RUTA 27 · MEDIUM
Red en Liconsa Chihuahua habría financiado espectaculares de Andrea Chávez
Una investigación periodística documenta pagos de Liconsa a productores lecheros ya fallecidos en 2023 y vincula esos recursos con la promoción de la senadora. Al frente de la operación en el estado aparece su hermano, Gregorio Chávez Treviño.

Una investigación periodística señala que Liconsa Chihuahua pagó millones por leche a productores fallecidos en 2023, mediante una red de 'ganaderos zombie'. El dinero, según el reporte, financió espectaculares de la campaña de la senadora Andrea Chávez. Al frente de la operación aparece su hermano, Gregorio Chávez Treviño. El caso pone el foco en los padrones federales y su uso electoral.
Durante 2023, Liconsa en Chihuahua pagó sumas millonarias por compra de leche a nombre de productores que habían fallecido desde febrero y marzo de ese mismo año. La investigación periodística difundida por TV Azteca Noticias describe una red bautizada como de "ganaderos zombie" y sitúa al frente de la operación en la entidad a Gregorio Chávez Treviño, hermano de la senadora Andrea Chávez. El mismo reporte sostiene que el dinero extraído mediante esos cobros irregulares habría financiado la colocación masiva de espectaculares en todo el territorio chihuahuense para promocionar la campaña de la legisladora.
El asunto tiene dos capas. La administrativa: un padrón de proveedores que, de acuerdo con el reporte, siguió cobrando a nombre de personas muertas, con pagos millonarios de por medio. La política: el parentesco entre quien aparece señalado al frente de esa operación y una senadora en activo convierte el caso en un problema doble —nepotismo en la administración de programas de abasto social y uso de recursos públicos con fines de promoción electoral—. Hasta ahora, el material disponible es una investigación periodística; no consta resolución judicial ni administrativa que acredite los hechos ni que deslinde responsabilidades.
La lectura política
El esquema que describe el reporte tiene la forma de una ordeña clásica: un programa social con padrón cautivo, pagos a beneficiarios que ya no existen y una salida de recursos cuyo destino final se convierte en gasto político. En la práctica, controlar quién cobra y quién no en un padrón de Liconsa equivale a controlar flujo de dinero y, con él, capacidad de promoción. Esa es la función política que el caso deja ver, más allá del trámite administrativo.
Los incentivos quedan repartidos así: para Morena, el caso obliga a administrar el costo en un estado gobernado por la oposición; para el PAN y sus aliados en Chihuahua, es material disponible para instalar el tema de corrupción y de padrones inflados. Y la pregunta que el reporte deja abierta —cuántos padrones federales siguen cobrando a nombre de personas fallecidas— toca a cualquier fuerza que administre programas sociales, no solo a la señalada.
Conviene precisar el estatus: no hay candidatura registrada involucrada, no hay sanción electoral y, con la evidencia disponible, no hay resolución que acredite el desvío. Lo que existe es una investigación periodística que vincula un esquema de pagos irregulares con gasto de promoción. Si se confirma, el problema deja de ser un asunto local de Chihuahua y se vuelve un referente sobre el uso electoral de los padrones. La elección de 2027 —con gubernatura en Chihuahua y renovación de la Cámara de Diputados— es el horizonte donde ese costo se cobra.
Qué sigue
Lo verificable en las próximas semanas: si Liconsa, las autoridades federales de control o el Ministerio Público abren una investigación formal sobre los pagos a productores fallecidos; si la senadora Andrea Chávez o su hermano ofrecen una postura pública; y si el padrón de proveedores de leche en Chihuahua se audita y se depura. Cualquiera de esas tres cosas —una carpeta, una respuesta o una auditoría— moverá el caso del terreno periodístico al administrativo o al judicial, que es donde puede adquirir consecuencias electorales.