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Poder Ciudadano lleva al TEPJF las reglas de casillas para 2027
El tribunal debe decidir primero si las organizaciones civiles tienen interés jurídico para impugnar la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2026-2027. El fondo toca cómo se selecciona a quien integrará las mesas directivas de casilla.
Poder Ciudadano pidió a la Sala Superior del TEPJF revisar de fondo las impugnaciones contra la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2026-2027 del INE. Un proyecto propone desecharlas por falta de interés jurídico. En juego está si las organizaciones civiles pueden litigar los cambios en la integración de mesas de casilla, la reducción de días de capacitación y la verificación del per
Poder Ciudadano pidió a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) analizar de fondo las impugnaciones contra la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2026-2027 que el Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el 31 de agosto. La petición no es rutinaria: según la organización, el proyecto en circulación propone desechar las demandas por falta de interés jurídico, con lo que las modificaciones quedarían intactas sin revisión de fondo.
Los expedientes acumulados son SUP-RAP-201/2026, SUP-JDC-479/2026 y SUP-JDC-481/2026. El registro público del TEPJF confirma que los dos últimos impugnan el acuerdo INE/CG489/2026. La disputa inmediata no es sobre casillas ni resultados: es sobre quién puede litigar las reglas con las que se organiza una elección. Si la Sala Superior confirma el desechamiento, los cambios quedarán firmes por una razón procesal, no por una validación de fondo.
Gaby Sterling, presidenta nacional de Poder Ciudadano, lo planteó así: "No estamos solicitando al Tribunal que anticipe una resolución favorable a nuestra posición. Estamos pidiendo que permita analizar el fondo de las modificaciones y determine si conservan las garantías de certeza, imparcialidad y objetividad que requiere una elección nacional".
Lo que cambia en el operativo
Entre los puntos que la organización cuestiona está la reducción de ocho días en los periodos de capacitación —tres en la primera etapa y cinco en la segunda—, presentada por el INE como una de las innovaciones de la estrategia. También señala la sustitución del mínimo de revisitas y del referente de dos personas aptas por funcionario requerido por un "número óptimo" basado en datos históricos, y ajustes para secciones con estrategia diferenciada nivel 2.
Dos cambios pesan más por su función de control: la compulsa institucional contra bases de datos para verificar impedimentos de servidores públicos se sustituye por una declaración bajo protesta de decir verdad, y desaparece el inicio automático de un procedimiento sancionador cuando un aspirante a supervisor o capacitador aparece en el padrón de un partido y desconoce esa afiliación. Además, el examen bajó de 60 a 50 por ciento de la calificación y la entrevista subió de 40 a 50 por ciento en la selección de ese personal.
La lectura política
El movimiento de Poder Ciudadano es, en la práctica, una pelea por la puerta de entrada al litigio. Su incentivo no es ganar el fondo de inmediato, sino que exista un fondo que discutir: si el TEPJF sostiene que una asociación civil carece de interés jurídico para impugnar un acuerdo operativo, la revisión judicial de las reglas de organización electoral queda, para fines prácticos, en manos de los actores del propio proceso. La petición está redactada con esa cautela: no pide resultado, pide admisión.
Del otro lado, el INE tiene incentivos operativos legítimos: menos días de capacitación, menos revisitas y un "número óptimo" reducen costo y carga logística. El punto analítico no es la intención, sino el efecto de diseño: sustituir verificación documental por declaración bajo protesta y eliminar el disparo automático de un procedimiento sancionador debilita una capa de detección. Nada en el expediente público permite afirmar que el propósito sea facilitar penetración partidista en la estructura de campo; lo verificable es que el sistema pierde una comprobación.
Para el TEPJF el caso fija doctrina sobre el umbral de acceso a la justicia electoral de las organizaciones civiles, aplicable a la elección federal de 2027, cuando se renueva la Cámara de Diputados. Aquí no hay aspirantes, precandidaturas ni posicionamientos en juego: lo que se define es el diseño del operativo que integra las mesas directivas de casilla.
Qué sigue
La Sala Superior debe resolver el proyecto sobre los expedientes acumulados. La evidencia disponible no precisa fecha de sesión ni sentido de la votación, y ese dato falta para medir el tamaño real del riesgo. Si el desechamiento se confirma, Poder Ciudadano solo conserva vías limitadas —aclaración o engrose— y el acuerdo INE/CG489/2026 queda en pie. Si la admisión prospera, se abre instrucción y una resolución de fondo que podría modificar una estrategia ya en ejecución. Ahí está la fricción: los plazos de capacitación corren mientras el litigio avanza, de modo que una eventual anulación llegaría con parte del operativo ya desplegado en territorio.