Segundo juicio contra exfiscal de Chihuahua por operativo con agentes de la CIA

La justicia de Chihuahua abrió un segundo proceso penal contra César Jáuregui, exfiscal de ese estado, por el delito de ejercicio ilegal del servicio público. La decisión de un juez estatal, adoptada el jueves, se suma a la causa federal que busca llevarlo a juicio por traición a la patria, un delito que México no ha procesado en décadas. Ambos casos derivan de un operativo antidrogas en la Sierra Tarahumara en el que murieron dos agentes de la CIA y dos elementos de la fiscalía local. Jáuregui permanece en prisión preventiva en una cárcel de máxima seguridad.

El hecho tiene una dimensión pública que excede la trayectoria del acusado: la muerte de dos agentes estadounidenses en territorio mexicano desencadenó una crisis diplomática y judicial que pone a prueba los límites de la cooperación en seguridad entre México y Estados Unidos. El gobierno de Claudia Sheinbaum sostiene que no autorizó ni fue informado del operativo, y ha hecho de la defensa de la soberanía un eje de su política exterior. La oposición, en tanto, cuestiona la versión oficial y alimenta el debate sobre un posible "narcogobierno".

El operativo y las acusaciones

El 19 de abril, la fiscalía de Chihuahua informó del desmantelamiento de un laboratorio de drogas sintéticas en el municipio de Morelos, en la sierra. En el regreso, un vehículo del convoy se salió de la carretera y cayó a un barranco; murieron dos agentes estatales y dos estadounidenses. No hubo detenciones. Según la defensa, los extranjeros eran instructores en inteligencia y drones, y el embajador de Estados Unidos los describió como "personal de la embajada". Posteriormente se confirmó que eran agentes de la CIA.

La fiscalía federal acusa a Jáuregui de traición a la patria por presuntamente autorizar la participación de los estadounidenses en el operativo, una facultad reservada al gobierno federal. El delito contempla penas de cinco a 40 años de prisión, aunque expertos coinciden en que es difícil de probar. Un juez federal determinará el sábado si inicia el juicio. La defensa califica el cargo de político, y uno de sus abogados, Héctor Villasana, reveló que el Ministerio Público argumentó que sin un castigo ejemplar "Estados Unidos podría llevar a cabo una acción como la que llevaron en Venezuela al momento de extraer al presidente (Nicolás) Maduro".

El segundo proceso, el estatal por ejercicio ilegal del servicio público, fue abierto este jueves. Se trata de un delito menos grave que la traición, pero confirma que la estrategia judicial contra el exfiscal se despliega en dos frentes. La defensa ha cuestionado que se equipare la presencia de los estadounidenses con una "invasión" extranjera.

La lectura

El caso Jáuregui condensa la tensión entre la soberanía nacional que pregona el gobierno de Sheinbaum y la cooperación de facto que las agencias estadounidenses mantienen con autoridades locales. El académico Carlos Pérez Ricart, del CIDE, señala que siempre ha habido agentes antidrogas en operativos de este tipo, "muchas veces sin que el gobierno federal lo sepa", basados en relaciones de confianza. Esa zona gris es la que ahora se judicializa.

El contexto político es ineludible: Estados Unidos, bajo la presidencia de Donald Trump, insiste en que México no hace lo suficiente contra el narcotráfico, mientras Sheinbaum se niega a detener a un exgobernador de su partido acusado de narcotráfico por Washington. La oposición del PAN, que gobierna Chihuahua, aviva el debate sobre un "narcogobierno". Para Pérez Ricart, discutir traición en lugar de cómo colaborar mejor es "muy mala señal hacia Washington".

El Departamento de Estado dijo estar al tanto del caso y seguirlo de cerca, pero no vinculó al exfiscal con las muertes de los agentes. Esa precisión es relevante: hasta ahora, no hay evidencia pública de que Jáuregui haya participado en la muerte de los estadounidenses, sino que se le imputa haber autorizado su presencia en el operativo. La distinción entre imputación y sentencia es central: el exfiscal no ha sido condenado.

Qué sigue

La decisión del juez federal sobre el juicio por traición a la patria está prevista para el sábado. Si se abre, el caso entraría en una fase de prueba de alta complejidad técnica y política. En paralelo, el proceso estatal por ejercicio ilegal del servicio público avanzará conforme a los plazos judiciales. Jáuregui permanece en prisión preventiva, por lo que su situación legal inmediata no cambiará con la sola apertura de juicios.

Queda por esclarecer el alcance exacto de la autorización que se atribuye al exfiscal, la cadena de mando que permitió la presencia de agentes de la CIA sin aval federal y las consecuencias institucionales para la fiscalía de Chihuahua. También está pendiente saber si el gobierno mexicano ajustará los protocolos de cooperación con agencias extranjeras, un debate que la propia Sheinbaum abrió al reformar la Constitución para prohibir intervenciones sin autorización expresa.