PRI pide mesa de seguridad electoral en Edomex; apunta al gobierno por 2027

El Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso del Estado de México impulsa un exhorto para que el Gobierno estatal instale, a la brevedad, una Mesa Estatal de Seguridad para el Proceso Electoral 2026-2027. El destinatario importa tanto como la petición: no es el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), sino el Ejecutivo, que es quien controla policía, fiscalía y política de seguridad. Y el calendario importa igual: la bancada quiere la mesa antes de que arranquen las etapas sustantivas, no cuando ya estén desplegadas las campañas.

El argumento priista es que en la elección se renovarán mil 291 cargos —diputaciones locales, presidencias municipales, sindicaturas y regidurías— y que el proceso ya comenzó: según el propio exhorto, arrancó el 14 de septiembre. Con ese calendario, sostienen las y los diputados, no hay razón para esperar a las campañas para empezar a prevenir agresiones, amenazas y otras formas de violencia contra personas vinculadas a la actividad política.

Qué pide el exhorto

La propuesta no se limita a pedir una reunión. Plantea que en la mesa participen las secretarías General de Gobierno y de Seguridad, la Fiscalía estatal, el IEEM, las representaciones de los partidos políticos, autoridades federales de seguridad y procuración de justicia y, cuando resulte procedente, las autoridades municipales. Pide además que el Gobierno estatal actualice, antes del inicio formal de las etapas sustantivas, el Mapa Estatal de Riesgos para la Seguridad Electoral, con identificación de zonas de alta incidencia delictiva, conflictividad social y cualquier factor que pueda inhibir un proceso pacífico.

Ese paquete se completa con mecanismos de alerta temprana y respuesta inmediata para amenazas y agresiones contra candidaturas, dirigencias, militancia, representantes partidistas, autoridades electorales y ciudadanía; un Protocolo Estatal de Prevención y Atención de Violencia Política; y reuniones periódicas de la mesa con informes públicos sobre la evolución de los riesgos y las acciones preventivas aplicadas. Por sí mismo, el exhorto no crea ningún órgano ni obliga a nadie: los puntos de acuerdo no son vinculantes. Lo que hace es dejar constancia pública de una petición, de un plazo y de un responsable.

La lectura política

En la práctica, el PRI está usando el instrumento más barato que tiene a mano en el Congreso local. Un exhorto no compromete presupuesto, no asigna responsabilidad de resultado y no exige negociar una sola partida; su costo es un punto de acuerdo y su rendimiento es una posición pública sobre el tema más rentable que existe hoy en el Estado de México: la seguridad. Al pedir una mesa de coordinación, el partido habla del deterioro de la seguridad sin necesidad de discutir cifras de homicidios ni de nombrar a nadie.

Hay, sin embargo, algo más que retórica. La mesa que propone el PRI sería el espacio donde circularía la información sobre riesgo electoral: el mapa estatal, las alertas tempranas, el protocolo. Quien está sentado en ese espacio influye en la definición de si el proceso transcurre en condiciones aceptables o no. Además, la petición llega a un gobierno estatal de Morena desde una bancada que dejó la gubernatura en 2023 y que ya no puede responder por la seguridad del estado, pero sí puede exigir que otro lo haga. Si en 2026 o 2027 ocurre un hecho de violencia política relevante, el PRI ya habrá documentado ante el Congreso que pidió prevención con meses de anticipación. La exigencia funciona, también, como una asignación anticipada de culpa.

Falta un elemento para medir el alcance real del movimiento: no hay evidencia, en el material disponible, de que otras bancadas lo respalden ni de que el Ejecutivo estatal haya respondido. Tampoco aparece ninguna persona asociada al exhorto ni cargo alguno en disputa. Eso importa para clasificarlo con precisión: no es una candidatura formal, no es una precandidatura de facto ni siquiera un posicionamiento personal. Es posicionamiento temático y parlamentario, con un mensaje hacia afuera —2027 será concurrente con la elección federal y el padrón mexiquense es el mayor del país, de modo que lo que se acuerde en Edomex suele marcar el estándar— y un mensaje hacia adentro, para una militancia golpeada que necesita ver a su partido fijando agenda en el estado más grande.

Qué sigue

El exhorto tendrá que discutirse y votarse en el Congreso local; el texto difundido no precisa fecha de sesión ni si Morena y sus aliados lo acompañarán. El Gobierno del Estado no ha fijado postura pública sobre la mesa ni sobre la actualización del mapa de riesgos, según lo disponible. Si el punto de acuerdo avanza, los pasos verificables son tres: la instalación de la mesa con todas las instancias enlistadas, la publicación del mapa estatal actualizado antes del arranque formal de las etapas sustantivas y la emisión del protocolo de violencia política. El calendario que fija esos plazos depende del IEEM, y el exhorto no lo detalla: ahí está el hueco por el que la petición puede quedarse en declaración.