Senado aprueba nacionalidad única para candidaturas; el PRI y el PAN se resisten

Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Primera del Senado aprobaron un dictamen que reforma los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución para exigir que quienes aspiren a la Presidencia, una gobernatura o la Jefeatura de Gobierno de la Ciudad de México renuncien a otra nacionalidad antes de solicitar su registro como candidatos. La aprobación se traduce en un cambio estructural del perfil de elegibilidad que no solo formaliza un requisito que ya operaba en la práctica, sino que establece un umbral jurídico más estricto para el ejercicio del poder ejecutivo en un ciclo electoral que se acerca.

El dictamen fue avalado con 12 votos a favor y seis en contra en la Comisión de Puntos Constitucionales, presidida por Óscar Cantón Zetina, y con 11 a favor y tres en contra en la de Estudios Legislativos Primera, a cargo de Manuel Huerta Ladrón de Guevara. La minuta establece que, además de ser mexicano por nacimiento, el aspirante no podrá tener ni adquirir otra nacionalidad, y en caso de poseerla, deberá acreditar su renuncia conforme a las leyes del país de origen antes de presentar su registro. Asimismo, se prohíbe a quien ejerza el cargo adquirir o solicitar otra nacionalidad, usar pasaporte extranjero o acogerse a protección diplomática. El senador Saúl Monreal (Morena) defendió la iniciativa como una medida urgente para defender la soberanía ante posturas de gobiernos extranjeros, mientras que el PAN, el PRI y Movimiento Ciudadano advirtieron sobre restricciones a derechos de migrantes o redundancia legal. El PVEM, por su parte, enmarcó el cambio como una defensa contra intereses foráneos.

La lectura política

La reforma no registra a nadie como candidato formal, pero sí delimita el perímetro de la aspiración política. Al exigir la renuncia previa al registro, se transforma un posicionamiento de lealtad institucional en un filtro jurídico que opera como precandidatura de facto: quien no cumpla el requisito queda excluido del proceso antes de que las autoridades electorales emitan la constancia de mayoría o el registro formal. Esto no constituye una prohibición general de la doble nacionalidad, sino un requisito de elegibilidad específico para tres cargos, lo que reduce el riesgo de que se declare inconstitucional por afectar derechos políticos de manera desproporcionada. La división en las comisiones revela un cálculo interno: Morena y el PVEM priorizan la coherencia discursiva y el blindaje ante presiones diplomáticas, mientras que el PAN y el PRI anticipan un costo político con sus bases migratorias y buscan preservar márgenes de negociación con sectores transnacionales. La señal es clara: en 2027, la lealtad institucional se medirá también por la renuncia formal a vínculos jurídicos extranjeros, lo que podría complicar la articulación de candidaturas con perfiles de expatriados o con trayectorias en el extranjero.

Qué sigue

El dictamen debe someterse a votación en el Pleno del Senado, donde se requiere mayoría simple para su aprobación. Una vez aprobado, el texto se remite a la Cámara de Diputados para su revisión y votación en comisiones y plenarias. Si ambas cámaras lo aprueban, la reforma se envía a los congresos estatales para su ratificación por mayoría de las legislaturas locales, conforme al artículo 134 constitucional. El proceso completo puede extenderse varios meses, por lo que es viable que el requisito entre en vigor antes de los registros de candidaturas para las elecciones federales y locales de 2027, siempre que los plazos legislativos y de ratificación se cumplan sin interrupciones.