PRI Guanajuato evalúa impugnar reserva de 13 municipios para mujeres en 2027

Ruth Tiscareño Agoitia, presidenta del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Guanajuato, informó que el partido trabaja en una posible impugnación contra el acuerdo del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) que reservó 13 municipios para que únicamente puedan postularse candidatas mujeres en el próximo proceso electoral. No hay recurso presentado ni resolución sobre la mesa: hay un anuncio que, en los hechos, ya opera como posicionamiento público del partido frente a una regla que todavía puede aplicarse.

Tiscareño detalló que el PRI expuso argumentos jurídicos, históricos y sociales para cuestionar la constitucionalidad, la metodología y la proporcionalidad de la medida. El eje del cuestionamiento es cómo el IEEG eligió los municipios: la dirigente sostuvo que el Instituto tomó una ventana temporal acotada y pasó por alto trayectorias de mujeres que ya gobernaron demarcaciones incluidas en la reserva.

“Está seleccionando un periodo determinado para sostener una conclusión previamente adoptada para justificar la implementación de la medida. Y al hacerlo se minimiza e invisibiliza la participación de las mujeres que sí gobernaron algunos municipios que hoy se propone reservar”, declaró. Como ejemplo mencionó Romita, donde gobernó María Salinas.

El segundo frente que abre el PRI es el de las candidaturas independientes, y ahí el razonamiento tiene una simetría incómoda para el Instituto: si las independientes quedan sujetas a la restricción, se afecta el derecho de los hombres a contender por esa vía, que a diferencia de los partidos solo tienen una oportunidad de participación en el municipio donde compiten; si quedan excluidas, la medida pierde eficacia, porque podría ganar un independiente hombre y la acción afirmativa no garantizaría el resultado que invoca. “La medida deja de ser idónea, es decir, deja de garantizar el resultado que el Instituto invoca”, planteó Tiscareño.

El mismo reporte consigna que Morena en Guanajuato también analiza jurídicamente una impugnación. Jesús Ramírez Garibay, secretario general del partido en el estado, dijo que el equipo jurídico revisa la medida y que no hay decisión definitiva, y sostuvo que la paridad ya está regulada con un piso de mujeres por bloques de competitividad. Añadió que obligar a postular mujeres en 13 municipios específicos podría, en su lectura, cerrar espacios a candidatas en otras demarcaciones.

La lectura política

Lo que el PRI anuncia no es una defensa abstracta del principio de paridad, sino una disputa por el espacio de negociación de candidaturas municipales. Reservar 13 municipios a mujeres retira de la mesa un activo: la posibilidad de colocar hombres en esas demarcaciones. En un partido cuya fuerza territorial se sostiene en estructuras municipales y en acuerdos con otras fuerzas, cada municipio bloqueado es también un pago que ya no se puede ofrecer, y eso reordena expectativas internas, sobre todo donde hay aspirantes hombres con trabajo acumulado. Ese es el incentivo material detrás del litigio.

De ahí el cuidado del encuadre. El PRI no dice que esté contra la paridad; dice que cuestiona los términos del Instituto. Es el eufemismo clásico del litigio electoral: se impugna la metodología para no comparecer como el partido que combate una acción afirmativa. El costo comunicativo de esa foto es real, y explica por qué el énfasis está en constitucionalidad y proporcionalidad y no en el principio.

Hay una señal que conviene registrar: cuando PRI y Morena llegan por separado a la misma conclusión —revisar la vía jurídica—, la disputa real parece ser con el diseño del acuerdo más que con la paridad como objetivo. Eso reduce el costo político de cada uno y sugiere que la objeción técnica tiene algún sustento: la selección de municipios y su método son el punto jurídicamente más vulnerable.

Si la reserva se mantiene, las aspirantes mujeres de esos 13 municipios quedan colocadas en posición de visibilidad y ventaja anticipada, sin que eso constituya todavía candidatura alguna: no hay registros, ni precampañas formales, ni definición de bloques. Si cae, se reabre la baraja y regresa el espacio de negociación. La incertidumbre misma es un incentivo para litigar, porque retrasa definiciones y da tiempo a ordenar lealtades. Y en un estado donde los partidos ya se mueven —el reporte menciona una consulta del PAN entre militantes en nueve municipios—, medir quién impugna y quién no es también medir capacidad de ordenar el territorio rumbo a 2027.

Qué sigue

La definición inmediata está en el PRI: si presenta o no el recurso. Los plazos para impugnar actos de autoridad electoral son perentorios y cortos, por lo que la decisión debería conocerse en días, no en semanas. Morena corre su propio calendario interno y tampoco ha comprometido fecha. La ruta natural de cualquier impugnación es el tribunal electoral local, cuya resolución fijaría el criterio para el registro de candidaturas y podría convertirse en referencia para otros estados con medidas similares.

Falta información para medir la viabilidad del recurso: no se conoce el texto completo del acuerdo, ni la metodología exacta con la que el IEEG eligió los 13 municipios, ni el plazo específico que corre para impugnar. Sin esos elementos, cualquier pronóstico sobre el resultado es especulación.