Pérez García: prohibir niños en spots puede excluirlos de la política

El Congreso de la Unión analiza una iniciativa que prohibiría usar imágenes de niñas, niños y adolescentes en propaganda y campañas electorales. Frente a ese debate, Juan Martín Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes Infancia, advirtió que la medida solo es defendible si parte de una evaluación de impacto en los derechos de esa población, y recordó que el Instituto Nacional Electoral (INE) ya opera lineamientos obligatorios para los partidos sobre el mismo asunto.

Su advertencia tiene un filo incómodo: una ley pensada para proteger a la infancia puede terminar sacándola de la conversación pública. "No se trata de ocultar o de entonces no hablar de niños y niñas, porque corremos el riesgo que esto que puede sonar buena idea de que no los usen, no los exploten, en realidad los deje fuera de la dinámica de los partidos", dijo.

Ubicó además el origen de las reglas vigentes: surgieron tras litigios por explotación comercial y uso abusivo de la imagen de menores por parte de partidos. Desde entonces, según su relato, los lineamientos del INE exigen que, si un menor aparece, se hable de sus derechos, se acredite sustento informativo y quede claro que no se le usa "para generar ternura o usar sus voces infantiles para mensajes adultos".

El marco que ya existe

Pérez García reconoció que no conoce los detalles del proyecto, pero sostuvo que hay alta probabilidad de que avance porque lo impulsa el Partido del Trabajo, integrante de la coalición de gobierno. Pidió que los legisladores retomen la información y los antecedentes del INE antes de redactar normas nuevas.

Ahí está el nudo técnico: qué agrega una ley a lo que el árbitro electoral ya puede sancionar. Si la prohibición es absoluta, obliga a reescribir lineamientos y a vigilar spots, precampañas y redes. Si es condicionada, se parece al marco actual y su aporte sería elevarlo a rango legal, con menos dependencia del criterio de cada consejo.

Después desplazó la pregunta: la prueba de si un partido realmente integra a la infancia está en sus iniciativas, en el presupuesto y en la evaluación de políticas públicas, no en la sensibilidad que despliega cada tres años.

La lectura política

Prohibir la imagen infantil en campaña es una medida de costo político casi nulo. Ninguna bancada quiere explicar por qué votó a favor de que los partidos sigan usando niños en spots. Eso le da a quien la impulsa un activo de agenda barato y rendidor: coloca el tema, obliga a la oposición a alinearse y le permite reclamar la bandera de los derechos de la niñez rumbo a 2027.

Hay, sin embargo, un incentivo simétrico que explica por qué la discusión es más complicada de lo que aparenta. Todas las fuerzas han usado a menores como recurso de ternura, y ninguna renuncia gratis a un instrumento probado. La restricción es pareja, pero no cuesta lo mismo a quien tiene recursos amplios de comunicación que a quien depende de piezas de bajo costo. Y si la ley llega cerca del arranque del proceso electoral, el costo operativo recae en el INE: nuevos criterios, revisión de materiales, fiscalización.

El riesgo que señala Pérez García es de otro orden: que la protección se convierta en sustituto simbólico. Regular la imagen es visible y consensual; asignar presupuesto, dictaminar reformas y evaluar programas es lento y conflictivo. Si la ley avanza sin evaluación de impacto y sin traducirse en obligaciones presupuestales, el resultado será una infancia más limpia en los spots e igual de ausente en las decisiones.

Conviene precisar el límite: aquí no hay candidatura, precandidatura ni posicionamiento de un aspirante. Es agenda legislativa y defensa de un sector. El movimiento no ordena una sucesión ni mide lealtades; lo que sí hace es fijar un marco que todos los partidos deberán cumplir en 2027.

Qué sigue

- El Congreso debe dictaminar la iniciativa. Se desconoce el texto, la comisión responsable y el calendario. - Pérez García pidió que el debate retome los antecedentes y lineamientos del INE antes de aprobar normas nuevas. - Falta conocer si el proyecto plantea prohibición total o condiciones, dato que determina si el INE deberá reescribir lineamientos y cómo se fiscalizará la propaganda de 2027. - Pendiente de verificación: qué partidos respaldan la iniciativa y si incluye compromisos presupuestales, la prueba que el propio especialista propone.