PRI pide al INE blindar coaliciones contra sobrerrepresentación artificial

El representante del PRI ante el Instituto Nacional Electoral (INE), Emilio Suárez Licona, pidió que el instructivo de coaliciones impida que los convenios entre partidos sirvan para modificar artificialmente la representación política. La petición llegó durante la discusión del Consejo General sobre las reglas de coaliciones y precampañas rumbo a la elección federal de 2027, y no es un asunto de forma: ahí se define cuántos asientos y cuánta sobrerrepresentación puede acumular cada fuerza en la Cámara de Diputados.

“No estamos proponiendo evitar coaliciones, estamos proponiendo evitar coaliciones fraudulentas”, sostuvo el priista. Su planteamiento tiene dos piezas. Primera: cuando no pueda acreditarse con certeza la afiliación de una candidatura, debe existir un mecanismo explícito para determinar a qué partido se atribuye el triunfo. Segunda: cerrar la vía para que el convenio sea el instrumento que altere esa atribución y, con ella, el cálculo de la sobrerrepresentación. Movimiento Ciudadano acompañó el diagnóstico y pidió reglas más estrictas para verificar la afiliación efectiva, de modo que los convenios no rompan la correspondencia entre votos obtenidos y representación legislativa.

El punto técnico que ordena el debate es la “afiliación efectiva”: el criterio con el que se decide de qué partido es el candidato que ganó bajo un convenio. El consejero Arturo Castillo propuso que la fecha para determinarla sea la de aprobación del propio acuerdo que discute el Consejo General, justamente para que cambios posteriores en la militancia no muevan la atribución partidista de un triunfo ya obtenido.

El calendario también se movió

En paralelo, la consejera Carla Humphrey defendió reglas más claras para garantizar la paridad sustantiva y propuso fijar expresamente el 12 de febrero de 2027 como fecha de conclusión de las precampañas; el proyecto establecía el 4 de enero como inicio. El consejero Martín Faz objetó que los partidos tengan hasta el 5 de diciembre de 2026 para definir sus procedimientos de selección de candidaturas y planteó conservar el 31 de octubre, con el argumento de que un plazo más tardío comprime la revisión de las reglas internas y los mecanismos de defensa de la militancia. Su propuesta no prosperó.

El representante de Somos ante el INE, Marco Antonio Baños, advirtió que el proceso formal arranca cuando, a su juicio, buena parte de la actividad política lleva meses en marcha: “Las precampañas ya se desahogaron de manera anómala. Es un proceso que se ha estado desarrollando en la inequidad”. Suárez Licona apuntó en la misma dirección al señalar que recorridos, publicidad y actos anticipados ya ocurrieron, y cuestionó que el periodo que comienza en enero termine siendo solo la formalización de lo hecho antes.

La lectura política

Detrás del instructivo hay una pelea aritmética, y en la Cámara la aritmética es poder. La regla de afiliación efectiva decide a qué partido se le abonan los triunfos de coalición; si queda laxa, el convenio funciona en la práctica como una herramienta para concentrar votos y curules en un socio sin que los votos lo respalden. El PRI no habla desde la teoría: es una fuerza que en coalición puede aportar votos y perder asientos si el triunfo se acredita a otro partido, y que necesita reglas que encarezcan el uso de partidos pequeños como vehículo de representación. Movimiento Ciudadano llega al mismo punto desde su propia defensa. Que ambos coincidan en el Consejo no es una alianza: es un interés compartido en una regla.

La otra señal es la del calendario. Que la propuesta de Faz de conservar el 31 de octubre no haya prosperado deja a los partidos con más tiempo —hasta el 5 de diciembre de 2026— para definir sus procedimientos internos. En la práctica, eso amplía el margen de las dirigencias nacionales para negociar filtros y métodos de selección antes de que el árbitro revise las reglas. No es una candidatura ni una precandidatura: es la definición de quién controla el proceso interno, y esa discusión suele anteceder a las definiciones de nombres.

Hay un límite que conviene decir con claridad: el texto final del instructivo no está aprobado. Sin él no puede saberse si el mecanismo que pide el PRI será incorporado o si quedará como una declaración sin consecuencia normativa.

Qué sigue

El acuerdo sigue en discusión en el Consejo General. En la votación quedará firme o se ajustará el calendario: inicio de precampañas el 4 de enero de 2027 y, si prospera la propuesta de Humphrey, conclusión el 12 de febrero. También está pendiente la fecha límite para que los partidos definan sus procedimientos internos, hoy planteada para el 5 de diciembre de 2026. Falta conocer la redacción final del criterio de afiliación efectiva y si incluye el mecanismo de atribución que pide el PRI, punto que las representaciones partidistas anunciaron que seguirán de cerca.