PT reclama crédito por el triunfo en BCS y aprieta la negociación de 2027

El dirigente estatal del Partido del Trabajo (PT) en Baja California Sur y diputado federal, Luis Armando Díaz, afirmó que "en Baja California Sur, sin los votos del PT, Víctor Castro no fuera gobernador". La frase no es un recuento de archivo: se pronuncia antes de que Morena defina quién coordinará los trabajos de la Cuarta Transformación en la entidad, posición que en la práctica funciona como la plataforma desde la que se competirá por la gubernatura en 2027.

Díaz lo dijo en una reunión partidista y lo acompañó con un argumento de estatus: sostuvo que el PT no fue un aliado circunstancial del bloque que llevó a Morena al gobierno estatal, sino una fuerza con trabajo territorial permanente que merece reconocimiento. Añadió que su partido ha exigido "respeto al trabajo" a través de su dirigencia nacional y que la militancia petista ha caminado junto a las demás fuerzas aliadas.

Reivindicación con destinatario

La reivindicación tiene nombre. En las últimas semanas el PT ha impulsado públicamente a Christian Agúndez, alcalde de Los Cabos, como una de sus principales cartas para encabezar los trabajos políticos del movimiento en la entidad. El partido no solo reclama crédito por el pasado: pide un lugar en el reparto del futuro. No hay rompimiento entre Morena y el PT, pero el pronunciamiento evidencia diferencias sobre cuánto pesa cada uno en la coalición que en 2021 llevó a Víctor Castro Cosío a la gubernatura.

La lectura política

El movimiento tiene una función práctica: convertir el crédito electoral en moneda de cambio en el momento exacto en que se reparten posiciones. Cuando el partido que decide —Morena— aún no anuncia a su coordinador, el socio menor tiene una ventana para fijar precio. Después de la designación, esa ventana se cierra.

Conviene distinguir figuras. La coordinación de los trabajos de la Cuarta Transformación es, en términos formales, un encargo partidista: no es candidatura, no es precandidatura registrada ante autoridad electoral alguna y no existe todavía proceso legal abierto para 2027. Políticamente, sin embargo, opera como precandidatura de facto: quien la ocupe será, con altísima probabilidad, el rostro del bloque oficialista en la sucesión estatal. Nada de eso está decidido.

Los incentivos apuntan en direcciones distintas. Morena necesita definir sin que la definición se lea como cesión a presión externa. El PT necesita demostrar que su apoyo vale algo, porque de eso depende su peso en la negociación de 2027 y en otras entidades donde es socio. Agúndez necesita que su partido lo coloque en la conversación sin que el impulso derive en ruptura. La señal es doble: a los aliados, que el PT cobra; a los adversarios, que el bloque no está cerrado.

La evidencia disponible no permite afirmar que el PT tenga capacidad de veto. Falta el dato duro —cuántos votos aportó en 2021— y falta saber si su dirigencia nacional respalda formalmente a Agúndez. Sin eso, la reivindicación es un posicionamiento con fuerza simbólica, no una amenaza verificable.

Qué sigue

La definición de Morena sobre la coordinación en Baja California Sur es el primer punto de verificación: cuando llegue, se sabrá si la presión petista se tradujo en reconocimiento, en un cargo para Agúndez o en nada.

Después, dos señales concretas: si la dirigencia nacional del PT formaliza su respaldo a una carta propia y si alguna fuerza involucrada deja de acompañar los acuerdos del bloque. Mientras el tono se mantenga en declaraciones, la coalición sigue operando; el umbral se cruza cuando alguien deja de votar con el resto.

En el calendario, el proceso electoral de 2027 —con sus plazos de precampaña y registro fijados por la autoridad electoral local— es el punto donde el lenguaje informal de la "coordinación" tendrá que convertirse en figuras jurídicas. Ahí se verá si el crédito reclamado hoy alcanzó para algo.