Ramírez Cuéllar pide a la SCJN no ser "tapadera" del juicio político contra Samuel García

El diputado federal de Morena Alfonso Ramírez Cuéllar pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolver de fondo la suspensión del juicio político contra el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, y advirtió que sería un "grave error" que el máximo tribunal se convirtiera en una "tapadera" para impedir que el procedimiento tenga consecuencias. La solicitud no es un trámite menor: coloca a la Corte en el centro de una disputa sobre si el Poder Legislativo local puede llevar un juicio político hasta sus últimas consecuencias o si una suspensión judicial lo deja en declaración simbólica.

El legislador plantea que el juicio político debe desarrollarse conforme a las facultades constitucionales del Congreso local y permitir que, acreditadas las responsabilidades, se apliquen las sanciones previstas, incluida la destitución y la inhabilitación del mandatario. En declaraciones a medios, al término de la reunión extraordinaria de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, cuestionó que se pretenda reconocer la procedencia del juicio pero impedir que llegue a sus últimas consecuencias. "Lo que ellos (SCJN) nos están diciendo es que el juicio político solamente procede, pero sin llegar a las últimas consecuencias, porque esto generaría una anarquía, una ingobernabilidad en el estado", señaló.

El diputado rechazó que una eventual separación del cargo o inhabilitación de Samuel García represente un riesgo para la estabilidad política de Nuevo León. Aseguró que la entidad cuenta con instituciones sólidas para garantizar la continuidad de sus actividades gubernamentales y el funcionamiento de los poderes públicos. "El estado de Nuevo León tiene sus instituciones muy firmes, tiene un Congreso local, Poder Judicial y tiene instituciones y una sociedad muy fuerte, muy sólida", expresó. A su juicio, la destitución o inhabilitación permitiría recuperar el rumbo de la administración estatal, particularmente en el manejo de recursos públicos.

El laberinto judicial que frena al Congreso

Ramírez Cuéllar explicó que el proceso enfrenta obstáculos judiciales. Una jueza administrativa determinó suspender el proceso legislativo mediante el cual Samuel García sería sometido al Pleno del Congreso estatal para enfrentar el juicio político. Posteriormente, agregó, la Suprema Corte intervino de manera paralela a esa resolución y determinó que el procedimiento no tuviera efectos. El Congreso de Nuevo León mantiene un juicio político que indaga una presunta triangulación por cerca de mil millones de pesos, según el legislador.

El planteamiento del diputado es que la resolución de la SCJN aclare los alcances constitucionales del procedimiento y evite que una suspensión judicial termine por neutralizar las atribuciones del Poder Legislativo. Insistió en que un juicio político no puede limitarse a un reconocimiento formal de su procedencia si, al mismo tiempo, se impide aplicar las sanciones que contempla el marco constitucional. También recordó que el Congreso estatal cuenta con una Comisión Anticorrupción, instancia relacionada con el proceso legislativo para llevar a Samuel García ante el Pleno.

La intervención se inscribe en una secuencia de presión legislativa de Morena sobre el caso. El 1 de noviembre, Ramírez Cuéllar presentó una iniciativa de reforma al artículo 109 constitucional para eliminar el fuero y fortalecer el juicio político, con el objetivo de que los amparos no paralicen estos procedimientos. Ese mismo día insistió en la necesidad de que el Congreso de Nuevo León reinstalara su comisión anticorrupción para permitir el juicio. El 2 de noviembre exigió a la Fiscalía General de la República esclarecer el presunto desvío de más de 7,200 millones de pesos en Nuevo León, tras la denuncia penal de la Auditoría Superior de la Federación.

La lectura política

La petición busca trasladar la decisión de fondo del terreno judicial al constitucional: que la Corte no solo valide la existencia del juicio, sino que fije si el Congreso local conserva la potestad de sancionar. Quien gana margen es el Congreso de Nuevo León, que vería despejada la ruta para llevar el caso al Pleno; quien lo pierde es el gobernador, cuya defensa ha dependido de suspensiones judiciales para detener el avance del procedimiento. La Corte, en cambio, queda ante un dilema de legitimidad: resolver el fondo implica pronunciarse sobre un conflicto entre poderes locales con alto costo político; no hacerlo la expone a la acusación de neutralizar al Legislativo por vía de suspensión.

El argumento de la ingobernabilidad es el eje del conflicto. Si la Corte lo acepta como razón para impedir las sanciones, el juicio político quedaría reducido a un pronunciamiento sin efecto. Si lo rechaza, abre la puerta a una posible destitución en un estado gobernado por Movimiento Ciudadano, con la consecuente reconfiguración del mapa político local. Ramírez Cuéllar no oculta el cálculo: sostiene que la salida del gobernador no solo no desestabiliza, sino que ordena el ejercicio presupuestal.

Qué sigue

La SCJN debe resolver de fondo la suspensión y precisar los alcances del juicio político. De esa resolución depende si el Congreso de Nuevo León puede avanzar hacia el Pleno y, eventualmente, aplicar sanciones. El Congreso local, por su parte, enfrenta la decisión de reinstalar su Comisión Anticorrupción y sostener el procedimiento pese a las suspensiones. La iniciativa de reforma al artículo 109 que promueve Ramírez Cuéllar queda como telón de fondo: si la Corte limita el juicio político, la discusión sobre amparos y fuero ganará centralidad legislativa. Falta conocer el sentido del proyecto de la Corte y la posición formal del gobierno de Nuevo León; sin esos elementos, no puede sostenerse que la destitución sea inminente.