Senado avala nacionalidad única para candidatos: filtro rumbo a 2027

Las comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Primera del Senado aprobaron sin cambios la reforma constitucional que obliga a quienes aspiren a la Presidencia de la República o a una gubernatura a renunciar de manera formal a cualquier nacionalidad distinta a la mexicana antes de registrar su candidatura. La votación fue de 23 a favor —Morena, PVEM y PT— y 9 en contra —PAN, PRI y Movimiento Ciudadano—, en menos de 24 horas desde que la minuta llegó de la Cámara de Diputados, que la había avalado la noche anterior también sin modificaciones.

El texto prohíbe además que quienes estén en el cargo soliciten otra nacionalidad o usen pasaportes extranjeros durante su encargo. La iniciativa la presentó en agosto la presidenta Claudia Sheinbaum, en el marco de la narrativa oficial de defensa de la soberanía frente a las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump sobre posibles intervenciones. Su argumento central: garantizar lealtad absoluta a las instituciones y al Estado mexicano.

El pleno del Senado la votará el martes 29 de septiembre. Por tratarse de una reforma constitucional requiere dos terceras partes de los senadores presentes, umbral que la coalición encabezada por Morena alcanza si vota en bloque con PT y PVEM. Marko Cortés, del PAN, anticipó que presentará una reserva.

Un debate de 24 horas en una Cámara con un año de rezago

Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, apuntó que la minuta se discutió en la Cámara revisora sin tener carácter de urgente, mientras otras propuestas acumulan atrasos de hasta un año: "Nuevamente nos estamos comportando como una oficialía de partes para la presidencia de la República".

Manuel Huerta Ladrón de Guevara, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, sostuvo que la reforma no prohíbe la doble nacionalidad en general, sino que se enfoca en quienes buscan esos cargos: "tener otra nacionalidad no significa ser desleal a México". El petista Alejandro González la planteó en términos binarios —"soberanía o traición a la patria"— y citó el caso de Colombia y las tres nacionalidades que atribuyó a su presidente. La referencia no se acompañó de documento alguno en el debate y el nombre usado no coincide con el del mandatario colombiano en funciones; ninguna bancada lo aclaró en tribuna.

Claudia Anaya, del PRI, advirtió que la reforma contraviene tratados y convenciones ratificados por México y castiga a entidades de alta intensidad migratoria como Zacatecas, Michoacán y Puebla, donde viven millones de mexicanos que envían cerca de 60 mil millones de dólares anuales en remesas. El verde Luis Alfonso Silva acusó la existencia de "personeros de intereses extranjeros" infiltrados en el Congreso. Colosio replicó que "la respuesta tiene que ver más con la narrativa que con la necesidad jurídica".

La lectura política

El rendimiento de esta reforma no está en su operación —el texto aprobado no define cómo se acreditará la renuncia ni qué autoridad la verificará— sino en la señal que envía. Fija el terreno de 2027: quien discuta la iniciativa en términos técnicos, de derechos o de tratados queda colocado en el lado del "vendepatrias", como lo formuló el PT en tribuna. Funciona como una prueba de lealtad legislativa con costo asimétrico. El oficialismo no pierde cuadros conocidos: la evidencia disponible no identifica a un solo aspirante afectado. La oposición, en cambio, carga con la defensa de un derecho que en el discurso oficial suena a sospecha.

Para 2027, el efecto práctico es un filtro de biografía: vuelve inviable la ruta electoral de perfiles con doble nacionalidad o trayectoria migratoria, precisamente en entidades donde esos perfiles son numerosos. Conviene precisar el alcance: no es una candidatura ni una precandidatura, y tampoco regula aspiraciones, encuestas, coaliciones o precampañas. Opera sobre el registro, el acto formal. Y no hay evidencia de que busque inhabilitar a una persona concreta; para sostener esa lectura faltaría identificar quién quedaría fuera y con qué documento se acreditaría la renuncia, un mecanismo que la reforma deja abierto y que probablemente se resolverá en la legislación secundaria.

Qué sigue

Votación en el pleno del Senado el 29 de septiembre. Si prospera una reserva, el texto regresa a la Cámara de Diputados. Aprobado sin cambios, el proceso no termina ahí: una reforma constitucional exige además el aval de la mayoría de los congresos locales.