Ramírez Cuéllar admite que Morena reparte coordinaciones por acuerdo y no por encuesta

El vicecoordinador de los diputados de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, dijo en público lo que el partido suele administrar en privado: la designación de coordinadores no siempre sale de las encuestas. "A veces se parte de los acuerdos políticos, como el que vimos en Chihuahua y también los que sucedieron y acontecieron en Hermosillo", afirmó ante aspirantes a alcaldías reunidos en el Encuentro Nacional Construyendo Ciudades. La frase no es una revelación sobre un caso aislado; es la confirmación, en voz de un vicecoordinador de bancada, de que la encuesta convive con una facultad discrecional que el propio partido se reservó por estatuto. En un proceso interno donde miles de militantes invierten tiempo y dinero en posicionarse, saber que el resultado puede decidirse en una mesa cambia el cálculo de todos.

Los ejemplos que citó tienen fechas. El 5 de octubre, dos días antes de que abriera el registro para las coordinaciones municipales, Andrea Chávez —senadora con licencia— fue nombrada coordinadora de Morena en Ciudad Juárez. El 8 de octubre, el mismo día en que se abrió el registro, Célida López recibió la coordinación de Hermosillo. En ambos casos el anuncio lo hizo la comisión partidista y el encargo se formuló como representación local de la "Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional" en la frontera norte, una etiqueta que en la práctica funciona como estructura territorial de campaña sin ser todavía candidatura a nada.

Ramírez Cuéllar no presentó la discrecionalidad como excepción, sino como regla escrita. "Nuestros propios estatutos indican que el Comité Nacional puede también proponer, seleccionar, a otras personas, que no necesariamente completaron su registro", explicó. Y añadió la lógica con la que se justifica: "los equilibrios se tienen que buscar, lo que no queremos es que el que gane se lleve todo". Es decir, la designación opera como mecanismo de reparto entre grupos internos, no sólo como método de selección de los más competitivos.

El mismo encuentro dejó otra asimetría relevante. Para las coordinaciones estatales se pidió a los aspirantes separarse del cargo, pero para diputaciones federales, presidencias municipales y diputaciones locales no habrá ese requisito, según el legislador. La exigencia de licencia aplica donde se disputa el control interno del partido, no donde se disputa el voto ciudadano.

El mapa que el propio partido describe como vulnerable

En el mismo acto, Ramírez Cuéllar trazó focos rojos de cara a la elección intermedia: jóvenes, personas con mayor escolaridad, zonas urbanas, y estados como Michoacán, Zacatecas y Nuevo León. También advirtió, en la conferencia previa, que Morena no tolerará aspirantes vinculados al crimen organizado ni a la extorsión. El diagnóstico de debilidad y la advertencia sobre infiltración delictiva conviven con un método de selección que admite márgenes de negociación: el partido reconoce simultáneamente que necesita candidatos con arraigo y que puede imponerlos por acuerdo.

En Chihuahua, el propio encuentro mostró el patrón: Cruz Pérez Cuéllar, con trayectoria en PAN, Movimiento Ciudadano y Morena, asumió la coordinación estatal. La reubicación de cuadros de origen diverso es parte del mismo repertorio de equilibrios que el vicecoordinador describió desde el atril.

La lectura política

Hay que separar tres cosas que el lenguaje partidista mezcla. Una candidatura formal requiere registro ante autoridad electoral y aún no existe para 2027. Un posicionamiento es la construcción pública de un nombre. Una precandidatura de facto es el ejercicio de funciones territoriales, presupuesto y vocería bajo un sello partidista. Las coordinaciones de Chihuahua y Hermosillo pertenecen hoy a la tercera categoría: no son candidaturas, pero colocan a sus titulares en posición de salida y les entregan estructura antes de que el resto de los aspirantes compita.

El incentivo es claro para quien designa. La encuesta sirve como dispositivo de legitimación mientras la dirigencia conserva la facultad de intervenir cuando el resultado no le acomoda. Ese doble mecanismo da margen al Comité Nacional para administrar lealtades, contener rupturas y pagar cuotas de coalición interna. Quien gana: la dirigencia y los cuadros con capital político propio. Quien pierde: los aspirantes que apostaron todo al instrumento que el partido presenta como árbitro. La señal a adversarios también es nítida: la encuesta no es un compromiso vinculante, y el adversario que quiera impugnar el método tendrá que hacerlo contra la palabra de un dirigente que ya lo admitió.

El costo es de credibilidad del instrumento. Cuando la encuesta deja de ser obligatoria, deja de servir para desmovilizar a los perdedores, que es su función real en cualquier partido. El precedente verificable es el de octubre: registros que se abren después de que el nombre ya estaba decidido. Lo que la evidencia no permite sostener es que cada designación haya sido discrecional ni cuáles fueron los términos de los acuerdos en Chihuahua y Hermosillo; para eso faltaría el documento o la votación de la comisión. La admisión acredita la existencia de la práctica, no su dimensión.

Qué sigue

El registro de aspirantes a diputaciones federales, locales y alcaldías sigue abierto bajo la regla de no exigir separación del cargo, lo que mantendrá en competencia a funcionarios en ejercicio. La comisión partidista tiene pendiente definir el resto de las coordinaciones municipales y estatales, y esas fechas son el primer test de si el criterio de equilibrios se repite. En paralelo, Ramírez Cuéllar anunció una iniciativa para eliminar el fuero, cuyo destino en el Congreso depende de la agenda legislativa. Y el partido prometió un acuerdo contra la corrupción y los vínculos con la extorsión, cuya verificabilidad dependerá de que las candidaturas de 2027 excluyan a los perfiles señalados.