloca a Ramírez en posición de salida hacia la candidatura al gobierno estatal, que se renueva en 2027 sin reelección posible. Es una precandidatura de facto en términos políticos; en términos legales no hay todavía precandidatura registrada, ni precampaña iniciada, ni constancia alguna ante el IEEBC. Ambas cosas pueden ser ciertas a la vez, y conviene no confundirlas.

Para el PAN el cálculo es racional y de doble filo. Con un expediente abierto, cada acto de promoción de la coordinadora se vuelve riesgo legal y cada evento oficial puede leerse como respaldo. El partido gana perfil de vigilante de la equidad, moviliza a su militancia con un adversario claro y obliga a Morena a gastar en litigio lo que gastaría en organización. También carga un costo: cuando el denunciante es el principal competidor electoral, la discusión se desplaza del fondo del caso a la sospecha mutua.

Morena apuesta a que el desgaste de la cautelar se disuelva en la campaña y a que la presencia presidencial mantenga el orden interno. Si acierta, gana tiempo y disciplina; si falla, pierde margen para negociar con los aspirantes que queden fuera. El llamado panista a Sheinbaum apunta justo ahí: convertir cada visita oficial en material probatorio.

Qué sigue

El primer dato verificable es administrativo: si el retiro de propaganda se acredita ante el IEEBC y en qué plazo. Si no se acata, el incumplimiento puede convertirse en agravante dentro del mismo expediente y dar al PAN nueva materia para litigar. En paralelo, la FGE tendrá que confirmar o desmentir la existencia de una investigación penal; hasta ahora solo hay una afirmación de la dirigencia panista sobre su existencia.

Morena no ha hecho públicas, en la evidencia disponible, la fecha ni el método de su proceso interno en Baja California, y esa laguna es el indicador de fondo: mientras el método sea difuso, la coordinación seguirá operando como candidatura anticipada, aunque en ningún papel lo sea todavía. La visita presidencial del sábado y el tono de los actos en que participe Ramírez son el siguiente termómetro del conflicto y, muy probablemente, la próxima denuncia.