RUTA 27 · MEDIUM
Santana apunta a 2027: sexto periodo y 18 años en Villa Victoria
El alcalde mexiquense ha gobernado el municipio en cinco ocasiones desde 1997 y suma tres diputaciones locales. Su aspiración choca con la caída electoral del priismo y con reclamos vecinales por seguridad.
Mario Santana Carbajal, presidente municipal de Villa Victoria, Estado de México, confirmó que competirá en 2027 por un sexto periodo: serían 18 años de gobierno. No es aún una candidatura formal, pero funciona como precandidatura de facto del PRI local, un partido que pierde terreno y al que el propio edil ha criticado por definir candidaturas sin criterio electoral.
El presidente municipal de Villa Victoria, Mario Santana Carbajal, confirmó que competirá en las elecciones de 2027 para mantenerse otros tres años en el cargo. Lo que anunció no es todavía una candidatura: es un posicionamiento anticipado que, si prospera, le daría seis periodos al frente del ayuntamiento y 18 años de gobierno. La decisión coloca a este municipio del noroeste mexiquense entre los primeros casos donde se medirá la tensión que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) arrastrará hacia 2027: pedir renovación ante el electorado mientras recicla a sus cuadros con mayor arraigo territorial.
El historial que el propio edil ha hecho público es largo. Ha gobernado Villa Victoria en 1997-2000, 2009-2012, 2016-2018, 2019-2021 y 2022-2024, y hoy encabeza el periodo 2025-2027. A la presidencia municipal suma tres diputaciones locales: 2000-2003, 2006-2009 y 2021-2024. En uno de los municipios donde el priismo ha logrado conservar presencia, ese recorrido explica por qué su nombre circula antes de que exista convocatoria alguna.
Un criterio que se vuelve contra quien lo enuncia
El anuncio llega mientras el PRI enfrenta dificultades para conservar espacios de representación y recuperar la confianza ciudadana. Santana ha reconocido esa crisis y ha planteado que las candidaturas deben definirse por su viabilidad electoral en lugar de privilegiar relaciones personales. El criterio suena razonable en abstracto; aplicado a su propio caso, es también el argumento que convierte la continuidad en necesidad: si la vara es quién puede ganar, el alcalde en funciones se presenta como el que garantiza el municipio.
A la aspiración de continuidad se suman inconformidades locales. En mayo, habitantes bloquearon la carretera Toluca-Zitácuaro para exigir avances en la búsqueda de siete personas desaparecidas en menos de una semana, entre ellas integrantes de una misma familia. Durante la movilización también hubo cuestionamientos por la entrega de monederos a trabajadores municipales mientras persistía la preocupación por la seguridad. Son señalamientos y demandas públicas, no resoluciones administrativas o judiciales contra el edil; la evidencia disponible no acredita responsabilidad del ayuntamiento en las desapariciones.
La lectura política
En el terreno formal nada está decidido: no hay candidatura registrada, ni proceso interno abierto, ni plazos de precampaña corriendo. En la práctica, la confirmación funciona como una precandidatura de facto. Fija el punto de referencia de la competencia local, encarece cualquier alternativa interna —quien quiera disputar ese espacio deberá hacerlo contra un alcalde en funciones, con estructura, obra y programas a la mano— y envía al priismo mexiquense la señal de que la definición no esperará a un acuerdo central.
El incentivo principal no es solo el cargo, sino la estructura. Un ayuntamiento administra territorio, padrones de beneficiarios, personal y trato cotidiano con la población: es la maquinaria más eficaz que un partido puede tener en un municipio de este tamaño. Perderla no cuesta únicamente una alcaldía, cuesta la red que moviliza. Por eso el PRI local difícilmente se opondrá en público, aun cuando la acumulación de 18 años sea un flanco evidente: cada periodo adicional entrega a la oposición un argumento sencillo —que ya fueron suficientes— sin necesidad de discutir resultados.
Ahí está el riesgo y también la señal. Para los aliados, el mensaje es que la continuidad se decidirá por viabilidad y no por reparto; para los adversarios, que el costo de esa continuidad pasa por la seguridad y por el uso de recursos municipales, dos temas con registro público y capacidad de movilizar. Lo que la evidencia no permite afirmar todavía es la viabilidad jurídica: el historial incluye periodos consecutivos —2019-2021, 2022-2024 y el actual 2025-2027— y falta verificar cómo se compatibiliza esa secuencia con el límite de reelección vigente en el Estado de México, si medió licencia, interinato o reforma normativa. Ese dato decide si la aspiración es una precandidatura real o solo un deseo.
Qué sigue
Tres verificaciones ordenarán el caso. Primera, el método con el que el PRI definirá sus candidaturas municipales rumbo a 2027 y si el criterio de viabilidad que el edil pregona se formaliza, porque eso obligaría a aplicarlo en otros municipios y abriría la puerta a perfiles externos. Segunda, el marco de reelección aplicable: conviene revisar la legislación electoral del Estado de México y si Santana requeriría separarse del cargo o solicitar licencia, algo que a la fecha no ha ocurrido.
Tercera, el calendario. Los plazos formales —convocatoria, precampañas y registro— corresponden al Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), y hasta que se publiquen no existe obligación alguna para el edil. En el terreno local el seguimiento previsible es otro: el avance en la búsqueda de las siete personas desaparecidas y la respuesta del ayuntamiento a los cuestionamientos por la entrega de monederos. Si esos asuntos siguen abiertos, llegarán a la boleta antes que cualquier precampaña.