Samuel García veta gratuidad de peaje y abre choque de poderes en NL

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, vetó el decreto 238, que establecía la gratuidad temporal del peaje en autopistas estatales mientras se realizaran obras de construcción, rehabilitación o ampliación que afectaran la movilidad. La decisión no es un trámite menor: convierte una reforma aprobada el 5 de octubre en un pulso directo entre el Ejecutivo estatal y el Congreso local sobre quién define las reglas del cobro en la red carretera.

Las observaciones fueron entregadas el viernes por personal de la Consejería Jurídica en la Oficialía de Partes del Congreso. El gobierno estatal sostiene que la adición del artículo 17 bis representa una invasión del Legislativo al Ejecutivo estatal. Según el oficio, suspender el cobro por disposición legislativa altera las proyecciones de flujo de efectivo pactadas en los contratos respectivos y afecta derechos de cobro que no son recursos ordinarios de libre disposición.

El argumento financiero es el eje del veto. García advierte que la gratuidad temporal compromete la estabilidad financiera de la Red Estatal de Autopistas y podría detonar cláusulas de incumplimiento en créditos y certificados bursátiles vinculados a los peajes. El documento menciona riesgo de vencimiento anticipado, afectación a fuentes de pago y garantías, y la posible exigibilidad de restituciones y fondos de reserva si se degrada la razón de cobertura del servicio de la deuda. Es decir, el Ejecutivo coloca la medida no sólo como un desacuerdo político, sino como una decisión con consecuencias contractuales concretas.

A ese argumento se suma el constitucional. El gobierno estatal afirma que la reforma vulnera principios de seguridad jurídica e irretroactividad de la ley, y que contraviene el marco legal hacendario aplicable a la afectación de ingresos públicos en las entidades federativas. También cuestiona la integración de una junta de gobierno con participación de un diputado y dos alcaldes, al considerar que vulnera la división de poderes y la autonomía del Ejecutivo.

La reforma original no era una gratuidad generalizada. Establecía que la Red Estatal de Autopistas suspendería el cobro sólo cuando autoridades competentes declararan formalmente la afectación a la movilidad, las obras estuvieran dentro de Nuevo León y el tramo impidiera o limitara el uso adecuado de las vialidades. Preveía además un estudio de impacto de movilidad conforme a la Ley de Movilidad y la publicación de la exención en el Periódico Oficial del Estado.

La lectura política

El veto reordena el tablero local. Samuel García gana margen de maniobra inmediato al frenar una medida que, según su propio planteamiento, tocaba contratos y finanzas de la red estatal; pero pierde capital político frente al Congreso, que puede leer el veto como una defensa del Ejecutivo antes que de los usuarios. El Legislativo, por su parte, queda ante una disyuntiva que mide su fuerza real: insistir en la reforma o aceptar las observaciones.

El antecedente importa: se trata del veto número 184 de la administración. Ese dato, por sí solo, sugiere un patrón de fricción constante con el Poder Legislativo, aunque la evidencia disponible no permite afirmar que todos los vetos hayan tenido el mismo peso ni la misma motivación. Lo que sí queda claro es que el Ejecutivo estatal está utilizando de forma recurrente su facultad de observación como herramienta de control político.

El costo público también es visible. La reforma buscaba que los automovilistas no pagaran peaje mientras las obras les complicaran la movilidad. Con el veto, esa protección queda en suspenso y el debate se traslada a un terreno técnico-financiero que el ciudadano promedio no controla. Quien pierde, en el corto plazo, es el usuario que enfrenta obras y sigue pagando caseta; quien gana es la posición contractual de la Red Estatal de Autopistas, al menos hasta que el Congreso resuelva.

Qué sigue

El Congreso de Nuevo León tiene en sus manos la siguiente jugada. Puede aceptar las observaciones del Ejecutivo y dar por terminado el decreto 238, o insistir en la reforma con la mayoría calificada que exige la ley. Si insiste, el pulso se eleva y podría abrir una disputa constitucional sobre los límites entre Legislativo y Ejecutivo en materia de ingresos y contratos.

También queda pendiente saber si el gobierno estatal acompañará el veto con una alternativa operativa para los tramos en obra, o si la gratuidad temporal simplemente desaparece del horizonte. La evidencia no permite confirmar si existe una propuesta sustituta. Lo que sí debe ocurrir es una definición formal del Congreso y, en su caso, la publicación de la resolución en el Periódico Oficial. Hasta entonces, el decreto 238 no está vigente y el conflicto entre poderes sigue abierto.