PAN impugna ante la Corte la paridad de 62 municipios de Chiapas

El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Acción Nacional (PAN) impugnó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la reforma en materia de paridad de género impulsada por el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, que busca que 62 de los 125 municipios del estado queden en manos de mujeres. No es un trámite menor: coloca al máximo tribunal como árbitro del diseño que repartirá las presidencias municipales chiapanecas en la elección de 2027 y convierte una norma presentada como ampliación de derechos en terreno de disputa entre un partido y un gobierno estatal.

La información disponible no precisa la vía procesal elegida —acción de inconstitucionalidad o controversia constitucional—, los agravios, ni si la reforma toca la Constitución local o el código electoral de Chiapas. Esa omisión importa: de la vía dependen plazos, legitimación y efectos de una eventual sentencia; según cuál sea, incluso podría o no discutirse una suspensión. Tampoco se detalla si la norma ya está vigente ni cuántos municipios quedan alcanzados por un mandato obligatorio y cuántos por una meta de distribución. Con 62 de 125 espacios, el objetivo ronda la mitad de los ayuntamientos.

El gobernador respondió rápido. Anunció en redes sociales que defenderá la iniciativa “y, si es necesario, acompañaré al Congreso del estado para defenderla frente a las y los ministros, porque creemos en el empoderamiento genuino de las mujeres”. El gesto no es común: un mandatario estatal que anuncia que litigará ante la Corte convierte la reforma en bandera propia y manda una señal a su coalición y a los 125 ayuntamientos en juego.

La lectura política

En Chiapas la presidencia municipal no es un cargo simbólico: administra presupuesto, obra, seguridad y la relación cotidiana con el gobierno estatal. Por eso una regla que define que cerca de la mitad de esos espacios debe recaer en mujeres funciona, en la práctica, como un mecanismo de reordenamiento de candidaturas. Quien interpreta y aplica esa regla gana capacidad para decidir quién compite y con qué margen; quien impugna busca recuperar ese margen o, al menos, obligar a que lo fije un tercero: la Corte.

Para el PAN el cálculo tiene costo. Impugnar una reforma bautizada como paridad expone al partido a la acusación de resistir la representación política de las mujeres, de modo que su defensa jurídica tendrá que sostenerse en competencia, autonomía municipal o certeza electoral, no en un rechazo frontal al principio. Ese es el eje previsible de sus agravios, aunque la evidencia disponible aún no lo confirma. El panismo chiapaneco es minoritario en el estado, pero una regla de paridad mal calibrada puede desordenar sus pocas plazas fuertes y sus pactos locales.

Del lado del gobierno, la reforma cumple una función doble: se presenta como política de igualdad y, al mismo tiempo, ordena por anticipado la negociación interna de la coalición gobernante de cara a 2027, cuando se renuevan los 125 ayuntamientos. Fijar cuántos espacios serán de mujeres cambia el valor de cada candidatura y el poder de quien las reparte. La Corte, en consecuencia, no solo resolverá una controversia entre un partido y un gobernador: establecerá qué margen tienen los estados para imponer cuotas en el ámbito municipal, un precedente que otras entidades observarán.

Lo que falta para sostener una lectura más fuerte es el texto de la reforma, los agravios, la vía procesal y la decisión de admisión del expediente. Sin esos elementos no puede afirmarse que la norma sea inaplicable, ni que el tribunal vaya a frenarla, ni que el desafío sea una derrota anunciada para alguna de las partes.

Qué sigue

El primer paso verificable es la admisión o el desechamiento del recurso por la SCJN, con la eventual discusión de medidas cautelares. Después, la resolución de fondo, que idealmente debería quedar antes de que arranque formalmente el proceso electoral local, porque de ella depende el diseño de las planillas que los partidos registrarán para los 125 ayuntamientos. También hay que seguir la defensa anunciada por Ramírez Aguilar y la postura del Congreso de Chiapas, que es quien aprobó la norma. Un elemento adicional: si la Corte fija criterio general sobre cuotas municipales, el efecto no se quedará en Chiapas.