PT y Verde convierten su apoyo a Morena en una negociación cada vez más cara

La disputa por las candidaturas de 2027 dejó de leerse como un trámite interno de Morena. En la mesa de debate que Pamela Cerdeira conduce en MVS Noticias, la politóloga Ivabelle Arroyo y el analista Carlos Pérez Ricart coincidieron el 22 de septiembre en que el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) dejaron de comportarse como socios subordinados: hoy funcionan, en la práctica, como los principales contrapesos del oficialismo. “Las disputas con el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde por las candidaturas de 2027 han convertido a los aliados del oficialismo en sus principales contrapesos”, planteó Pérez Ricart.

Ninguno de los dos habló de ruptura. Describieron algo más incómodo para el Gobierno: una negociación cuyo precio sube porque los socios ya no compiten sólo por cargos, sino por capacidad de veto. “Son hermanitos”, ironizó Pérez Ricart antes de recurrir a la historia de Abel y Caín para describir una alianza atravesada por la competencia. Su lectura es que la debilidad del PRI, el PAN y el PRD —resultado de la ofensiva del expresidente Andrés Manuel López Obrador— permitió el crecimiento de partidos que hoy usan su fuerza electoral y legislativa para exigir posiciones. “El Partido Verde y el Partido del Trabajo son grupos de interés”, sostuvo.

El precio de la coalición

Los reclamos son concretos. El Verde pretende conservar espacios como San Luis Potosí y competir por Quintana Roo; el PT reclama candidaturas en Nuevo León y Baja California Sur. Conviene precisar el estatus jurídico de esas piezas: ninguna es una candidatura registrada. Se trata de aspiraciones y posicionamientos dentro de procesos de selección que, en términos legales, no han quedado formalmente resueltos. Lo que ya opera es la amenaza implícita de postular alternativas si Morena no atiende las demandas, una jugada que dividiría el voto oficialista y abriría espacio a la oposición.

El precedente que citó Pérez Ricart es Veracruz, donde el PT compitió sin Morena en diversos municipios y obtuvo algunos resultados favorables. El analista advirtió que esa estrategia no puede repetirse indefinidamente ni trasladarse automáticamente a elecciones estatales: recordó que el partido estuvo cerca de perder su registro nacional en 2015 y que una apuesta excesiva podría convertirse otra vez en “un tiro en el pie”.

Arroyo apuntó a una motivación más amplia que las gubernaturas. Al elevar el precio de su apoyo, el PT también busca aumentar su influencia en el Congreso durante la próxima legislatura. Y describió el desencuentro como un choque de formatos: Morena busca preservar la unidad de la coalición y presentar candidatos competitivos, pero puede estar tratando a sus socios como integrantes subordinados de una estructura jerárquica, mientras el PT pretende ser reconocido como un aliado con capacidad propia de negociación. “No hay uno bueno y uno malo, uno demócrata y otro no demócrata”, señaló.

El diferendo se extendió a la reforma constitucional impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum para exigir nacionalidad exclusivamente mexicana a quien aspire a la Presidencia, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. El proyecto obligaría a renunciar a la otra nacionalidad antes del registro, entraría en vigor en 2028 y requiere mayoría calificada, por lo que Morena necesita a sus aliados. Pérez Ricart defendió la restricción para la Presidencia —quien dirige el Ejecutivo y las Fuerzas Armadas debe tener un solo vínculo jurídico, dijo— pero rechazó que se extienda automáticamente a los gobernadores. Arroyo coincidió en que puede discutirse una exigencia especial para cargos ejecutivos, aunque advirtió un problema práctico: no todos los países permiten renunciar a la nacionalidad bajo las mismas reglas y la pérdida puede ser permanente. “Me parece que está mal implementada”, resumió. Cerdeira fue más crítica y sostuvo que la reforma puede introducir una distinción entre “mexicanos a medias y mexicanos completos”.

La lectura política

La función práctica del movimiento es clarificar precios antes de que arranquen formalmente los procesos de 2027. El PT y el PVEM no están rompiendo: están midiendo cuánto vale su lealtad y colocándose en posición de cobrarla en dos monedas, candidaturas estatales e influencia legislativa. La paradoja que describió Pérez Ricart es precisa: Sheinbaum conserva una posición sólida frente a una oposición debilitada, pero enfrenta mayores dificultades para disciplinar a los grupos que integran su propio movimiento. “La política no sucede frente a la oposición, sino en los reacomodos internos de la 4T”, afirmó.

El riesgo es simétrico. Una ruptura costaría a Morena votos y eventualmente su mayoría legislativa; al PT y al Verde, los gobiernos que reclaman y la responsabilidad de una derrota del oficialismo. Por eso el escenario más probable no es la separación, sino una negociación más lenta y más cara, con la reforma de doble nacionalidad como primera prueba de fuerza verificable: ahí el apoyo aliado no está garantizado y su voto es aritméticamente indispensable. Lo que falta para sostener una lectura más dura es evidencia de candidaturas propias registradas o de rupturas consumadas; hasta ahora sólo hay demandas públicas y amagos.

Qué sigue

El primer marcador será la discusión legislativa de la reforma de doble nacionalidad: si el PVEM y el PT la respaldan sin condiciones o la usan como moneda de cambio. El segundo, la definición de candidaturas en San Luis Potosí, Quintana Roo, Nuevo León y Baja California Sur, donde se verá si Morena cede espacios o impone su criterio. La señal a observar es simple: si algún aliado registra candidatura propia, la advertencia habrá dejado de ser retórica.