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RUTA 27 · MEDIUM

PT pausa la coalición con Morena y entrampa la ruta de las 17 gubernaturas

Acosta acusó que las mesas técnica, jurídica y de encuestas nunca operaron y que Morena anunció sondeos y coordinadores estatales sin el PT. La dirigencia petista evita hablar de ruptura definitiva.

Ilustración editorial de Ruta 27 sobre encuestas de opinión pública
Ilustración editorial de Ruta 27; no representa una fotografía del acontecimiento.
EN 30 SEGUNDOS

El Partido del Trabajo pausó la negociación de la coalición con Morena para 2027. Su comisionado en San Luis Potosí, Gerardo Acosta, acusó que no se instalaron las mesas pactadas y que Morena lanzó encuestas y coordinadores estatales por su cuenta. El PT no declara ruptura: pide mesa jurídica y encuestas conjuntas. Están en juego 17 gubernaturas.

El Partido del Trabajo (PT) pausó a nivel nacional los trabajos de coalición con Morena rumbo a 2027. Lo reveló Gerardo Acosta, comisionado político nacional del PT en San Luis Potosí, en entrevista telefónica, y lo hizo con una precisión que importa: no habló de ruptura, habló de pausa. En la política mexicana esa diferencia no es semántica. Una pausa es una palanca de negociación; una ruptura es un costo. Lo que se discute no es el programa ni el discurso de la alianza, sino quién fija el calendario y las reglas con las que se repartirán las 17 gubernaturas que se disputan en 2027.

Las mesas que nunca se instalaron

Acosta detalló que la coalición acordó tres mesas de trabajo: la técnica, que sesionaría cada martes para abordar temas nacionales; la jurídica, para resolver diferencias, y la de encuestas, que él mismo calificó como la más importante, encargada de fijar el calendario para las 17 gubernaturas. Según su versión, ninguna operó: «El tiempo transcurrió y ninguna de las mesas prácticamente se creó. Nunca hubo fechas para las encuestas, nunca hubo prácticamente nada de lo que se había acordado».

El punto de mayor fricción es el método. El acuerdo, que incluía al Partido Verde, contemplaba sondeos conjuntos y calendarios consensuados. Acosta acusó que Morena realizó encuestas por su cuenta, dio a conocer a sus referentes y anunció a los coordinadores estatales de la transformación sin tomar en cuenta al PT. «Ante esta situación, al no ser tomados en cuenta, se tiró la mesa de alianza y se decidió pausar los trabajos», afirmó.

A esa fractura nacional le sumó «ingredientes locales» en Michoacán, Zacatecas, Baja California y San Luis Potosí, donde, dijo, siguen sueltas varias situaciones por parte de la dirigencia nacional de Morena. En San Luis Potosí el PT promueve a Gerardo Sánchez Zumaya y reclama haber sido decisivo en triunfos de coaliciones pasadas sin ser tomado en cuenta por el gobierno en turno.

Pese al tono, Acosta evitó declarar el fin de la alianza: «El espíritu del trabajo no es romper con la coalición. De ahí vino el pausamiento, para poner orden». Pidió a los negociadores de Morena una explicación de por qué no se respetaron los acuerdos nacionales, además de encuestas espejo y la instalación de la mesa jurídica. Y marcó una frontera: «Lo que se ha dado a conocer son números de Morena, no los números del PT».

Hasta aquí, el planteamiento proviene de un dirigente estatal del PT. No hay confirmación pública de la dirigencia nacional petista ni respuesta de Morena, y ese dato falta para medir la magnitud real de la pausa.

La lectura política

La pausa funciona, en la práctica, como una jugada de posicionamiento antes que como un divorcio. El PT no tiene votos para imponer nombres en 17 gubernaturas, pero sí capacidad de alterar la aritmética donde su aporte local es decisivo. Su activo en la mesa es el costo que tendría para Morena una alianza sin él.

La verdadera moneda de esta negociación es la encuesta. Quien controla la fecha del sondeo y la casa que lo levanta controla, de facto, la asignación de candidaturas. Por eso el reclamo de Acosta es procedimental y no ideológico: no discute el proyecto, discute que no aparece en el reparto. La mesa de encuestas era, en realidad, la mesa del poder.

El anuncio de coordinadores estatales de la transformación cumple una función conocida: coloca a los designados en posición de salida, con estructura, nombre y presencia territorial. Es una precandidatura de facto, aunque en términos legales no haya todavía candidatura ni precandidatura registrada, el proceso electoral de 2027 no haya arrancado formalmente y no exista convenio de coalición formalizado ante la autoridad electoral. La distancia entre la función política y la figura jurídica es, aquí, toda la distancia.

Los incentivos son simétricos. Morena quiere llegar ordenado, con un solo método de selección y sin comprometer cuotas anticipadas; el PT quiere que su firma valga antes de que los nombres estén cocinados. El riesgo petista es doble: quedar como el socio que se queja o ser absorbido. Su carta es el reloj. En 2027 no se elige la Presidencia: se renueva la Cámara de Diputados federal y se disputan 17 gubernaturas, además de congresos locales. Es una elección de territorio, y ahí el trabajo de base pesa más que el aparato nacional.

La señal va en tres direcciones: al Partido Verde, que observa desde la misma mesa y puede usar la pausa como argumento propio; a los aspirantes locales que esperan definiciones; y a la oposición, que leerá cualquier fisura como oportunidad. Morena gana margen si el reclamo se queda en declaración. El PT gana margen si logra que la mesa jurídica sesione y le devuelva por escrito lo pactado.

Qué sigue

El primer indicador verificable no será un comunicado, sino la agenda. Acosta dijo que la mesa técnica sesionaría cada martes: si vuelve a convocarse en los próximos días, la pausa será retórica; si el silencio se prolonga, la negociación se estará haciendo por otras vías. El segundo es la explicación que el PT exige a los negociadores de Morena, junto con las encuestas espejo y la mesa jurídica. El tercero es San Luis Potosí, donde el PT ya tiene nombre propio y deberá decidir si lo sostiene en solitario.

El calendario todavía no obliga: los convenios de coalición se registran ante la autoridad electoral en etapas posteriores del proceso, lo que deja a ambas partes margen para negociar sin costo legal inmediato. Lo que se mide en esta pausa no son votos, sino lealtades y capacidad de presión.