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Paraguay: Alliana asume tras destitución de Peña por el Congreso
El Senado condenó al mandatario por mal desempeño vinculado al colapso del banco Ueno. Peña fue detenido en su domicilio y Alliana deberá completar el periodo hasta 2028.

Pedro Alliana juró como presidente de Paraguay tras la destitución de Santiago Peña, condenado por el Senado con 44 votos por mal desempeño en funciones a raíz del colapso del banco digital Ueno. El relevo se concretó de inmediato en el Poder Legislativo. Peña, en el cargo desde 2023, fue detenido en su domicilio y deberá enfrentar el proceso. Alliana gobernará hasta 2028.
El político conservador Pedro Alliana juró este viernes como nuevo presidente de la República del Paraguay, horas después de que el Congreso destituyera a Santiago Peña mediante un juicio político sumario de dos días. La toma de protesta se realizó en la sede del Poder Legislativo y completará el periodo constitucional que concluye en 2028. El relevo no fue resultado de una elección, sino de una votación legislativa: el Senado emitió 44 sufragios a favor de la condena por la causal de mal desempeño en sus funciones.
Peña, de 47 años y en la presidencia desde 2023, quedó fuera del cargo por una decisión del Senado y no por un proceso electoral. La acusación legislativa vinculó al entonces mandatario con la crisis del banco digital Ueno, cuyo colapso y posterior intervención desencadenaron un severo caos financiero en el país sudamericano. El juicio político se resolvió en apenas dos días, un plazo que concentra la velocidad del procedimiento y que deja preguntas abiertas sobre el alcance de la defensa del acusado.
Tras la destitución, Peña fue detenido en su domicilio, donde permanecerá hasta ser presentado ante las autoridades competentes. De acuerdo con los reportes periodísticos, el expresidente se entregó voluntariamente y permitió el ingreso de las autoridades a su vivienda. Las autoridades paraguayas señalaron que el político tiene disposición de colaborar y de enfrentar el proceso, que inició después de una serie de protestas.
La juramentación de Alliana abre una etapa de gobierno de continuidad institucional pero de legitimidad cuestionada por la vía del relevo. El nuevo presidente asume con el encargo de estabilizar la gobernabilidad y conducir la administración pública durante la segunda mitad del periodo gubernamental. No se trata de un cambio de ciclo político: se trata de una sustitución interna dentro del mismo periodo constitucional, lo que condiciona su margen de maniobra frente al Congreso que lo designó.
La lectura
El caso paraguayo combina dos factores que suelen presentarse por separado: una crisis financiera con epicentro en un banco digital y una salida presidencial resuelta por el Poder Legislativo en tiempo récord. El colapso de Ueno no fue un episodio aislado de un sistema bancario pequeño; funcionó como detonante de una cadena de responsabilidad política que terminó en la destitución y detención del jefe de Estado.
El Congreso paraguayo utilizó la causal de mal desempeño para resolver en dos días lo que en otros sistemas tomaría meses de investigación y debate. Esa velocidad es el dato político central: indica que la mayoría legislativa tenía la decisión tomada antes de que el procedimiento formal avanzara. El resultado es un relevo inmediato, sin transición y sin elección, que deja a Alliana gobernando con la sombra de un proceso sumario.
Para la región, el episodio reactiva un patrón conocido en América Latina: presidentes removidos por Congresos en contextos de crisis económica o financiera. La diferencia es que aquí el detonante no fue una protesta social masiva ni un escándalo de corrupción clásico, sino la quiebra de una entidad bancaria. Eso desplaza el eje del debate: el problema no es solo quién gobierna, sino cómo se regula la banca digital en economías con instituciones financieras frágiles.
Para México, la lección es directa: la estabilidad política depende cada vez más de la resiliencia del sistema financiero, incluida la banca digital. El colapso de un banco puede convertirse en una crisis de gobernabilidad en cuestión de días. La velocidad del juicio político paraguayo muestra que cuando el sistema financiero falla, el sistema político no tiene amortiguadores suficientes para procesar la crisis por vías ordinarias.
Qué sigue
Alliana deberá completar el periodo hasta 2028 y conducir la administración en un contexto de crisis financiera y de cuestionamiento sobre su legitimidad de origen. El proceso judicial contra Peña continuará y su evolución determinará si la destitución se consolida como una salida institucional aceptada o se convierte en un conflicto político de largo plazo.
La evidencia disponible no permite determinar si la crisis del banco Ueno está contenida ni cuál es el estado actual del sistema financiero paraguayo tras la intervención. Tampoco permite establecer si el juicio político contó con una defensa efectiva del acusado. Esos elementos faltan para una lectura completa del episodio y de sus consecuencias sobre la estabilidad económica del país.
