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Registro celular no frena fraudes: intentos crecen 90% en 2026
El análisis de SILIKN advierte que los intentos de fraude y extorsión aumentaron pese al registro obligatorio de líneas. Los criminales evaden los bloqueos con VoIP, spoofing e identidades robadas.
Los intentos de fraude y extorsión telefónica crecieron hasta 90% en 2026, aunque el registro obligatorio de líneas celulares avanzó desde agosto, según SILIKN. Su director, Victor Ruiz, señala que la medida no identifica al responsable real de una llamada: los grupos criminales usan VoIP, spoofing, identidades robadas y prestanombres. El registro impone trámites a ciudadanos mientras los delincue
Los intentos de fraude y extorsión telefónica aumentaron hasta 90% a lo largo de 2026, pese al avance del registro obligatorio de líneas celulares que el Gobierno federal impulsó desde inicios de año y que comenzó a aplicarse con bloqueos desde agosto. El dato proviene de la unidad de investigación de la empresa de ciberseguridad SILIKN y, según su fundador y director, Victor Ruiz, representa una señal de alerta sobre la capacidad de adaptación de las organizaciones criminales y pone en entredicho la efectividad de la estrategia oficial contra estos delitos.
El análisis de SILIKN advierte que los intentos de fraude y extorsión han aumentado en comunicaciones asociadas con números cuyas terminaciones se encuentran entre aquellas que han sido objeto de suspensión como parte del proceso de registro obligatorio. Es decir, las líneas que debían quedar fuera de circulación siguen apareciendo en llamadas fraudulentas, lo que sugiere que la suspensión administrativa no equivale a la desaparición del número en el ecosistema de llamadas.
La lectura
Registrar una tarjeta SIM no significa identificar al verdadero responsable de una llamada. Ruiz explicó que los grupos criminales pueden recurrir a servicios de telefonía por internet (VoIP), sistemas automatizados de marcación, suplantación del identificador de llamadas (spoofing), identidades robadas y prestanombres para continuar con sus operaciones. Incluso pueden presentar números que aparentemente corresponden a líneas mexicanas aunque las comunicaciones se originen desde infraestructura tecnológica ubicada en otros países.
La asimetría es el centro de la crítica: los ciudadanos entregan datos personales y enfrentan la amenaza de perder su servicio, mientras los delincuentes operan con infraestructura internacional. "Mientras millones de ciudadanos enfrentan nuevos trámites y la amenaza de suspensión de sus servicios, las comunicaciones fraudulentas continúan incrementándose", dijo Ruiz. El último corte de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), correspondiente al 5 de octubre, reportó 91.8 millones de líneas móviles vinculadas, equivalentes a 57% de los 161 millones de números en operación a nivel nacional.
El registro también puede convertirse en una nueva modalidad de fraude. SILIKN advierte que delincuentes pueden hacerse pasar por representantes de compañías telefónicas o autoridades y amenazar a los usuarios con suspender sus líneas si no proporcionan información personal o códigos de verificación recibidos por SMS. Una iniciativa concebida para combatir las estafas puede ser aprovechada por los estafadores para perfeccionar sus mecanismos de engaño.
La centralización de números con CURP e identificación oficial plantea riesgos de privacidad y protección de datos personales. Ante una eventual filtración, se podrían facilitar campañas de ingeniería social, fraudes financieros, suplantación de identidad y ataques dirigidos contra ciudadanos, alertó el especialista.
El control de la infraestructura telefónica queda repartido entre operadores privados, que administran las bases de líneas y los procesos de vinculación, y el regulador, que fija las reglas y los plazos. Pero la evidencia de SILIKN sugiere que ese control no alcanza a la capa donde operan los defraudadores: la infraestructura internacional, los sistemas de marcación automatizada y las identidades comprometidas. La política pública, en cambio, recae sobre los usuarios finales, que deben cumplir trámites bajo la amenaza de perder su servicio.
Qué sigue
Ruiz planteó que, ante este panorama, se requiere fortalecer las capacidades de investigación de las fiscalías, profesionalizar a las policías cibernéticas, mejorar los mecanismos de denuncia, establecer sistemas de detección y bloqueo de llamadas maliciosas, así como rastrear la infraestructura criminal y desmantelar las organizaciones responsables.
También pidió que el Gobierno federal explique con indicadores verificables cuántas extorsiones se han evitado, cuántas redes criminales se han desmantelado y cuántos responsables han sido detenidos como resultado del registro obligatorio de líneas celulares. Sin esos datos, la discusión pública seguirá atrapada entre la obligación ciudadana y la evidencia de que los fraudes no ceden. El expediente deja abierta una pregunta central: si la suspensión de líneas no detiene las llamadas fraudulentas, qué instrumento sustituye o complementa al registro para atacar la infraestructura desde la que se originan.