Reforma de doble nacionalidad: sin efecto en EU y sin consulta a migrantes

El abogado especialista en migración Aarón Ortiz Santos afirmó que la reforma constitucional que prohíbe tener otra nacionalidad a quienes aspiren a la presidencia, a una gubernatura o a la jefatura de Gobierno no tiene efecto legal en Estados Unidos y no puede ejecutarse desde México. En entrevista con Pascal Beltrán del Río, difundida el 2 de octubre de 2026 por Imagen Radio, sostuvo que el requisito traslada la decisión final a autoridades extranjeras y restringe los derechos políticos de los hijos de mexicanos nacidos en el extranjero.

Su objeción no es sólo de fondo —falta de consulta a la diáspora y, desde su lectura, un propósito político—: apunta sobre todo a una falla de operación. México puede prohibir que un binacional sea candidato, pero no puede quitarle una ciudadanía que no otorgó.

Una renuncia que no se tramita en México

Ortiz Santos describió el procedimiento real: "No es nada más ir y entregar el pasaporte o quemar nuestra acta de nacimiento... Se tiene que ir a la embajada o al consulado de los Estados Unidos y pedir una cita para iniciar el proceso de renuncia". Detalló que incluye dos entrevistas, revisión fiscal de los últimos cinco años, un costo cercano a 500 dólares y la aprobación final del Departamento de Estado.

De ahí su conclusión: "No tiene ningún efecto legal... la ley mexicana aplica solamente en México, no tiene efectos transnacionales". Manifestar la renuncia ante dependencias mexicanas, dijo, no invalida la ciudadanía estadounidense.

El especialista recordó que tras la reforma de 2023 los hijos de mexicanos nacidos en el extranjero son mexicanos por nacimiento, por lo que —según su lectura— la nueva exigencia limita de manera arbitraria sus derechos políticos. Precisó además que la enmienda estadounidense que otorga la ciudadanía por nacer en suelo estadounidense sigue vigente, aunque advirtió que los padres podrían enfrentar consecuencias en sus visados: el Departamento de Estado, dijo, anunció la cancelación de 250 mil visas a nivel mundial por seguridad nacional o violaciones a la ley migratoria.

Sobre el blanco de la medida, su afirmación fue explícita aunque no presentó prueba documental: "Lleva nombre y apellido, y sabemos, por dicho de la presidenta, hacia quién va, a quién quiere evitar que puedan ser candidatos".

La lectura política

La reforma no crea candidaturas ni menciona personas: fija una condición de elegibilidad. Pero una condición que no se puede verificar en México funciona, en la práctica, como un filtro sobre quién alcanza a pararse en la línea de salida de los cargos que la propia norma enumera. El efecto es inmediato en el calendario que desemboca en 2027, donde se renuevan gubernaturas y la jefatura de Gobierno. Es una regla formalmente neutra y materialmente selectiva: el costo —dos entrevistas, revisión fiscal de cinco años, cerca de 500 dólares y una autorización del Departamento de Estado— lo pagan los binacionales y los hijos de migrantes, no todos los aspirantes por igual.

El incentivo para los partidos es claro. Con la regla inscrita en la Constitución, bloquear el registro de un rival deja de ser una negociación interna y se vuelve una objeción jurídica. Para un aspirante con doble nacionalidad, la decisión se adelanta y se vuelve pública: renunciar es una señal costosa de viabilidad y de lealtad. Para la diáspora, el agravio no es técnico: desde 2023 sus hijos son mexicanos por nacimiento, y la reforma les dice que esa ciudadanía vale menos cuando se trata de ser votado.

El límite de esta evidencia importa. No incluye el texto de la reforma, su iniciativa, su votación ni su fecha de publicación, tampoco una declaración de la presidenta sobre el tema. Que la medida tenga un destinatario identificable es la inferencia del entrevistado, no un hecho acreditado aquí.

Qué sigue

- La pieza que falta es operativa: en qué momento y con qué documento se acreditará la renuncia ante la autoridad electoral mexicana, y si una manifestación ante notario o dependencia nacional bastará. Ese vacío se hará visible cuando arranquen los registros de candidaturas, cuyas fechas no aparecen en este material. - Habrá que observar el uso político del tema en los procesos internos de los partidos: qué aspirantes con doble nacionalidad son obligados a definirse antes de tiempo. - El anuncio del Departamento de Estado sobre 250 mil visas canceladas, citado por el especialista, es un dato a verificar en fuentes oficiales, igual que su posible alcance sobre familias mexicanas en la frontera. - No consta aquí ninguna impugnación, consulta o pronunciamiento de la autoridad electoral mexicana sobre la aplicación de la reforma.