René Rodríguez pide al IEPC, no al Congreso, definir municipios con candidatas

René Rodríguez, defensor de derechos humanos, planteó que sea el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas (IEPC) —y no el Congreso local— el órgano que defina en qué municipios competirán candidaturas de mujeres en las elecciones de 2027. Lo hizo sin objetar el fondo de la medida: respaldó garantizar la participación femenina. La diferencia no es de forma. Quien fija la lista de municipios donde opera una acción afirmativa determina también qué tan competitivas serán esas candidaturas, cuántos espacios quedan sujetos a negociación partidista y con qué criterios —publicados o no— se reparte la paridad. La discusión llega, además, en plena reforma electoral chiapaneca.

El planteamiento se ubica en medio de esa reforma, que cambia reglas para las elecciones municipales de 2027 y que, en los términos que han circulado públicamente, apunta a que sea el Congreso el que defina los municipios donde competirán mujeres; hay posiciones que ven con buenos ojos que la decisión quede en el legislativo. Rodríguez se coloca en el punto opuesto sin renunciar al objetivo: sostiene que la definición debe hacerse desde el órgano electoral. Es decir, comparte la meta y disputa el instrumento.

Falta, sin embargo, el dato duro. La evidencia pública disponible no precisa si esa facultad ya quedó en la norma vigente o si se trata de una iniciativa en trámite, ni cuáles serían los criterios del listado —número de municipios, porcentaje de postulaciones, peso de los usos y costumbres, niveles de competitividad—. Tampoco establece si Rodríguez habla a título individual o en representación de una organización. Sin esos elementos, la pregunta por el "quién decide" es también una pregunta por el "cuánto alcanza".

Árbitro o legislador: la disputa de fondo

En el arreglo electoral mexicano de los últimos años, el contenido concreto de las acciones afirmativas ha tendido a resolverse en el terreno de las autoridades electorales y de los tribunales, con reglas generales del legislador y revisión jurisdiccional después. Trasladar la decisión específica al Congreso cambia la naturaleza del ejercicio: una lista técnico-administrativa, impugnable y acotada por criterios explícitos, se convierte en un reparto entre fuerzas políticas con mayoría en el recinto. No es lo mismo determinar dónde una candidata tiene posibilidades reales de ganar que determinar dónde se cumple el requisito.

La lectura política

El punto práctico es el control del mapa. Si el listado sale del Congreso, la ubicación de las candidaturas entra al mismo paquete de negociación que el resto de la oferta electoral de 2027: se vuelve moneda de cambio entre partidos y queda expuesta a que la paridad se concentre en municipios donde el triunfo es improbable. Si sale del IEPC, la decisión se somete a criterios publicados y a la ruta de impugnación, con menos discrecionalidad política pero con un árbitro que carga el costo de cada exclusión. Ninguna de las dos rutas garantiza por sí sola competitividad; ambas terminan, con alta probabilidad, en litigio.

Para el partido o la coalición que controle el Congreso, conservar esa facultad significa conservar un margen de maniobra en la integración de las planillas municipales. Para quienes promueven la paridad desde fuera de los partidos, entregarla al órgano electoral reduce el espacio para diluirla. Ese es el incentivo que explica por qué una discusión que parece reglamentaria —quién elabora una lista— es en realidad una discusión sobre poder.

Conviene precisar el estatus de lo que dice Rodríguez: no hay aquí una candidatura registrada, ni una precandidatura, ni siquiera una aspiración personal a un cargo. Es un posicionamiento sobre las reglas, con un efecto verificable: coloca el tema de la autonomía del árbitro electoral en el centro del debate y anticipa que cualquier listado aprobado por el Congreso será escrutado con lupa —y probablemente impugnado— por colectivos y defensores de derechos humanos.

Rumbo a 2027, la vara será medible: cuántas mujeres compiten en municipios donde efectivamente pueden ganar y cuántas llegan a los ayuntamientos. Si el diseño se decide por mayoría y no por criterio, ese resultado será la primera factura política del arreglo.

Qué sigue

- Conocer el texto vigente o la iniciativa de reforma y su estado en el Congreso: si la facultad ya es norma o apenas propuesta. - El listado de municipios y los criterios con que se elabore, publicados y fechados. - La postura formal del IEPC sobre esa atribución y, en su caso, los recursos ante el tribunal electoral local. - El calendario del proceso electoral local de 2027: la elaboración de convocatorias y la aprobación de las planillas serán los primeros momentos donde se verá si el criterio se respeta o se ajusta.