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PVEM Sonora rechaza amenaza atribuida a su dirigente y prevé acciones legales
La acusación la presentó Alí Camacho, dirigente del Partido Sonorense, ante la Fiscalía estatal. El Verde dice que conoce el caso, que colaborará si es requerido y que analiza demandas por la honra de su dirigencia.
El PVEM en Sonora negó que su dirigente estatal, Manuel “Maloro” Acosta, haya enviado una amenaza de muerte al líder del Partido Sonorense, Alí Camacho, quien afirma haber denunciado ante la Fiscalía estatal. El Verde anunció que analiza acciones legales y ofreció colaborar con la investigación. El caso entra al ciclo electoral de 2027 en Sonora sin resolución ministerial.
El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Sonora rechazó los señalamientos de Alí Camacho, dirigente del Partido Sonorense, quien afirma haber denunciado ante la Fiscalía General de Justicia del Estado una presunta amenaza de muerte atribuida a Manuel “Maloro” Acosta, dirigente estatal del Verde, y enviada por conducto de Cristóbal Navarro. En un posicionamiento público, el partido calificó las acusaciones de “falsas, sin el menor sustento y ajenas a la forma en que el Partido Verde hace política en Sonora”, y advirtió que analiza “las acciones legales que correspondan en defensa de la honra y la reputación de nuestra dirigencia”.
El deslinde no es un asunto entre particulares: enfrenta a dos dirigencias partidistas en una entidad que en 2027 renovará gubernatura y congreso local, y llega cuando las fuerzas políticas de Sonora empiezan a acomodarse para el reparto de candidaturas. La respuesta del Verde tuvo dos capas, una jurídica —el anuncio de acciones legales— y otra política, resumida en su frase de que el crecimiento del partido en el estado se debe “al trabajo territorial y a la incorporación voluntaria de ciudadanos”.
La dirigencia también consideró positivo que el caso haya llegado a la Fiscalía: “Es ahí, y no en las redes sociales, donde deben dirimirse señalamientos de esta gravedad”, sostuvo, y se declaró dispuesta a colaborar si es requerida. El movimiento tiene función práctica: traslada a la autoridad ministerial el peso de la prueba y deja al partido responder sin debatir la acusación en el terreno mediático.
Lo que falta es el expediente. No se conoce el número de carpeta ni el contenido de la denuncia, y la Fiscalía no ha informado si radicó el caso, citó a alguien o dictó medidas de protección. Tampoco está claro el alcance público de la acusación: Camacho confirmó haber acudido al ministerio público sin exponer abiertamente a quién atribuye la amenaza, según la cobertura del propio medio. Esa asimetría es lo que la investigación tendrá que ordenar.
La lectura política
Lo que está en juego no es sólo la veracidad de un dicho, sino la posición de dos dirigencias en el mercado político sonorense. Una denuncia por amenaza de muerte, aun sin resolución, instala a un partido en el terreno de la violencia política. Para el PVEM, evitar esa etiqueta antes de que arranque el reparto de posiciones pesa más que ganar la discusión en redes: de ahí el comunicado institucional, la oferta de colaboración y la vía legal reservada para el final.
La mención al “crecimiento” no es retórica suelta. En la política local, la incorporación de cuadros suele traducirse en demandas de candidaturas. El PVEM ha competido en alianza con Morena en los últimos procesos federales, así que cualquier conflicto de su dirigencia estatal entra al terreno de las coaliciones que se renegociarán rumbo a 2027; una acusación de violencia en la operación territorial es, para los aliados, un costo que nadie quiere cargar en campaña.
Para el Partido Sonorense el cálculo es inverso: la denuncia le da visibilidad estatal, pero si no prospera puede volverse un pasivo. Es el riesgo clásico de llevar una disputa política al terreno penal, donde la autoridad ministerial no tiene incentivos para resolver rápido. Conviene precisar los límites: hasta ahora hay una denuncia presentada —según su propio autor—, un desmentido y un anuncio de acciones legales. No hay imputación formal, vinculación a proceso ni resolución judicial.
Qué sigue
La Fiscalía General de Justicia del Estado tiene la siguiente jugada: determinar si radica la denuncia como carpeta de investigación, si cita a declarar a Acosta o a Navarro y si reúne elementos para acreditar la amenaza. No hay plazo público conocido ni pronunciamiento institucional más allá del reconocimiento del caso. También habrá que ver si el PVEM formaliza su anuncio legal: una demanda por daño moral movería la disputa a un juzgado civil y le daría vida pública más larga.
Con 2027 en el horizonte, el episodio se leerá menos como asunto penal y más como señal de cómo se ordenan las fuerzas en Sonora: quién controla la dirigencia, quién negocia la coalición y quién llega con qué fuerza a la mesa de las candidaturas.