Puebla: una decena de funcionarios deja el gabinete para buscar candidatura de Morena

El proceso interno de Morena ya tocó la nómina del gobierno de Puebla. El coordinador de Gabinete, José Luis García Parra, confirmó que al menos una decena de funcionarios estatales dejó sus cargos después de que el partido publicó la convocatoria para definir candidaturas a diputaciones federales rumbo a 2027. La cifra no es un detalle administrativo: marca el momento en que un gobierno de la misma fuerza política opera como bolsa de aspirantes y obliga al equipo del gobernador Alejandro Armenta Mier a administrar salidas y encargados de despacho.

Salidas confirmadas y cargos en interinato

Entre los casos mencionados está el de Miriam Aquino Mena, quien dejó la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti) tras alrededor de ocho meses al frente y busca un cargo de elección popular en la zona de Amozoc. Héctor Silva quedó como encargado de despacho de esa dependencia. Otro perfil que se separó es Juan Enrique Rivera Reyes, quien dejó la Comisión de Búsqueda de Personas y se registró en el proceso interno de Morena para la coordinación distrital federal de Zacatlán.

García Parra sostuvo que no hubo despidos: los funcionarios optaron por proyectos políticos propios y por ejercer sus derechos político-partidistas. La instrucción girada a las dependencias, dijo, fue designar de inmediato encargados de despacho que conozcan programas y proyectos, mientras se define quién ocupará cada posición de manera definitiva. También dejó abierta la posibilidad de que alguno regrese a la administración si no concreta una candidatura, aunque la decisión final sería de Armenta. El propio coordinador aclaró que él no competirá en 2027 y permanecerá en el cargo hasta el final de la administración.

La lectura política

Conviene no confundir el registro en un proceso interno con una candidatura. Hasta ahora hay renuncias y registros; no hay candidaturas aprobadas ni constancias. Lo que sí puede describirse con precisión es la función práctica del movimiento: funcionarios con cargos administrativos se posicionan dentro de la estructura territorial de Morena antes de que el partido cierre sus listas, y lo hacen con el costo calculado de dejar la nómina.

El incentivo es claro. Un puesto en el gabinete ofrece visibilidad acotada; una diputación federal o una coordinación distrital abre tribuna, recursos y una ruta de permanencia política más larga. La ventana, además, es corta: quien no se registra cuando el partido publica la convocatoria queda fuera del reparto. Por eso las renuncias llegan en bloque y no como decisiones aisladas.

Para el gobierno de Puebla el saldo es ambivalente. Pierde cuadros con conocimiento de programas, pero gana distancia frente a una contienda interna que promete fricciones. El encargado de despacho es la salida de bajo costo: garantiza continuidad operativa, es revocable y no compromete al gobernador con ningún aspirante. Que Armenta conserve la decisión sobre eventuales regresos refuerza su control sobre la puerta de entrada y salida del gabinete.

Hay además una señal hacia dentro de Morena. Que el coordinador de Gabinete —uno de los cargos más cercanos al gobernador— anuncie que no buscará nada en 2027 ordena el tablero: quien administra la operación política no compite por los mismos espacios que supervisa.

El límite de la evidencia es doble: no se conoce la lista completa de los diez o más casos y no hay resolución de autoridad electoral sobre la legalidad o los plazos de estas separaciones. Sin ese dato, la lectura más firme es la de posicionamiento anticipado, no la de una ruptura en el gabinete.

Qué sigue

García Parra anticipó que las salidas podrían aumentar conforme avancen las siguientes convocatorias del proceso interno, incluida la de presidencias municipales, que amplía el universo de cargos en disputa. En paralelo, el gobierno estatal deberá definir titulares definitivos en las áreas acéfalas. El calendario a seguir: publicación de nuevas convocatorias de Morena, registros y resultados del proceso interno, y la decisión de Armenta sobre los funcionarios que quieran volver. Después vienen los plazos formales de separación de cargo que fije la autoridad electoral para 2027, el punto donde las salidas voluntarias se convierten en requisito legal.