Rojas exige a Citlalli Hernández dejar la comisión y tensiona Cuauhtémoc

Emiliano Rojas exigió que Citlalli Hernández renuncie a la comisión de elecciones de Morena antes del domingo y advirtió que, sin esa salida, el proceso para definir la candidatura de la alcaldía Cuauhtémoc quedaría viciado. La demanda, planteada como una exigencia de “igualdad de condiciones”, tiene un efecto inmediato y medible: convierte la imparcialidad del árbitro interno del partido en el primer punto de disputa del calendario rumbo a 2027 en la Ciudad de México. No es una candidatura registrada ni un conflicto resuelto; es una presión con fecha de vencimiento sobre quien participa, en la práctica, del filtro que ordena quién compite.

El reloj del domingo

Rojas no pidió una reunión ni un ajuste de reglas: fijó un plazo. Exigir la salida de quien interviene en la comisión de elecciones es una forma de disputar el resultado antes de que exista y de instalar de antemano la sospecha sobre cualquier acuerdo que venga. El reclamo no acredita por sí mismo ningún sesgo: es una advertencia, y como tal debe leerse.

Con la evidencia disponible no es posible saber a quién señala Rojas como beneficiado por ese eventual sesgo, ni cuál será el mecanismo de selección —encuesta, consenso entre dirigencias o mesa de negociación—, ni las fechas del proceso interno. Tampoco aparece una respuesta pública de Hernández ni de la dirigencia partidista. Esos huecos importan: sin mecanismo ni calendario dados a conocer, la exigencia se mueve en el terreno de la política interna, no del procedimiento verificable.

Cuauhtémoc no es una demarcación cualquiera. Por ubicación, visibilidad y peso simbólico, lo que ahí ocurre se lee como termómetro de la vida interna morenista, y una disputa por el método de selección trasciende a los aspirantes locales: envía mensaje a todas las alcaldías que se jugarán en 2027.

La lectura política

En términos prácticos, la exigencia funciona como posicionamiento de quien pretende competir en Cuauhtémoc y, a la vez, como movilización anticipada del argumento de impugnación. La aritmética es simple: si Hernández deja la comisión, quien lo pidió capitaliza la salida y queda colocado como el actor que corrigió la cancha. Si no la deja, el reclamo se vuelve agravio acumulable, utilizable primero ante las instancias internas del partido y, más adelante, como narrativa pública de proceso viciado. En cualquiera de los dos escenarios, Rojas conserva algo.

Para Hernández el cálculo es incómodo. Renunciar puede leerse como confirmación del sesgo que se le atribuye; permanecer la expone a que cada acuerdo de la comisión —y cada nombre que salga de ella— se interprete como prueba del mismo cargo. Es una acusación que no se desactiva con una respuesta técnica, porque su terreno no es el reglamento sino la percepción de imparcialidad.

Conviene precisar categorías, porque el lenguaje de la política interna suele difuminarlas: con esta información no hay candidatura, precandidatura registrada ni convocatoria; hay una aspiración que se expresa por la vía del ultimátum público. En partidos con dirección concentrada, el control del filtro de candidaturas es el recurso más disputado, porque quien administra ese filtro ordena la sucesión, mide lealtades y administra tiempos. De ahí que la demanda no se dirija a un programa ni a una regla, sino a la persona que ocupa el filtro.

La señal que se envía a aliados y adversarios es doble. Hacia adentro: las reglas de Cuauhtémoc se van a pelear en público. Hacia afuera: material listo para quien quiera describir la selección morenista como acuerdo de cúpula y no como competencia. Rumbo a 2027, el costo en votos de una disputa temprana es bajo; el costo en narrativa es alto, porque llega antes de que exista calendario formal y, con ello, antes de que existan reglas acordadas.

Qué sigue

El domingo es el plazo que Rojas puso sobre la mesa. Los escenarios verificables son tres: que Hernández deje la comisión —y entonces habrá que observar si la salida viene acompañada de un cambio en la integración del órgano y de un calendario explícito—; que la dirigencia nacional intervenga para desactivar el conflicto sin removerla; o que nada ocurra y el reclamo escale a las instancias internas del partido. Cualquiera de las tres deja la misma tarea pendiente: publicar el mecanismo de selección y las fechas.

Mientras la disputa siga siendo interna, se resuelve dentro de la autonomía partidista; la vía jurisdiccional electoral se abre cuando existen actos concretos de un proceso formalizado y se agotan las instancias del partido. Hasta entonces, lo único verificable es un plazo: domingo.