PRI del Edomex exige plan de seguridad electoral y presiona al gobierno estatal

El Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso mexiquense exigió al Gobierno del Estado de México que informe qué estrategia de seguridad implementará rumbo a las elecciones de 2027 y propuso instalar de inmediato una Mesa Estatal de Seguridad Electoral para prevenir agresiones, amenazas e intimidaciones durante el proceso. El planteamiento lo fijó el diputado Eduardo Zarzosa durante la comparecencia del secretario general de Gobierno, el foro donde la Legislatura interroga a la administración sobre su desempeño. No es un pronunciamiento menor: en el Estado de México la seguridad es el flanco más expuesto del gobierno en turno y 2027 renovará el Congreso local y los ayuntamientos.

Zarzosa sostuvo que “la gobernabilidad también debe traducirse en garantías concretas para quienes participan en el proceso electoral, porque una elección sólo puede ser verdaderamente libre si existen condiciones de seguridad”, y advirtió que “el Estado debe actuar antes de que la violencia inhiba candidaturas, silencie voces o intimide al electorado”. En su intervención citó la Operación Enjambre como antecedente de las investigaciones sobre presuntos vínculos entre servidores públicos municipales y organizaciones delictivas, incluidos mandos de seguridad, y pidió que las instituciones se mantengan libres de esos vínculos.

Por qué la mención a Enjambre importa

La referencia no es decorativa. La seguridad electoral en la entidad no se juega en abstracto: se juega en los municipios, donde se concentran las denuncias por extorsión y penetración criminal en policías locales, y donde en 2027 se elegirán las presidencias municipales. Mencionar Enjambre permite al PRI discutir seguridad sin reducirla a cifras: traslada el debate a la calidad de las instituciones locales y a la pregunta de quién responde cuando un mando policiaco aparece señalado.

La propuesta, sin embargo, llega sin instrumento formal a la vista. Hasta ahora es un posicionamiento en tribuna durante una comparecencia, no un punto de acuerdo aprobado ni un exhorto con plazo. Tampoco precisa municipios, indicadores ni criterios para definir zonas de riesgo, lo que deja al gobierno estatal margen para responder con generalidades. Ese vacío es la debilidad del planteamiento y, a la vez, su utilidad: fija un estándar público contra el cual comparar lo que haga la administración.

La lectura política

El movimiento cumple tres funciones. Define terreno: en un estado gobernado por Morena desde 2023, al PRI le resulta más rentable competir por el relato de la seguridad que por el de la transformación. Instala, en segundo lugar, un foro que de concretarse obligaría a la administración estatal, al Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) y a la Fiscalía estatal a sentarse con la oposición de manera periódica: una mesa técnica que en la práctica operaría como espacio de fiscalización política. Y ordena a la propia bancada, que tras perder la gubernatura necesita temas que la hagan visible antes de que se definan candidaturas.

Para Zarzosa, el efecto es de posición: no hay candidatura ni precandidatura —no existe registro, plazo ni método de selección abierto—, pero queda como la voz del PRI mexiquense en un tema con rendimiento electoral en 2027. Es posicionamiento legislativo con proyección electoral. Nada en el hecho indica que haya declarado una aspiración; lo que existe es una plataforma temática construida desde tribuna.

Hay además un mensaje hacia aliados y adversarios. Al exigir prevención y no reacción, el PRI se coloca en condiciones de reclamar resultados verificables y, llegado el caso, de acusar incumplimiento. Y deja la puerta abierta para sumar al PAN a un reclamo compartido, lo que aceitaría una eventual alianza sin necesidad de anunciarla.

El límite es simétrico: la propuesta no dice cómo se medirá el riesgo ni quién integrará la mesa, y el PRI no ha aclarado si aceptaría criterios que también auditen a sus propios gobiernos municipales. Sin esos detalles, la exigencia funciona hoy como agenda, no como mecanismo.

Qué sigue

El primer paso verificable es si la bancada convierte el posicionamiento en punto de acuerdo o exhorto formal, y si el Gobierno del Estado de México responde con un informe por escrito. En paralelo, la discusión presupuestal de la Legislatura mexiquense mostrará si existe partida para coordinación en seguridad electoral. La señal a vigilar es simple: si la Mesa Estatal de Seguridad Electoral se instala con calendario y actas antes del arranque formal del proceso de 2027, o si se queda en el discurso de una comparecencia.