Recorte de 5 mil millones al INE pone en riesgo la organización electoral de 2027

La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados presentó el 31 de octubre de 2026 su proyecto de dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2027 con una propuesta que toca directamente al árbitro electoral: un recorte de 5 mil millones de pesos al Instituto Nacional Electoral (INE), que pasaría de una asignación proyectada de 42 mil 274.5 millones a 37 mil 275 millones de pesos. El ajuste ocurre en el año en que el organismo debe organizar las elecciones federales y locales concurrentes de 2027, y su sola presentación abre una discusión sobre cuánto margen operativo tendrá el INE para cumplir sus funciones constitucionales.

El documento, que ya está en la comisión que preside la diputada Merilyn Gómez Pozos, sostiene que el monto previsto para 2027 supera las asignaciones aprobadas en otros años electorales, incluso después de actualizar las cifras a precios estimados para el próximo ejercicio fiscal. Según el proyecto, en 2021 el INE recibió 26 mil 819 millones de pesos y en 2024, año de la elección presidencial, 32 mil 767 millones. Actualizados a precios de 2027, esos montos equivalen a 34 mil 799.9 y 36 mil 665.5 millones, respectivamente. Frente a esas referencias, el presupuesto considerado para 2027 representa un incremento de 21.5 por ciento respecto a 2021 y de 15.3 por ciento en comparación con 2024.

El INE había solicitado originalmente 47 mil 010 millones de pesos para 2027, una cifra que incluía un presupuesto precautorio de 4 mil 736 millones para eventuales consultas ciudadanas y 10 mil 842 millones para financiamiento público de partidos. Tras los ajustes previos, el monto quedó en 42 mil 274.5 millones, de los cuales 8 mil 913.5 millones se destinarían a prerrogativas garantizadas de los partidos y 33 mil 361 millones a la actividad institucional denominada Democracia Preservada y Fortificada, que contempla organización de elecciones, fomento de la participación ciudadana y desarrollo del sistema de partidos.

La comisión argumenta que el recorte no comprometerá las funciones del órgano electoral ni la organización de los comicios. Los 5 mil millones se redistribuirían a rubros como protección del medio ambiente, mejoramiento de infraestructura educativa, búsqueda de personas desaparecidas y aviación civil. El proyecto afirma que los 37 mil 275 millones restantes permitirán mantener las funciones institucionales, garantizar las prerrogativas partidistas y asegurar el ejercicio de los derechos político-electorales.

La lectura política

El movimiento tiene una función práctica que va más allá de la técnica presupuestal: coloca al INE en una posición de estrechez operativa en el año en que debe desplegar la estructura más costosa de su ciclo, la organización de una elección concurrente. La planeación electoral implica instalación de casillas, capacitación de funcionarios, actualización de instrumentos registrales, fiscalización de partidos y campañas, y coordinación con los organismos públicos locales electorales. Cada una de esas tareas tiene un costo que no se reduce por decreto.

El argumento comparativo con 2021 y 2024 es verificable en las cifras, pero omite una variable relevante: el costo de organizar elecciones no es lineal ni idéntico entre procesos, y la comparación a precios constantes no captura automáticamente cambios en el número de casillas, la geografía electoral o las obligaciones de fiscalización. La comisión no presenta en el documento una estimación de costo por casilla ni un desglose de qué partidas específicas se recortan, lo que impide saber si el ajuste es selectivo o transversal.

En términos de incentivos, el recorte permite a la mayoría legislativa mostrar disciplina del gasto y liberar recursos hacia rubros con alta visibilidad social, como la búsqueda de personas desaparecidas. Esa redistribución es políticamente rentable y difícil de impugnar en abstracto, pero traslada el costo de la decisión al organismo que debe garantizar la equidad de la contienda. La señal que envía a los partidos y a los aspirantes rumbo a 2027 es que el árbitro tendrá menos margen para la fiscalización y para la operación territorial, aunque el dictamen sostenga lo contrario.

No se trata de una candidatura ni de una precandidatura de facto: es una decisión presupuestal que condiciona el terreno donde esas candidaturas se medirán. El límite legal es claro: los 37 mil 275 millones son una propuesta, no una asignación definitiva, y el INE conserva la facultad de ajustar su planeación o de solicitar ampliaciones si el monto resulta insuficiente. Lo que falta en la evidencia es la estimación técnica del propio INE sobre el impacto operativo del recorte, que no se cita en el documento.

Qué sigue

El proyecto de dictamen debe discutirse y votarse en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, y después pasar al Pleno de la Cámara de Diputados para su aprobación, rechazo o modificación. El PEF 2027 debe quedar aprobado antes del cierre del periodo ordinario de sesiones. En paralelo, el INE tendrá que pronunciarse sobre la suficiencia del monto y, en su caso, ajustar su planeación electoral o solicitar una ampliación presupuestal. La fecha límite para la aprobación del presupuesto y la respuesta del organismo son los próximos puntos verificables de esta discusión.