RUTA 27 · MEDIUM
Poder Ciudadano pide al TEPJF abrir la vía ciudadana contra reglas de casillas 2027
El proyecto de sentencia en los expedientes acumulados plantea desechar las demandas por falta de interés jurídico. La organización advierte que eso dejaría sin discusión judicial los cambios en capacitación, revisitas y verificación de funcionarios de casilla.
Poder Ciudadano pidió al TEPJF analizar de fondo las impugnaciones ciudadanas contra la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2026-2027 del INE, que reduce días de capacitación, revisitas y verificaciones para integrar casillas. Un proyecto de sentencia propone desecharlas por falta de interés jurídico, lo que en la práctica dejaría el litigio electoral sólo en manos de los partidos an
Poder Ciudadano pidió a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que analice de fondo —y no deseche— las impugnaciones contra la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2026-2027, aprobada por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) con el Acuerdo INE/CG489/2026. El llamado llega mientras circula el proyecto de sentencia de los expedientes acumulados SUP-RAP-201/2026, SUP-JDC-479/2026 y SUP-JDC-481/2026, que propone desechar las demandas por falta de interés jurídico. Si ese sentido se confirma, las reglas para integrar las mesas directivas de casilla el 6 de junio de 2027 quedarán sin revisión judicial pedida desde la ciudadanía. La disputa, entonces, no es sólo técnica: define quién puede litigar las condiciones en que se contarán los votos.
Los cambios impugnados no son un ajuste aislado, sino una acumulación: ocho días menos de capacitación (tres en la primera etapa, cinco en la segunda); el reemplazo del mínimo de revisitas y del referente de dos personas aptas por funcionario requerido por un “número óptimo” calculado con datos históricos, alcanzado el cual puede dejar de buscarse a ciudadanía sorteada no localizada; la incorporación de secciones con estrategia diferenciada nivel 2, con personas tomadas de la lista nominal, sin autorización previa del Consejo Distrital, que sólo sería informado después; la compulsa contra bases de datos para verificar que las personas designadas no sean servidoras públicas impedidas, sustituida por una declaración bajo protesta; y el fin del inicio automático de un procedimiento sancionador cuando una aspirante aparece en el padrón de un partido y desconoce esa afiliación. La ponderación para elegir supervisores y capacitadores también se movió: el examen bajó de 60 a 50 por ciento y la entrevista subió de 40 a 50.
Poder Ciudadano reconoce que el INE debe responder a necesidades presupuestales y operativas, pero sostiene que la eficiencia requiere evidencia técnica. Recupera cifras presentadas en el propio Consejo General: la proporción de propietarios designados que efectivamente integraron casillas cayó de 92.26 por ciento en 2017-2018 a 89.35 por ciento en 2020-2021 y a 88.28 por ciento en 2023-2024, mientras creció la participación de ciudadanía tomada de la fila; en 2023-2024 hubo 18 mil 245 sustituciones de supervisoras, supervisores, capacitadoras y capacitadores asistentes, que forzaron mil 465 convocatorias adicionales. “No estamos solicitando al Tribunal que anticipe una resolución favorable. Estamos pidiendo que permita analizar el fondo”, dijo Gaby Sterling, presidenta nacional de la organización, que subraya además que su demanda es más amplia que el recurso del Partido Acción Nacional, concentrado en la vigilancia de las entrevistas a aspirantes.
La lectura política
En la práctica, el pronunciamiento funciona como presión pública en la víspera de una votación clave: no pide un fallo favorable, pide que el Tribunal no cierre la puerta antes de discutir el fondo. El incentivo es nítido. Si la Sala Superior confirma el desechamiento por interés jurídico, el litigio sobre la organización de la jornada queda en manos de los partidos, que tienen legitimación reconocida, no de las organizaciones civiles. Eso concentra en las dirigencias partidistas —hoy sólo el PAN ha llevado el tema, y de forma acotada— un poder de negociación que la ciudadanía organizada perdería.
Hay además un ganador silencioso: las juntas distritales y ejecutivas, que con la estrategia diferenciada nivel 2 sin autorización previa y con la declaración bajo protesta en lugar de la compulsa ganan discrecionalidad operativa en un proceso donde la falta de personal es un problema documentado. El límite es claro: un proyecto no es sentencia, y la Sala Superior puede modificarlo en la sesión. Falta un dato que la evidencia disponible no aporta: la fecha de discusión.
Qué sigue
- La Sala Superior debe discutir y votar el proyecto en sesión pública; la evidencia disponible no precisa fecha ni ponencia. - Si el desechamiento se confirma, la única impugnación viva sería la del PAN, acotada a las entrevistas de supervisoras y capacitadoras. - El INE aplicará la estrategia en el proceso que culmina el 6 de junio de 2027: primero convocatorias y selección de supervisores y capacitadores, después capacitación y revisitas. - La métrica a vigilar es la proporción de propietarios designados que integran casilla frente a la ciudadanía tomada de la fila, y el número de sustituciones.