PRI abre pláticas con PAN para 2027: busca frenar la mayoría calificada

Alejandro "Alito" Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI, informó que su partido sostiene conversaciones con el PAN y con dirigencias de partidos locales para construir acuerdos electorales rumbo a 2027, y puso sobre la mesa la prioridad que ordena toda la operación: impedir que Morena conserve la mayoría calificada en la Cámara de Diputados. Lo que anunció no es una coalición. No hay convenio firmado ante el Instituto Nacional Electoral (INE), no hay candidaturas repartidas ni plataforma común. Lo que hay es una negociación en curso, admitida públicamente por el propio dirigente, a menos de ocho meses de la jornada del 6 de junio de 2027.

Moreno sostuvo que los acercamientos vienen de abajo: "Desde hace días, semanas, se viene dialogando desde lo local", declaró. La fórmula importa porque describe un mecanismo, no un resultado: las dirigencias estatales abren la conversación y las cúpulas nacionales se reservan la firma. Su planteamiento contempla sumar partidos locales —fuerzas que en varios estados controlan votos decisivos para diputaciones y ayuntamientos— a los entendimientos con Acción Nacional, y competir por gubernaturas. Entre las entidades que mencionó están Nuevo León, Chihuahua, Aguascalientes, Querétaro, Zacatecas, Sonora, Sinaloa, Tlaxcala, Colima, Baja California Sur y Michoacán.

Del lado panista, el marco ya está fijado. En un comunicado del 7 de septiembre, el PAN informó que consultaría a sus dirigencias y militancias locales para evaluar posibles acuerdos, pero precisó que las decisiones sobre alianzas mantendrán conducción nacional; en ese pronunciamiento, Jorge Romero señaló que entonces no había una alianza construida. Son dos lecturas del mismo proceso: el PRI habla de un diálogo avanzado que nace en lo local; el PAN subraya que nada se cierra sin su cúpula.

Moreno también pidió al INE vigilar el proceso 2026-2027 ante posibles intervenciones de autoridades estatales —una acusación que su declaración no acompaña de ningún caso concreto— y sostuvo que las diferencias entre Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México pueden abrir espacio a la oposición. Ese diagnóstico es suyo, no un hecho verificado.

La lectura política

El objetivo declarado no es ganar la elección: es aritmética legislativa. La mayoría calificada —dos terceras partes de las 500 diputaciones— es la llave de la reforma constitucional, y arrebatársela a Morena encarece gobernar más que cualquier gubernatura. Por eso el PRI carga el acento en Diputados y trata las gubernaturas como moneda de cambio: son el precio que se paga por la coalición, no el premio.

Hay una segunda función, hacia dentro. Al anunciar pláticas que él conduce, Moreno se coloca como interlocutor obligado de la oposición y como el dirigente que puede entregar o negar una alianza. Conviene ser preciso: esto no es una candidatura —no hay registro ante autoridad electoral ni cargo en disputa que lo incluya— y tampoco una precandidatura de facto. Es posicionamiento: un dirigente que administra un activo escaso, la estructura del PRI y su voto territorial, y que se vuelve necesario para cualquier acuerdo. El riesgo es que ese mismo activo se ha desgastado en los últimos ciclos y su valor real está por medirse.

La tercera función es de señal hacia el PAN. Negociar desde lo local permite medir lealtades sin comprometer la firma nacional y deja abierta la puerta de salida si los términos no convienen. El PAN respondió con el mismo reflejo: acepta explorar, reserva la decisión. Falta un dato que la evidencia no permite resolver: si los "acuerdos" en discusión contemplan candidaturas comunes, listas compartidas o apenas no agresión en territorios donde ambos partidos pelean el mismo electorado. La diferencia legal y política entre un escenario y otro es enorme, y hasta ahora nadie la ha precisado.

Qué sigue

- El PAN debe concluir la consulta a sus dirigencias locales y a su militancia; su conducción nacional ha dicho que la decisión final le corresponde. - Cualquier coalición formal exige un convenio registrado ante el INE dentro de los plazos del proceso. Ese documento no existe. - El INE ya aprobó asumir los conteos rápidos de las 17 elecciones de gubernatura del 6 de junio de 2027; queda pendiente su respuesta a la petición priista de vigilar el proceso. - Falta definir el alcance territorial del acuerdo y si los partidos locales participan con registro propio o subsumidos en otra fuerza en las boletas.