RUTA 27 · LOW
Senado aprueba nacionalidad única para 2028 y exime a las gubernaturas de 2027
La reforma a los artículos 82, 116 y 122 pasa a los congresos estatales. La renuncia a otra nacionalidad deberá presentarse antes del registro, no en la toma de protesta.
El Senado aprobó con 86 votos —el mínimo de la mayoría calificada— la reforma que exige nacionalidad única para competir por la Presidencia, las gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la CDMX. Aplica desde 2028, no en 2027, y obliga a renunciar a otra nacionalidad antes del registro. Ahora pasa a los congresos estatales.
El Senado de la República aprobó el 29 de septiembre de 2026 la reforma constitucional que exige nacionalidad única a quien aspire a la Presidencia, a una gubernatura o a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. La votación —86 a favor, 42 en contra— quedó en el mínimo exacto de dos tercios en un Senado de 128 integrantes: la mayoría calificada se alcanzó sin un voto de sobra.
Los sufragios vinieron de Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo. La disciplina no fue total: Luis Armando Melgar, del Verde, votó con la oposición, mientras que Enrique Insunza, recién separado de la bancada morenista, respaldó el dictamen. PAN, PRI y Movimiento Ciudadano votaron en contra con el argumento de que el requisito lastima a los mexicanos en el extranjero y es innecesario.
La reforma toca los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución y ordena renunciar a otra nacionalidad antes de solicitar el registro como candidato, no después de ganar. Ahí estuvo la fricción: Manlio Fabio Beltrones propuso trasladar la renuncia hasta la toma de protesta y el oficialismo rechazó la reserva sin admitir cambios. En la Cámara de Diputados el debate duró más de 12 horas; en el Senado se desahogó sin mayor discusión.
Un transitorio acota el golpe: la salvaguarda rige a partir de 2028 y no toca a quienes busquen una gubernatura en 2027. El requisito se añade a la campaña de soberanía nacional que el Gobierno abanderó desde abril, cuando se reveló la incursión de dos agentes de la CIA en Chihuahua, y que se endureció en mayo con la solicitud de extradición del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha. Hace tres meses, otra reforma legal hizo de la injerencia extranjera en campañas causa de nulidad de un triunfo electoral.
La lectura política
El movimiento no resuelve ninguna candidatura: para 2028 no hay procesos internos ni registros, y la reforma no crea ni bloquea una precandidatura formal. Lo que hace es redefinir de antemano el universo de elegibles. En la práctica, obliga a cualquier aspirante con segunda nacionalidad a una decisión pública y documentada antes del registro —esto es, durante el posicionamiento, no cuando la candidatura ya está formalizada— y traslada a la autoridad electoral el punto donde se verifica.
La reserva rechazada no era un tecnicismo. Mover la renuncia a la toma de protesta habría permitido competir y votar con doble nacionalidad, dejando la sanción para después de la elección. Mantenerla en el registro concentra el filtro antes de las urnas: quien controla el calendario del requisito controla el momento en que un rival queda fuera, o debe desprenderse de un atributo que el discurso oficial volvió sospechoso.
El transitorio revela la calibración: eximir 2027 evita litigios y pleitos internos en el ciclo que ya corre, donde el oficialismo disputa gubernaturas, y reserva la regla para el año de la sucesión presidencial. La soberanía opera así como eje de movilización incluso sin elección federal inmediata.
Dos costos quedan a la vista. Uno de legitimidad: una regla de elegibilidad constitucional aprobada con cero votos opositores y en el umbral exacto de la mayoría. Otro de verificación: la evidencia disponible no precisa qué documento acreditará la renuncia ni con qué plazos, lo que deja abierto un flanco de litigio ante el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Tampoco aparece en el debate un aspirante concreto con doble nacionalidad; sin nombre a la vista, la función es fijar terreno y narrativa más que eliminar a un rival específico.
Qué sigue
El texto pasa a los congresos estatales: requiere al menos 16 legislaturas para alcanzar rango constitucional, y el oficialismo cuenta con mayorías en la mayoría de ellas. Vendrán después el cómputo, la declaratoria de constitucionalidad y la publicación en el Diario Oficial. Para 2027 nada cambia en la elegibilidad de quienes contiendan por gubernaturas. Queda abierto cómo traducirá el INE el requisito en formatos de registro y cómo se acreditará la renuncia de quienes viven fuera del país.
Actualización
El Senado aprobó la misma reforma de nacionalidad única, pero la historia previa especificaba que la norma aplicaría desde 2028, mientras que el hecho nuevo afirma que redefine el mapa de aspirantes para los cargos ejecutivos sin mencionar esa exención temporal, lo que sugiere una corrección o avance en la aplicación i Leer el nuevo desarrollo.