RUTA 27 · MEDIUM
PRI Tamaulipas exige auditoría al INE y condiciona credibilidad de 2027
El representante priista Teodoro Molina Reyes pide revisar contratos de boletas, padrón y la actuación de los 32 OPLE, tras la renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del instituto.
Teodoro Molina Reyes, representante del PRI ante los órganos electorales en Tamaulipas, exigió al INE auditorías al padrón, a los contratos de boletas y a los 32 OPLE, y advirtió que las presuntas irregularidades administrativas y financieras ponen en riesgo la credibilidad de los comicios de 2027. La renuncia de Guadalupe Taddei, dijo, es insuficiente sin consecuencias legales.
El representante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) ante los órganos electorales en Tamaulipas, Teodoro Molina Reyes, advirtió que las presuntas irregularidades administrativas y financieras en el Instituto Nacional Electoral (INE) ponen en riesgo la credibilidad de las elecciones intermedias de 2027 y exigió una investigación integral con auditorías al padrón electoral, a la elaboración de boletas y al desempeño de los organismos electorales locales.
La exigencia no llega en abstracto. Molina Reyes, también apoderado legal del PRI, sostuvo que la renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del INE resulta insuficiente para esclarecer los señalamientos sobre licitaciones, contratación de proveedores y manejo de información electoral. "Ya está la renuncia, qué bueno, pero si hay una renuncia, es que hay evidencia de que hubo irregularidades en los manejos financieros de este instituto y eso debe tener consecuencias", expresó.
El priista pidió revisar particularmente los contratos vinculados con la elaboración de boletas electorales y la administración del padrón de ciudadanos, al considerar que cualquier irregularidad en esas áreas podría comprometer la confianza en los próximos comicios. También planteó auditar los sistemas del INE y del Registro Federal de Electores, además de revisar el funcionamiento de los 32 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) para descartar influencias indebidas en la designación de consejeros.
De la renuncia a la exigencia de consecuencias
La secuencia importa: primero la salida de la presidenta del INE, después la demanda de que esa salida no cierre el expediente. Molina Reyes exige que las investigaciones determinen posibles responsabilidades legales y que se suspendan los vínculos contractuales con proveedores involucrados en eventuales irregularidades. Es decir, traslada el conflicto del terreno de la renuncia —un hecho consumado— al de la fiscalización y la sanción, donde el PRI puede seguir fijando agenda.
El representante priista también acusó a Morena de intentar influir en las instituciones electorales y pidió que el partido oficialista se mantenga al margen de sus decisiones. La acusación no viene acompañada en la evidencia disponible de una resolución administrativa o jurisdiccional que la acredite; se trata, por ahora, de una imputación política.
El punto más sensible de la exigencia es el padrón electoral y la cadena de producción de boletas, porque son las dos piezas cuya integridad nadie puede permitirse poner en duda sin afectar por igual a todos los partidos.
La lectura política
En la práctica, la intervención de Molina Reyes funciona como un posicionamiento de partido en el arranque del ciclo electoral 2027, más que como una candidatura o precandidatura: no hay aquí un nombre propio en disputa, sino la construcción de un marco de desconfianza hacia el árbitro que el PRI podrá invocar durante todo el proceso.
El incentivo es claro. Un partido que llega debilitado a una elección intermedia tiene pocas herramientas para nivelar la competencia; una de ellas es instalar la discusión sobre la equidad de la cancha. Al exigir auditorías al padrón, a las boletas y a los OPLE, el PRI coloca al INE en posición de tener que demostrar su limpieza, y cualquier hallazgo posterior —real o no— quedará enmarcado en esta advertencia previa. Es una jugada de expectativas: si el proceso sale limpio, el partido puede atribuirse parte de la vigilancia; si hay irregularidades, ya dejó constancia de haberlas anticipado.
El equilibrio interno también cuenta. Tamaulipas es un territorio donde el PRI ha disputado palmo a palmo con Morena, y la revisión de los OPLE toca directamente la designación de consejeros locales, un terreno donde los partidos negocian cuotas de influencia. Pedir que se revise esa designación es, además de una demanda de transparencia, una forma de presionar sobre un reparto que aún no se cierra.
La señal que envía a aliados y adversarios es que el PRI no piensa aceptar la renuncia de Taddei como moneda de cambio y que llevará la discusión de la integridad electoral al terreno de los contratos y los procedimientos, donde tiene capacidad técnica para litigar.
El límite de la lectura es igual de relevante: no existe en la evidencia una resolución que confirme las irregularidades señaladas, ni una investigación formal anunciada por la autoridad electoral o la fiscalía. La exigencia es, hasta ahora, una demanda política de un representante partidista, no una conclusión jurídica.
Qué sigue
El INE deberá definir si abre o amplía procedimientos de auditoría sobre los contratos de boletas y el padrón, y si hace pública la ruta de revisión de los 32 OPLE. El PRI, por su parte, tiene pendiente formalizar su petición por escrito ante el Consejo General o la Junta Local en Tamaulipas, lo que permitiría medir si la exigencia se convierte en un recurso institucional o se queda como declaración. La designación de la nueva presidencia del INE y el calendario de fiscalización de proveedores serán los siguientes puntos de verificación antes de que arranque formalmente el proceso de 2027.