Puebla: inhabilitan a Rivera y abren expediente a Muñoz por violencia de género

El Tribunal de Justicia Administrativa del estado de Puebla impuso una inhabilitación de 15 años y una sanción de 15 millones de pesos al exalcalde capitalino Eduardo Rivera, una resolución que sacude al panismo local en un momento de reacomodo interno. En paralelo, el Tribunal Electoral admitió una queja por presunta violencia política de género contra Omar Muñoz, edil de Cuautlancingo, y le otorgó 48 horas para responder y abstenerse de cualquier acción que denigre, invisibilice o excluya a la regidora Ana Laura Papaqui.

La inhabilitación de 15 años contra Eduardo Rivera es la sanción más severa que ha enfrentado el exalcalde y deja al PAN de Puebla sin uno de sus cuadros con mayor proyección. La resolución del tribunal administrativo no sólo afecta su futuro inmediato: también obliga a la dirigencia albiazul a recalcular su mapa de candidaturas y su capacidad de negociación con el gobierno estatal y con el resto de la oposición.

La reacción no se hizo esperar. Los regidores del PAN en el Cabildo de Puebla salieron a cerrar filas en total solidaridad con Rivera y su equipo. El pronunciamiento albiazul llega tras la dura resolución del Tribunal de Justicia Administrativa estatal, que impuso una inhabilitación de 15 años y una sanción de 15 millones de pesos contra el exedil. Es un respaldo que busca contener el daño político, pero que también ata al grupo municipal a la suerte judicial del exalcalde.

La lectura política

El doble golpe tiene una lectura cruzada. Por un lado, el PAN capitalino pierde margen de maniobra: la inhabilitación de Rivera, si se confirma en las siguientes etapas, lo saca de cualquier contienda y debilita la estructura que construyó en la ciudad. Por el otro, Morena no queda indemne: la queja admitida contra Omar Muñoz en Cuautlancingo, municipio conurbado de peso, coloca al edil en una posición defensiva y lo obliga a responder en 48 horas ante el Tribunal Electoral.

El expediente contra Muñoz incluye medidas cautelares y de protección a favor de la regidora Ana Laura Papaqui, quien acusó un hostigamiento sistemático que llevó las diferencias al terreno personal. La resolución le exige al alcalde abstenerse de cualquier acción que la denigre, invisibilice o excluya, lo que en la práctica le impone un cerco a su conducta pública y a la relación con el cabildo.

El timing es políticamente incómodo para ambos bandos. El PAN enfrenta el costo de defender a un exalcalde inhabilitado mientras intenta reconstruir su narrativa de gobierno. Morena, que gobierna el estado y buena parte de los municipios, debe administrar un caso de violencia política de género en su propio territorio, justo cuando el discurso de paridad y protección a las mujeres es parte central de su oferta política.

La resolución administrativa contra Rivera y la admisión de la queja contra Muñoz muestran que los tribunales locales se están convirtiendo en arena de disputa política en Puebla. Ninguno de los dos casos está cerrado: la inhabilitación puede ser impugnada y la queja electoral apenas inicia su instrucción. Pero ambos ya producen efectos: obligan a los partidos a reordenar sus cuadros y a los actores a medir cada movimiento.

Qué sigue

En el caso de Rivera, el siguiente paso es la ruta de impugnación. La resolución del Tribunal de Justicia Administrativa estatal puede ser combatida en instancias judiciales, y el PAN capitalino ya anticipó su respaldo al exedil. El desenlace definirá si la inhabilitación se sostiene o se revierte, y con ello el futuro político inmediato del panismo en la capital.

En Cuautlancingo, Omar Muñoz tiene 48 horas para responder a la queja y ajustarse a las medidas cautelares. El Tribunal Electoral deberá valorar si la conducta denunciada configura violencia política de género y, en su caso, imponer sanciones. El expediente también pone bajo escrutinio la relación entre el edil y la regidora Papaqui, y la forma en que se ejerce el poder municipal.

Lo que falta por confirmar es el alcance final de ambas resoluciones: la evidencia disponible no permite anticipar si la inhabilitación de Rivera quedará firme ni si la queja contra Muñoz derivará en una sanción. Esa incertidumbre es, en sí misma, parte del cálculo político de ambos partidos en Puebla.