PVEM pide fiscalizar promoción del alcalde de SLP rumbo a 2027

La diputada federal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) María Graciela Gaitán Díaz pidió a la Contraloría Municipal de San Luis Potosí y al Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) que investiguen el presunto uso irregular de recursos públicos del Ayuntamiento capitalino para promocionar la imagen del alcalde Enrique Galindo Ceballos. El pronunciamiento parece un asunto de control interno, pero la legisladora lo enmarcó explícitamente como "promoción política de cara al proceso electoral de 2027": con eso movió el caso del terreno de la publicidad oficial al de la sucesión.

El detonante es un dato verificable. Una publicación difundida desde la cuenta personal de Facebook del presidente municipal aparece etiquetada por la plataforma como "Publicidad · Pagado por Municipio de San Luis Potosí", con su imagen y su nombre bajo el concepto "La grandeza de San Luis". Esa etiqueta, que la plataforma genera a partir del gasto declarado por quien compra el espacio, no acredita por sí sola una ilegalidad, pero sí establece quién pagó y qué figura quedó asociada al anuncio.

Gaitán sostuvo que el Segundo Informe de Gobierno "desvirtuó su objetivo de rendición de cuentas debido al montaje realizado y a la promoción política del presidente municipal". Contrastó el gasto con demandas ciudadanas que siguen abiertas —baches, seguridad y abasto de agua— y pidió que los órganos fiscalizadores revisen la difusión del informe y determinen si hay responsabilidades administrativas o sanciones.

Lo que todavía no existe

Con la evidencia disponible, el pronunciamiento es una declaración en entrevista, no una denuncia documentada. No consta expediente abierto, monto del gasto cuestionado, ni respuesta del Ayuntamiento, de la Contraloría o del IFSE. Afirmar que hubo desvío o anticipar sanciones exigiría al menos uno de esos elementos; hoy tampoco hay señalamiento penal contra el alcalde.

Y hay un detalle de diseño institucional que conviene tener a la vista. La Contraloría Municipal es un órgano de control interno del propio Ayuntamiento señalado, y su titularidad pasa por el cabildo. El IFSE, aunque de naturaleza técnica, se designa desde el entramado estatal que convive con el gobierno del PVEM, el partido de la legisladora que pide la revisión. Ninguna de las dos rutas es neutral en términos de incentivos.

La lectura política

En la práctica, la petición funciona menos como vía de sanción inmediata que como instalación de un expediente político. Si la Contraloría o el IFSE abren revisión, el alcalde pasará el ciclo electoral explicando el gasto; si no la abren, la diputada podrá reclamar omisión. En ambos escenarios gana visibilidad un tema que hasta ahora no había rebasado el ámbito local.

Hay un incentivo adicional en el calendario. Los diputados federales no pueden reelegirse de forma consecutiva: 2027 obliga a Gaitán a buscar otro cargo o una nueva posición, y colocar una bandera de fiscalización en la capital potosina construye capital político a bajo costo. Nada de eso descarta que se trate de fiscalización genuina, que es la función que le corresponde como legisladora; simplemente explica por qué el tema aparece ahora y no antes.

Del otro lado, Galindo rinde su Segundo Informe en la antesala del año en que San Luis Potosí renueva su gubernatura, y la capital es plataforma natural de cualquier aspiración. Eso no lo convierte en candidato ni en precandidato de facto: no hay registro, aspiración declarada ni estructura visible. Lo que existe es promoción de imagen desde una cuenta personal con etiqueta de pago municipal. Si ese patrón se sostiene y se financia con recursos públicos, podría leerse como precampaña de facto; con lo que hay hoy, la descripción precisa es posicionamiento.

La señal corre en dos direcciones. Hacia el Ayuntamiento: que promoverse puede auditarse. Hacia dentro del PVEM y del bloque que disputará la sucesión: el partido que gobierna el estado no aparece como escudo del alcalde capitalino, y el tema ya tiene dueño legislativo.

Qué sigue

La primera decisión verificable es si la Contraloría Municipal abre expediente o responde públicamente la petición. En paralelo, el punto a seguir en el IFSE es si el gasto de difusión se incorpora a la revisión de la cuenta pública municipal 2026, que es la vía natural por la que se fiscaliza comunicación social; su desenlace cae ya en 2027.

Para el lector, hay dos comprobaciones independientes: el registro del anuncio en la biblioteca de publicidad de la plataforma y la partida de difusión del Ayuntamiento en la cuenta pública. Si el proceso electoral local arranca formalmente ante el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC), los mismos hechos podrían migrar del terreno administrativo al electoral, donde se juzgan la promoción personalizada y los actos anticipados. Falta también saber si otras voces legislativas se suman o si el asunto se queda en un pronunciamiento aislado.