Senado avala prohibir la doble nacionalidad a candidatos; aplicará en 2028

Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos Primera del Senado aprobaron este miércoles la reforma que prohíbe a personas con doble nacionalidad ocupar la Presidencia, las 31 gubernaturas y la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. No es un ajuste simbólico: es un filtro de elegibilidad que opera antes de la boleta, porque el aspirante deberá acreditar ante la autoridad electoral, previo al registro de su candidatura, que renunció a su otra nacionalidad. La mayoría oficialista —23 votos de Morena, PT y PVEM contra 9 de PRI, PAN y Movimiento Ciudadano— despachó la minuta en una hora con 41 minutos, horas después de recibirla de la Cámara de Diputados.

El recorrido fue corto y sin escalas. El martes, Diputados la había aprobado con 334 votos a favor, 109 en contra y una abstención. El texto reforma los artículos 86, 116 y 122 de la Constitución, aunque la información difundida menciona también el 82, donde están los requisitos para ser Presidente; la redacción final es un dato que el pleno deberá despejar.

El requisito que no toca a quien ya gobierna

La propia reforma acota su alcance: entrará en vigor en el proceso electoral de 2028 y no afectará a quienes ya ejercen los cargos. Nadie que hoy gobierne queda obligado a renunciar a otra nacionalidad ni al puesto; solo se le prohíbe adquirir o solicitar una distinta y invocar ante autoridad extranjera una nacionalidad diferente de la mexicana.

Queda una ambigüedad que lo difundido no resuelve: si la vigencia se ancla expresamente a 2028, las gubernaturas que se renuevan en el proceso concurrente de 2027 quedan en zona gris. Ese detalle define a quién le pega primero.

La lectura política

El primer mensaje no fue el contenido sino el reloj. Luis Donaldo Colosio Riojas, de Movimiento Ciudadano, cuestionó que a una iniciativa que no es preferente se le diera ese trato: “Se está legislando de facto con una urgencia que no existe; y nuevamente nos estamos comportando como una oficialía de partes para la presidencia de la República”. Es una acusación política, y describe una manera de gobernar la agenda: la coalición oficialista controla los tiempos de ambas cámaras y los usa como disciplina de bloque.

Lo segundo es el mapa de oposición. Movimiento Ciudadano no pertenece al bloque en el poder y aun así votó con PRI y PAN: en un asunto de derechos y símbolos, la oposición se agrupó completa. Eso adelanta cómo podría ordenarse el voto opositor rumbo a 2027 en los temas donde el oficialismo reclame la bandera de la soberanía.

Tercero, el encuadre de cada lado. La presidenta Claudia Sheinbaum propuso la reforma y su bancada la procesa como defensa de la soberanía; el PAN la combate en nombre de los migrantes, con Marko Cortés apelando a Michoacán y sus 3.9 millones de paisanos en Estados Unidos, y el morenista Saúl Monreal llamó “hipócritas” a los opositores que se presentaron como defensores de los migrantes. Zacatecas y Michoacán, mencionados en el debate, son el terreno donde ese marco se prueba. Ningún argumento es gratuito: la nacionalidad única puede leerse como condición de lealtad institucional y también como restricción a derechos político-electorales de una población migrante.

Lo que la reforma no hace es señalar a alguien. En la evidencia disponible no hay un perfil público que quede excluido, y sin ese dato la lectura más sólida es estructural: se fija por adelantado un requisito de lealtad formal para el siguiente relevo, sin tocar a los actuales ocupantes. Su primer efecto verificable apunta a 2028 —Presidencia y jefatura de Gobierno de la Ciudad de México—, no a 2027.

Qué sigue

El dictamen se presentará la próxima semana al pleno del Senado. Si se aprueba sin cambios, deberá sumar el aval de la mayoría de las legislaturas locales; si se modifica, tendrá que regresar a Diputados.

Falta la letra chica: la reforma remite a “los términos que establezca la ley” para acreditar la renuncia a otra nacionalidad, así que el documento exigible, el plazo y la autoridad que lo valida aún no existen. También está por verse si el transitorio alcanza las gubernaturas de 2027.