Senado acelera filtro de nacionalidad para candidaturas y gubernaturas

Las comisiones de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos Primera del Senado de la República discutirán esta tarde la iniciativa presidencial que busca cerrar el paso a las candidaturas de personas con doble nacionalidad. El formato es de fast track: el paquete llegó a la Cámara alta en la madrugada, horas después de que la Cámara de Diputados la aprobara, y había sido enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el 30 de agosto. No es un trámite menor ni un ajuste técnico: es el diseño de un requisito de elegibilidad antes de que arranquen los procesos internos que definirán las candidaturas de 2027.

El filtro: renuncia, certificado y cese

La iniciativa toca los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución, que regulan la Presidencia, las gubernaturas y el gobierno de la Ciudad de México, para exigir que quienes compitan por esos cargos sean mexicanos por nacimiento y no adquieran otra nacionalidad. En los términos descritos en el expediente, quien tenga una segunda nacionalidad reconocida por un Estado extranjero tendría que renunciar a ella para ejercer el cargo, presentar el certificado de nacionalidad mexicana y, si la adquiere durante el ejercicio, cesar de inmediato en sus funciones. La iniciativa también obliga a las autoridades correspondientes a exigir ese certificado.

La evidencia disponible mezcla dos rutas que no son equivalentes: la reforma constitucional y una modificación a la Ley de Nacionalidad. La diferencia importa porque los caminos y los plazos son distintos. Si se aprueba como reforma constitucional, no basta el Senado: requiere dos terceras partes en ambas cámaras y el aval de al menos 17 congresos locales. Si el cambio es sólo legal, basta la mayoría simple en cada cámara. Verificar cuál de las dos rutas contiene el dictamen que salga de comisiones es la primera tarea periodística y también la primera pista sobre la prisa.

La lectura política

El movimiento cumple una función práctica: convierte en requisito explícito de elegibilidad algo que, según la justificación de la propia iniciativa, la ley ya establecía de manera más difusa. Y lo hace en el momento más barato para la mayoría: antes de que existan precandidaturas registradas, cuando cambiar la regla no desplaza a nadie por nombre y nadie puede alegar una afectación concreta. Una regla general tiene, además, una ventaja política frente a una prohibición personalizada: no obliga a la coalición gobernante a señalar a quién quiere excluir.

El fast track opera también como prueba de disciplina. Una discusión breve, sin audiencias ni dictámenes extensos, mide la cohesión de los grupos parlamentarios de la coalición al inicio del periodo y manda una señal a aliados y adversarios: el costo de resistirse es visible y el de alinearse es casi nulo. La iniciativa no reparte cargos ni altera equilibrios entre grupos, por lo que su aprobación difícilmente generará un costo interno; su utilidad es ser un marcador público de lealtad legislativa.

Para 2027 el efecto es indirecto pero real: quien tuviera otra nacionalidad y aspirara a una gubernatura o a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México quedaría fuera del juego antes de empezar. Conviene precisar los límites. Esto no es una candidatura, no es una precandidatura y no es el posicionamiento de una persona: es una regla de elegibilidad. La evidencia no permite identificar a un destinatario concreto, y esa ausencia también es un dato: si existiera un blanco nominal, el debate público lo habría hecho explícito. Tampoco hay elementos para saber si la reforma alcanzaría a personas ya electas, más allá de la obligación de cesar si adquieren otra nacionalidad durante el cargo.

Qué sigue

La discusión en comisiones unidas está prevista para esta tarde. Si se aprueba el dictamen, pasará al Pleno del Senado, donde se sabrá si la mayoría sostiene la ruta constitucional con votación calificada o si el paquete se reduce a cambios legales. En el primer escenario, la cuenta continúa en los congresos locales —se requieren al menos 17 aprobaciones— y termina con la publicación en el Diario Oficial de la Federación. El plazo que realmente importa es el de los partidos y el Instituto Nacional Electoral (INE): las convocatorias y los filtros de elegibilidad se definen antes de las campañas de 2027, no durante ellas.

Actualización

El Senado, que discutía la reforma en comisiones, recibe ahora el dictamen aprobado en lo particular por la Cámara de Diputados para su análisis y votación final. Leer el nuevo desarrollo.